Los fideicomisos se han convertido en una herramienta cada vez más utilizada para financiar proyectos, administrar flujos y ofrecer garantías tanto en proyectos privados como en obras públicas.
Su principal objetivo es asegurar que los recursos destinados a una determinada finalidad sean utilizados de acuerdo con reglas previamente establecidas, reduciendo riesgos para inversionistas, financiadores y beneficiarios.
Los especialistas consultados coinciden en que su éxito depende de un principio básico: los recursos solo pueden utilizarse para la finalidad para la que fueron creados.
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UN PATRIMONIO CON REGLAS PROPIAS
Andrea Limón, asociada principal de Banca y Finanzas del Estudio Hernández & Cía, explicó que el fideicomiso crea un patrimonio autónomo e independiente administrado por un fiduciario, entidad supervisada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).
Su función es gestionar esos activos de manera diligente y conforme a las reglas establecidas en el contrato.
“Es una estructura muy atractiva porque aporta mucha flexibilidad en cuanto a las reglas que van a regir este patrimonio que se crea, que es un patrimonio autónomo, independiente, que busca ser destinado para un fin específico”, indicó a Gestión.
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Por ello, los fondos transferidos no son de libre disposición de la empresa que los aporta. Cualquier desembolso o inversión debe responder al objetivo para el que fue constituido.
En ese sentido, la especialista remarcó que la finalidad del fideicomiso es el principio que guía toda la administración de los recursos.
“Uno tiene siempre que respetar la finalidad del fideicomiso. Esto es un vehículo especial creado exclusivamente para cumplir un propósito y ese propósito tiene que cumplirse a toda costa”, sostuvo.
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SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO: DIFERENCIAS CLAVE
La diferencia más importante entre ambos ámbitos radica en la flexibilidad para administrar los recursos.
Según Geraldo Arosemena, managing director de TMF Group para Perú y Bolivia, los fideicomisos vinculados a obras públicas operan bajo mecanismos de control más estrictos.
Los recursos entregados por una entidad estatal deben destinarse exclusivamente a la ejecución del proyecto y cada liberación de dinero requiere la aprobación de un supervisor independiente.
En ese sentido, destacó que uno de los principales controles es la participación de terceros especializados. “Lo que se debe hacer es elegir buenos supervisores, buenos supervisores independientes”, indicó a Gestión.
Asimismo, advirtió que una de las prácticas más riesgosas consiste en autorizar desembolsos sin contar con la validación correspondiente.
“Un error es liberar el dinero del contratista sin un informe del supervisor aprobatorio. Él tiene que aprobar cada desembolso”, señaló.
Arosemena agregó que los adelantos deben responder al cronograma de ejecución de la obra y liberarse de forma progresiva. “No puedes darle el 80% del adelanto o el 60% de golpe”, afirmó, al advertir sobre los riesgos de comprometer anticipadamente una parte significativa de los recursos.
En contraste, los fideicomisos privados tienen un campo de aplicación más amplio. Además de proyectos inmobiliarios, pueden utilizarse para financiamiento corporativo, proyectos hoteleros o administración patrimonial.
“Y en el lado privado es más amplio, tú tienes el fideicomiso para desarrollar un proyecto inmobiliario, mediano o grande. Entonces entra el terreno como garantía a favor del banco que financia el proyecto y las ventas de los departamentos”, explicó.
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RENTABILIDAD: UNA DIFERENCIA CLAVE
Las diferencias también se trasladan al tratamiento de los saldos que permanecen en las cuentas fiduciarias. Al ser consultado sobre la posibilidad de generar rendimientos, Geraldo Arosemena marcó una distinción clara entre sector público y privado.
“En el público no se puede rentabilizar [...] está prohibido”, enfatizó. Según el especialista, la normativa que regula estos fideicomisos no autoriza destinar esos recursos a mecanismos de inversión.
En el sector privado, en cambio, sí existe espacio para obtener retornos sobre los recursos temporalmente inmovilizados.
“Generalmente la cuenta del fideicomiso, los saldos, se rentabilizan con una pequeña tasa de interés. No es muy usual, pero algo se da”, comentó.
Por su parte, Andrea Limón, asociada principal de Banca y Finanzas del Estudio Hernández & Cía, precisó que la posibilidad de invertir recursos dependerá de las condiciones pactadas en cada contrato.
“Sí, a medida que el contrato te lo permita. En realidad, al momento de estructurar o diseñar un contrato de fideicomiso es muy importante no solamente la perspectiva legal, sino también la intervención de alguien experto en el proyecto, que conozca las necesidades financieras y de liquidez del proyecto que está involucrado en este fideicomiso.” sostuvo.
MÁS QUE UNA HERRAMIENTA DE CONTROL
Aunque los fideicomisos suelen asociarse a mayores exigencias de supervisión y seguimiento, también pueden convertirse en una alternativa para acceder a financiamiento cuando el acreedor requiere mayores garantías sobre el uso de los recursos.
En ese sentido, Andrea Limón consideró que estas estructuras no deben ser percibidas como una limitación para las empresas, sino como un mecanismo que puede facilitar el desarrollo de proyectos bajo esquemas de mayor control y transparencia.
“No tiene que ser visto como una desventaja, sino por el contrario, como es simplemente, te amplía la gama de posibilidades”, afirmó.
