El gobierno de Costa Rica inauguró esta semana el Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (Cacco), establecimiento inspirado en las mediáticas prisiones que Nayib Bukele ha puesto en funcionamiento en El Salvador.
Laura Fernández, presidenta del país centroamericano, declaró durante el evento de presentación que la construcción “marca un antes y un después en la seguridad penitenciaria y nacional” y que su gestión va a actuar “con mano dura” contra la delincuencia.
“A partir de este día nuestro país será referente mundial en seguridad penitenciaria. Hoy más que nunca vamos a defender nuestra patria con todas nuestras fuerzas, hoy esto es una realidad para el pueblo de Costa Rica”, declaró la mandataria, quien está en el cargo desde mayo.
El proyecto fue iniciativa del expresidente Rodrigo Chaves, mentor de Fernández y su actual ministro de Presidencia y de Hacienda.
El anterior mandatario costarricense realizó viajes a El Salvador durante los dos últimos años, en los que no solo se reunió con el jefe de Estado local, sino que también tuvo la oportunidad de visitar el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megacárcel emblemática de Bukele.
Según el diario salvadoreño “El Mundo”, Bukele advirtió a Chaves -en la visita que este le hizo en diciembre del 2025- que Costa Rica mostraba “síntomas” similares a los que tuvo su propio país con la criminalidad.
Aquellos encuentros se saldaron con acuerdos de cooperación técnica para la creación de una megaprisión análoga al Cecot salvadoreño y para fines del 2025 el gobierno costarricense inició la planificación presupuestaria. La construcción empezó formalmente en enero de este año.
Detalles del coloso
La versión costarricense de las megacárceles salvadoreñas ha sido levantada en San Rafael, ciudad de la provincia de Alajuela ubicada a 25 km de la capital, San José.
Tal como pactaron Chaves y Bukele, el gobierno salvadoreño facilitó los planos y brindó asistencia para adaptar los parámetros del Cecot a los requerimientos costarricenses.
El Ministerio de Ministerio de Justicia y Paz sostiene que esta colaboración permitió un ahorro estimado de 25 millones de dólares en diseño y la información oficial apunta que el Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado tuvo un costo de 16.774 millones de colones, equivalente a cerca de 35 millones de dólares.
El enorme inmueble está situado en un terreno de 91.000 m2, con un área construida de 63.500 m2 capaz de albergar a 5.100 reos, que se repartirán en los cinco módulos en los que se divide la prisión.
Todos los presos deberán vestir obligatoriamente uniformes anaranjados y está prohibido usar ropa proveniente del exterior. Cada sector del Cacco tiene capacidad para un millar de detenidos. A su vez, cada uno de los módulos tiene celdas de 90 m2 que serán ocupadas por hasta 60 individuos, quienes dormirán en literas metálicas organizadas en tres niveles.
En la presentación de esta semana dos de los bloques fueron inaugurados y se espera que los tres restantes estén operativos para diciembre.
Las celdas estarán expuestas a una galería de monitoreo superior diseñada para que el personal penitenciario pueda seguir con detalle la actividad de los reclusos, complementando el aparato de seguridad con siete torres de control e inhibidores de señal telefónica.
Si bien los aposentos carcelarios tienen acceso directo al patio y se calcula que cada interno recibirá una hora de luz solar al día, los servicios higiénicos han sido colocados intencionalmente fuera de estos para limitar la capacidad de acción de los reos.
Desde el 15 de octubre la vigilancia del Cacco está a cargo de la Policía Penitenciaria de Costa Rica, dependiente del Ministerio de Justicia y Paz. El titular de dicha cartera, Gabriel Aguilar, explicó que los reclusos serán trasladados a las nuevas instalaciones a fines de este mes y que durante las dos semanas siguientes los agentes policiales tendrán un periodo de adaptación a sus labores.
El titular de Justicia asegura que la etapa de familiarización comenzará con casi 200 trabajadores, de los cuales 30 son trabajadores administrativos y 170 son policías. Según Aguilar, el personal policial ha recibido capacitación intensiva para labores en cárceles de máxima seguridad.
Adicionalmente, el ministro había comentado al medio local “Teletica” hace dos meses que el centro tendrá locutorios para las visitas convencionales de familiares y abogados donde las dos partes estarán separadas por un cristal, estando vetado cualquier contacto físico.
El ministro aseguró que para ese cometido se ha empleado materiales “de alto estándar y comprobados según las normas internacionales” de los centros de alta contención. Aguilar también confirmó en ese entonces que la cárcel dispondrá de cuatro salas para las visitas conyugales, tal como establece la normativa del país centroamericano, asegurando que los visitantes deberán acreditar su relación con los detenidos.
La gestión de Laura Fernández refiere que habrá distinciones entre la población carcelaria, pues quienes se encuentren en prisión preventiva se encontrarán separados del resto de reclusos.
Asimismo, el gobierno ‘tico’ menciona que los líderes criminales y otros elementos disruptores de otras prisiones, conocidos localmente como “hachudos”, serán trasladados a la flamante megacárcel para aislarlos. La premisa es suprimir cualquier indicio de privilegio o acoso a otros internos en el entorno carcelario.
“Se trata de los líderes negativos, esos liderazgos negativos que históricamente el sistema penitenciario permitió en dormitorios, en ámbitos y hasta en prisiones completas”, enfatizó Gabriel Aguilar este miércoles 14.
“¿Qué era lo que hacían estos hachudos? Extorsionar a los otros privados de libertad. Les cobraban por una colchoneta que les brinda el propio sistema penitenciario. Les extorsionaban con la comida que les daba el sistema penitenciario y también tenían que pagarles por esa comida. Eso no lo vamos a permitir aquí”, añadió el ministro.
Además de los citados “hachudos”, en el primer grupo de reclusos que llegará al Cacco se encuentran asesinos de policías y sentenciados que integran organizaciones criminales.
Bajo el modelo del gran centro carcelario, los miembros de distintas bandas delictivas serán mezclados en distintos bloques y celdas, dejando atrás la costumbre del sistema penitenciario de Costa Rica de separar a las distintas agrupaciones criminales para evitar conflictos. La idea es desbaratar el poder estructurado que había al interior de las prisiones, y para dicho fin la supervisión deberá ser mucho más rigurosa.
Inseguridad creciente
Costa Rica era vista hasta hace relativamente poco como la nación más pacífica de Centroamérica, pero a lo largo de los últimos 10 años experimentó una escalada de violencia bajo la que se ha justificado la creación de una megacárcel como las de El Salvador.
En el 2014 se registraron 471 homicidios en el país centroamericano, cifra que en el 2017 se elevó hasta 603, que por entonces se consideró una escalada inédita de violencia.
El pico se registró en el 2023 con 907 crímenes de esta naturaleza, que supusieron un salto del 38% con respecto al año previo. En los dos años siguientes los números descendieron ligeramente, pero no demasiado, ya que solo durante el año pasado ocurrieron 873 homicidios.
Los reportes del Observatorio de la Violencia del Ministerio de Justicia y Paz y del Organismo de Investigación Judicial apuntan al narcotráfico y los ajustes de cuentas como la principal causa de los homicidios dolosos, pues en el 2025 alrededor del 70% de estos casos fue situado en esta categoría. Esos números dan cuenta de un incremento de la actividad criminal, pues cinco años antes poco más del 50% eran clasificados dentro de ese móvil.
Hasta el 30 de setiembre de este año se habían contabilizado 623 muertes causadas por otras personas, lo que ha generado importantes cuestionamientos hacia el gobierno de Fernández, que se ha defendido argumentando que se trata de un registro menor al del 2025 en el mismo margen de tiempo.
El perfil de las víctimas contabilizadas en lo que va del 2026 es relativamente joven, con el 64% de estas situándose entre los 18 y 39 años, de las cuales el 90% son hombres. El Observatorio de la Violencia indica que casi el 80% de los asesinatos se cometen con armas de fuego, en muchos casos de alto calibre.
A lo largo de la última década también se ha registrado un incremento de los asaltos y otros delitos contra la propiedad, que suponen casi un cuarto de todas las denuncias que se presentan en Costa Rica.
Dudas y críticas
La gestión de Laura Fernández ha insistido en que el inicio de las operaciones del Cacco será un importante factor disuasorio contra la actividad criminal y que contribuirá de forma significativa a disminuir el hacinamiento en las prisiones.
El gobierno ha reconocido que los centros de reclusión de Costa Rica sobrepasan en 44% su capacidad real de albergar presos, pero medios como CR Hoy cuestionaron a inicios de año que la megacárcel sea una solución, pues podría albergar solo al 11% de los reos de Costa Rica.
Esta situación se vería agravada por el constante incremento de la población carcelaria a causa de la creciente actividad delictiva que no ha sido atajada todavía por las autoridades, considerándose que el Cacco es una medida que no ataca los problemas de fondo alrededor de la criminalidad.
Otros señalamientos han llegado desde la Defensoría de los Habitantes costarricense, que a fines de setiembre expresaba su “más profunda preocupación y enérgica condena” contra las acciones del ministro Gabriel Aguilar, quien fue grabado ejerciendo un trato humillante a los detenidos durante los traslados al Cacco.
“La función penitenciaria debe regirse bajo criterios estrictamente técnicos, científicos y de legalidad, orientados a la reinserción social y la garantía de la seguridad penitenciaria ajustada a los principios de derecho, nunca bajo lógicas de humillación o amedrentamiento”, señaló la Defensoría hace dos semanas.
El organismo defensor de la ciudadanía ha señalado que le preocupa que la movilización de detenidos hacia la megacárcel redunde en infracciones del proceso legal correspondiente y que las reubicaciones “no pueden depender de criterios arbitrarios”.
Esta preocupación se ha extendido a otras entidades no gubernamentales, que temen una situación de vulneración de los derechos humanos similar a la que se ha denunciado sobre los centros penitenciarios de El Salvador. Parte de los temores es que se implemente un modelo cercano al salvadoreño, con detenciones arbitrarias y ausencia de procesos judiciales justificados bajo un régimen de excepción permanente.
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