El Poder Ejecutivo promulgó un decreto legislativo que modifica la Ley Contra el Crimen Organizado (Ley N.º 30077) con el objetivo de crear el Registro Nacional de Organizaciones Criminales con Prácticas Terroristas (RENOCTE), un repositorio administrativo de carácter secreto destinado a identificar y neutralizar a bandas que emplean explosivos o armas de guerra para obtener beneficios económicos o patrimoniales.Amparada en las facultades delegadas por el Congreso en materia de seguridad ciudadana (Ley N.º 32743), la norma incorpora el artículo 317-C al Código Penal para tipificar las formas agravadas del delito de organización criminal con prácticas terroristas. Este nuevo tipo penal establece penas privativas de libertad de entre 15 y 35 años contra quienes "instrumentalicen el temor mediante atentados con explosivos o armas de uso civil o de guerra contra personas, viviendas, medios de transporte, servicios públicos, infraestructura esencial o cualquier actividad económica con el fin de obtener un lucro ilegítimo". Administración secreta y vías de inscripciónLa implementación y administración del RENOCTE estará a cargo de la Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional (Sedena). Según detalla el decreto, una agrupación delictiva ingresará a este registro por dos vías: mediante mandato fiscal o judicial —cuando se formalice investigación preparatoria, se dicten medidas de coerción personal o se emita sentencia condenatoria por el artículo 317-C, debiendo las autoridades remitir la información en un plazo máximo de tres días hábiles— o por declaratoria del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional (Cosedena) sustentada en informes de inteligencia y cooperación internacional.Para que el Cosedena declare e inscriba a una banda en el registro, deberá verificar el cumplimiento de tres criterios objetivos: contar con una estructura delictiva organizada y jerarquizada; planificar, ejecutar o promover atentados con explosivos o armas contra infraestructura, transporte o ciudadanos; y perseguir un beneficio patrimonial ilegítimo. Asimismo, el Consejo evaluará periódicamente la subsistencia de estas circunstancias para actualizar, modificar o cancelar la inscripción. Congelamiento de fondos y alertas migratoriasLa norma también modifica la ley de creación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF-Perú) para facultarla a disponer el congelamiento inmediato de los fondos o activos de las personas naturales o jurídicas comprendidas en el RENOCTE. De manera complementaria, la Sedena remitirá la relación de los inscritos a la Superintendencia Nacional de Migraciones para la generación automática de alertas migratorias preventivas.El decreto legislativo lleva las firmas del primer vicepresidente encargado del despacho presidencial, Luis Galarreta; del ministro de Defensa encargado de la Presidencia del Consejo de Ministros, Rafael Belaúnde; del ministro del Interior, César Astudillo; y del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez. El Ejecutivo contará con un plazo de 30 días hábiles para aprobar el reglamento correspondiente.