El camino del Ejecutivo para obtener facultades legislativas —un mecanismo constitucional mediante el cual el Congreso cede temporalmente al Gobierno el poder de emitir leyes sobre temas específicos— se ha convertido en largo vaivén político. Tras casi tres meses de idas y vueltas en el restaurado sistema bicameral, el proyecto ha quedado reducido y estancado hasta que se logre un concenso entre las bancadas.El punto de partida se dio el 28 de julio de 2026. Durante su primer Mensaje a la Nación, la presidenta Keiko Fujimori anunció que su administración recurriría a mecanismos extraordinarios para ejecutar la reforma del Estado, combatir la inseguridad ciudadana y mitigar los inminentes efectos del Fenómeno El Niño. Al día siguiente, el nuevo Gabinete Ministerial inició la preparación técnica de los bloques temáticos.Un mes después, el 28 de agosto, el Poder Ejecutivo remitió formalmente al Palacio Legislativo el Proyecto de Ley N.° 00098-2026-2031-CD. Las pretensiones del Gobierno eran amplias y solicitaban legislar por un plazo de 120 días calendario sobre un total de 66 materias complejas, las cuales abarcaban desde bloques económicos y laborales hasta temas penales y de orden interno. El paso por la Cámara de DiputadosAl ingresar al Congreso, el proyecto debió pasar primero por la Cámara de Diputados, encargada de debatir y aprobar inicialmente las leyes. En septiembre, diversas comisiones ordinarias emitieron opiniones negativas al considerar inviables varias de las propuestas laborales y tributarias del Ejecutivo. El resultado fue un recorte drástico por parte de la Comisión de Constitución de esta cámara, que redujo el pedido de 66 materias a solo 20.Entre el 6 y 7 de octubre, el tema llegó al Pleno de la Cámara de Diputados. Tras una sesión maratónica de más de 12 horas, y luego de un rechazo en primera instancia, las bancadas lograron un consenso con 66 votos a favor, 34 en contra y 24 abstenciones.Sin embargo, la Cámara Baja impuso límites estrictos al proyecto. Por un lado, se redujo el plazo de 120 a solo 90 días. Por el otro, el permiso quedó restringido estrictamente a seguridad ciudadana y prevención del Fenómeno El Niño, bloqueando por completo cualquier intento de flexibilización laboral o reforma administrativa. Tras esta aprobación, el proyecto fue derivado al Senado. Íber Maraví y César Astudillo protagonizaron altercado durante la sesión de la Comisión de ConstituciónEn el Senado, el debate sobre el pedido de facultades estuvo marcado por acalorados enfrentamientos políticos. Durante una de las sesiones de la Comisión de Constitución, el senador Íber Maraví y el actual ministro del Interior, César Astudillo, protagonizaron un fuerte intercambio de palabras.El incidente se produjo luego de que la senadora Ruth Luque formulara críticas sobre el desempeño del titular del Interior, dejando entrever que el ministro tenía "miedo" de afrontar los problemas del sector, lo que provocó la reacción de Astudillo al sentirse aludido.Ante la insistencia del ministro por tomar la palabra y defenderse, el senador Maraví le exigió que se "calle la boca" y le increpó: "¿Quién eres tú?", a lo que Astudillo replicó de inmediato: "¿Por qué me callas?". Este cruce de palabras hizo imposible mantener el orden y obligó a la mesa directiva a suspender la sesión por cinco minutos.La tensión aumentó con la intervención del senador Calisto Giampietri, quien, según denunció Maraví, se le acercó en actitud amenazante invitándolo a resolver el problema a los golpes "afuera" del recinto parlamentario.Posteriormente, los ánimos lograron apaciguarse una vez reanudada la mesa de trabajo, y tanto el senador Maraví como el ministro Astudillo bajaron las revoluciones y terminaron dándose la mano, con lo que se dio por superado el episodio. Estancamiento en el SenadoEntre el 13 y 14 de octubre, en la Comisión de Constitución de la Cámara de Senadores, presidida por Carlos Mesía, el oficialismo presentó un predictamen que encendió las alarmas de la oposición al intentar revivir siete puntos que la Cámara de Diputados ya había descartado previamente.Lo que generó mayor rechazo fue el intento de otorgar facultades operativas a la Dirección de Inteligencia Nacional (DINI) y modificar las atribuciones de las Fuerzas Armadas. Para la oposición, esto significaba desnaturalizar el consenso alcanzado en la Cámara Baja y un peligro para la institucionalidad, lo que obligó a suspender el debate hasta en tres oportunidades.Posteriormente, el 15 de octubre la sesión inició con la senadora opositora Patricia Iturregui exigiendo mediante una cuestión de orden que se aclararan formalmente los límites del Senado para modificar el texto antes de discutir el fondo del predictamen. Al someterse a votación, la secretaría técnica registró siete votos a favor de la oposición y seis en contra del oficialismo.Cabe precisar aquí que el magistrado del Tribunal Constitucional, Gustavo Gutiérrez Ticse, mencionó que el TC "no está habilitado para intervenir en un eventual conflicto entre las cámaras", debido a que "forman parte de un mismo órgano, el Poder Legislativo".A pesar de que los votos de la oposición lograron la mayoría, el presidente de la comisión no habría reconocido a priori el resultado final y sumó a favor del oficialismo una serie de votos emitidos de manera remota bajo el amparo de una interpretación unilateral del reglamento del Congreso. Al considerar esta maniobra como un atropello, los senadores opositores decidieron retirarse en bloque de la sala a modo de protesta.Tras su salida, Fuerza Popular y Renovación Popular intentaron continuar, pero no contaban con el número mínimo de parlamentarios para que la sesión tenga validez. La falta de quorum motivó que el debate fuera postergado hasta nuevo aviso, dejando en suspenso indefinido el proyecto del Ejecutivo.
