La Procuraduría General del Estado, a través de la Procuraduría Pública del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), logró un resultado favorable para el Estado en un proceso arbitral iniciado contra el Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU), al evitar que se devuelva S/ 961,400 al contratista que entabló la demanda.

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