Los gobiernos regionales y locales no tienen a su cargo la investigación penal de la extorsión, pero sí disponen de herramientas para prevenir este delito y articular respuestas desde sus territorios. Para Gisella Aragón, docente e investigadora de la Universidad del Pacífico (UP), una de las principales posibilidades de actuación se encuentra precisamente en la capacidad de convocatoria y coordinación de las autoridades subnacionales.
El serenazgo y los comités regionales, provinciales y distritales de seguridad ciudadana son algunos de los mecanismos existentes. A ellos se suma la posibilidad de coordinar acciones con la Policía Nacional del Perú (PNP) y la Fiscalía, trabajar con las comunidades y establecer mecanismos que permitan a las víctimas denunciar y recibir acompañamiento.
En entrevista con El Comercio, Aragón explica cuáles son las competencias que pueden aprovechar los gobiernos regionales y locales frente a la extorsión, qué limitaciones enfrentan y qué deberían priorizar las nuevas autoridades para conseguir resultados sostenibles.
El diálogo forma parte de Agenda 2026 Regional, iniciativa presentada este martes por la Universidad del Pacífico en alianza con El Comercio durante la primera presentación que reúne 11 propuestas de política pública dirigidas a las nuevas autoridades regionales y municipales.
- ¿Qué pueden hacer los gobiernos regionales y locales, desde sus competencias, para enfrentar el avance de la extorsión en sus territorios?
El rol de los gobiernos subnacionales es clave para combatir la extorsión. Recordemos que la extorsión está expandida en todo nuestro territorio y, de hecho, lo importante de sus encargos o de sus competencias es que pueden articular, pueden organizar operaciones preventivas y también coordinar con las entidades del Estado, Policía Nacional del Perú, Fiscalía, para poder tener una mayor incidencia que se refleje en protección para el ciudadano, que se refleje, en general, en mecanismos donde se reponga la legalidad. Finalmente, podamos tener esa tranquilidad, desarrollarnos y [generar] bienestar para la sociedad.
- ¿Cuáles son las principales limitaciones de las autoridades subnacionales para prevenir y responder a este delito?
Bueno, de hecho, eso va muy acompañado con lo anterior que me preguntaba. ¿Qué puede hacer? Podemos hacer todo el tema del servicio de seguridad ciudadana. Tras el serenazgo tenemos los comités regionales, distritales y provinciales de seguridad ciudadana para poder activarlos y actuar, pero, efectivamente, necesitamos capacidades y esa es una de las brechas más importantes que tenemos que saldar: esa presencia del Estado fuera de nuestras ciudades más importantes, tenerlos en nuestros gobiernos regionales y locales, sentir que nos acompaña en ese proceso de combate a la extorsión.
Por lo tanto, no solamente es una labor del Estado como institución, sino también es una labor compartida con sociedad civil, con sector privado y todos los que podemos participar para poder tener un mejor ambiente de desarrollo.
- ¿Cómo se puede mejorar la coordinación entre los gobiernos locales, la Policía Nacional y otras instituciones responsables de la seguridad ciudadana?
Ahí es importante ver que tenemos espacios o canales para poder conversar, para poder coordinar sobre la base de la información que se tiene desde los gobiernos subnacionales y regionales, llevarlos a estos comités donde las autoridades subnacionales son las que los presiden, los lideran.
En ese sentido, esos espacios son valiosos para poder saber cómo priorizar acciones, qué operativos se van a realizar y cómo puede el gobierno subnacional acompañar desde sus competencias también a esa acción de la Policía y de la Fiscalía, donde finalmente el trabajo conjunto hace que el beneficio sea mayor.
- ¿Qué medidas de prevención podrían implementarse en los territorios más afectados para reducir el riesgo de extorsión?
Nos inspiramos un poco de las lecciones aprendidas de esta revisión internacional que hemos hecho y es que el trabajo con la comunidad es importante. Entonces, compenetrarlos con estos pactos para poder tener comercio seguro, para poder tener actividades económicas que se hacen dentro de las licencias y dentro del orden esperado, y la comunicación.
Estos espacios donde yo, como ciudadana, puedo, si es que soy víctima, también tener la tranquilidad de denunciar e informar, porque esa información es valiosa para las autoridades que pueden tomar acción y también a mí me ayuda como ciudadana a tener una atención adecuada, a poder seguir desarrollándome, teniendo un resguardo y todo un acompañamiento por parte de los gobiernos regionales y locales.
- ¿Qué acciones concretas pueden impulsar las autoridades locales para proteger a los pequeños negocios y otros sectores vulnerables frente a este delito?
Resulta importante toda esta red de tener esta credencial de que el comercio es seguro y de que hay operativos y rondas donde chequean los gobiernos [subnacionales] a los negocios, a ver que hay estas campañas de seguimiento, donde finalmente a todos los actores nos preocupa que estemos en lo mismo.
En ese sentido, hay una suerte de reflejo de que hay que promover las buenas prácticas y, finalmente, con esa expectativa de que se minimice la posibilidad, se rechace la incidencia de temas como la extorsión y otro tipo de manifestaciones criminales.
- ¿Qué deberían priorizar las próximas autoridades regionales y municipales para obtener resultados concretos y sostenibles frente a la extorsión?
Lo que deben priorizar es activar definitivamente todo lo que tenga que ver con este rol articulador que tienen, porque ese es su gran poder, su gran poder de convocatoria, de trabajar prevención, de involucrar a la comunidad. En ese sentido, hay que trabajarlo.
Idealmente quisiéramos que todo el territorio de los gobiernos [subnacionales] sea beneficiado, pero hay que priorizar, porque nuestros recursos son escasos, nuestras capacidades también lo son.
En ese sentido, operando en pilotos que a mediano plazo nos estén dando señas de qué va funcionando, hacia largo plazo podemos ya institucionalizar acciones y finalmente también ver en qué casos hay que hacer reformas y hacer cambios para que puedan realmente reflejar los resultados esperados.
En la edición impresa de El Comercio publicada el viernes 16 de octubre, la entrevista a Gisella Aragón, docente e investigadora de la Universidad del Pacífico, fue acompañada con una fotografía que no correspondía a la entrevistada. La versión web de esta entrevista incluye las fotografías correctas de Gisella Aragón.
