Lo que debía ser un procedimiento transparente para abastecer de calzado institucional al personal docente y administrativo de la Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP) se encuentra sumido en serios cuestionamientos. La Licitación Pública N° 02-2026-UNCP-1, valorizada en S/1.324.312,00, otorgó la buena pro al postor Obed Josué Quiñones Celestino (OQ Multiservicios).
Sin embargo, una revisión detallada del expediente comercial que presentó para ganar la licitación deja al descubierto graves inconsistencias que hoy están bajo la lupa de la Contraloría General de la República y del Tribunal de Contrataciones del Estado (OECE).
Experiencias con empresas inactivas y poderes revocados
Para adjudicarse el concurso, el postor ganador debía acreditar obligatoriamente un acumulado de S/930.000,00 en ventas previas de bienes similares. Con ese fin, adjuntó diversos contratos y comprobantes emitidos con privados. Entre la documentación destaca un contrato suscrito el 21 de enero de 2019 con la empresa Inversiones Francy E.I.R.L. por S/195.424,00, donde figura como "Director Gerente" el ciudadano Florin Franciy Chávez Ramón.
No obstante, al contrastar la información con los registros de la SUNARP (Partida Registral N° 12597360), se observa que el señor Chávez fue removido de la gerencia en diciembre de 2013, asumiendo la dirección una tercera persona. Es decir, figuró suscribiendo el contrato comercial más de cinco años después de haber perdido facultades legales.
A ello se suma que, según el portal oficial de la SUNAT, dicha compañía fue dada de Baja de Oficio Definitiva el 30 de noviembre de 2016 en condición de "No Habido", lo que genera dudas sobre la validez fiscal de las operaciones acreditadas en 2019.
Una situación similar se presenta en la experiencia acreditada con J&M Calzature Confort S.A.C. por S/152.928,00, con constancia de conformidad emitida en abril de 2019. La base de datos del fisco certifica que la empresa figura dada de baja de oficio desde el 31 de mayo de 2016. Asimismo, en el folio 123 del expediente obra un contrato por S/189.120,00 atribuido a RV Servicios Generales y Construcciones S.A.C., donde en el encabezado se nombra como vendedor a Obed Quiñones Celestino, pero la firma y sello del documento pertenecen a la representante de una tercera firma: Manarola Inversiones y Representaciones S.A.C., que hoy también figura dada de baja por la SUNAT.
Contraloría interviene: empresarios denuncian falsificación de firmas y transacciones inexistentes
El caso dio un giro decisivo tras la intervención del Órgano de Control Institucional (OCI) de la universidad. A través del Oficio N° 000614-2026-CG/OC0199, la Contraloría General de la República remitió de emergencia al Tribunal de Contrataciones Públicas las declaraciones escritas de los gerentes de las empresas incluidas por el postor en su propuesta técnica. Las respuestas enviadas al ente fiscalizador rechazan la autenticidad de los documentos presentados por OQ Multiservicios.
El gerente general de RV Servicios Generales y Construcciones S.A.C., Marino Jesús Robles Veloz, manifestó por escrito que jamás suscribió el contrato de compraventa del 22 de febrero de 2020 por S/189.120,00, afirmando que personas inescrupulosas habrían utilizado los datos y sellos de su representada.
Robles Veloz sostuvo que la factura y el comprobante de depósito adjuntados en el expediente resultan presuntamente falsificados, por lo que anunció el inicio de acciones legales ante el Ministerio Público por el delito de falsedad genérica.
De igual manera, el Titular Gerente de Inversiones Andrea E.I.R.L., Teófilo César Augusto Laserna Ly, negó categóricamente haber firmado un contrato de compraventa por 680 pares de calzado valorizado en S/149.600,00 o emitido una constancia de conformidad en 2021.
Para respaldar su versión, el empresario adjuntó al OCI sus reportes del PDT Formulario 0621 presentados ante la SUNAT y los estados de cuenta bancarios del BCP y BBVA de los meses de marzo y abril de ese año, en los cuales se constata que no existió ningún desembolso ni movimiento contable hacia las cuentas del postor adjudicatario.
Rigor desigual en la evaluación técnica
En contraste con la admisión de estos documentos, el Comité de Selección de la UNCP —integrado por Isabel Basurto Romero, Gladys Tapia Gamarra y Gabriela Arias Bazán— aplicó un criterio riguroso para descalificar al Consorcio Rey, el otro competidor del proceso que presentó una oferta económica menor.
Al Consorcio Rey se le dejó fuera de carrera argumentando que sus catálogos no precisaban expresamente la variedad de tallas para un par de marcas, a pesar de que dicha información sí figuraba detallada en las Fichas Técnicas adjuntas.
Sin embargo, con el postor ganador el comité dio por válida una propuesta de calzado con forro de material "textil", obviando la especificación técnica de las bases que disponía el uso exclusivo de cuero natural y badana.
Versión de los funcionarios
Frente al recurso de apelación en trámite (Exp. 07155-2026-TCE), la Jefa de la Unidad de Abastecimiento de la UNCP, Mg. Elizabeth Mandamiento Feliciano, y el jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, Abg. José Manuel Gutiérrez Egoavil, emitieron informes en los que defendieron la actuación del comité basándose en el principio de "presunción de veracidad".
Este diario intentó comunicarse con Gladys Tapia y Elizabeth Mandamiento para recoger sus descargos sobre por qué no se verificaron las bajas en SUNAT o la vigencia de poderes en SUNARP antes de otorgar el presupuesto público, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta.
El expediente completo se encuentra en la Sala correspondiente del Tribunal de Contrataciones del Estado (OECE), instancia que deberá determinar si declara la nulidad del proceso, mientras los antecedentes de las pericias bancarias y las negativas de firma abren paso a eventuales investigaciones en el fuero penal.
