La Facultad de Derecho de San Marcos presentará mañana, 23 de noviembre, un libro del abogado Miguel Girao sobre la delación en los juicios anticorrupción, comentado por académicos españoles e italianos. Fue su tesis para optar al doctorado en las universidades de Bolonia y Jaume I. Lo paradójico es que el autor defiende el mecanismo pese a que no quiso ser delator cuando se le formularon graves imputaciones en el Caso Valkiria. El proceso produjo la destitución de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, de quien fue asesor. Girao estuvo seis meses preso. En el 2024, el Poder Judicial ordenó que, en libertad, continuara siendo investigado por diez delitos: organización criminal, lavado de activos, cohecho, tráfico de influencias, colusión y falsedad genérica, entre otros. La resolución precisó que no había gravedad en 12 de los 15 hechos bajo escrutinio. Luego las imputaciones no han hecho más que desmoronarse.
Esa es otra paradoja: ¿cómo es posible que quienes fueron denunciados por dirigir una mafia en el Ministerio Público, destituidos y encarcelados con gran estruendo mediático, aparezcan después rehabilitados sin mayor explicación de los acusadores? Un ejemplo muy llamativo es el de Patricia Benavides, hoy poderosa fiscal suprema. Al respecto circula una explicación: que las instituciones involucradas fueron tomadas por el “pacto mafioso” que cogobernó con Dina Boluarte. Pero esa explicación es uno de los clichés que cada vez pierden más espacio en la batalla por el control de la justicia.
Por estos días también se cae a pedazos el Caso Los Cuellos Blancos del Puerto. Una fiscal suprema ha retirado una de las mayores imputaciones contra el ‘Satanás’ de aquel escándalo, el exvocal supremo César Hinostroza. Los principales magistrados imputados ya recuperaron sus puestos –entre ellos el actual fiscal de la Nación, Tomás Gálvez–, y no parece lejano el día en que el propio Hinostroza regrese al Perú libre de polvo y paja. Al final, pagarán el ‘pato’ el expresidente de la Corte Superior del Callao, Walter Ríos, y su asesor, Gianfranco Paredes. Ambos estuvieron directamente implicados en los hechos que originaron la investigación, antes de que esta se extendiera hacia los magistrados supremos.
¿El colapso de Los Cuellos Blancos también es culpa del pacto mafioso? Falta una explicación más sustanciosa y menos boba. Fue un caso armado por operadores de dentro y fuera del Ministerio Público, con el apoyo del expresidente Martín Vizcarra, para impedir el ascenso de Hinostroza y su collera de amigos a la presidencia de la Corte Suprema. Aprovecharon que había audios de conversaciones que podían o no reflejar un delito y que revelaban relaciones de compadrería. Otro objetivo era mantener el control de la Fiscalía de la Nación. Lo condenable, por supuesto, no fue investigar a Hinostroza, sino utilizar a fiscales que no tenían competencia para hacerlo, con un propósito político de corto plazo y respaldados por el fuego amigo de la prensa. Así, a lo largo de seis años, mientras los defenestrados apelaban, la investigación se fue cayendo sola.
Si mañana Hinostroza saliera bien librado, sería solo por culpa de los fiscales que buscaron forzar imputaciones pomposas en vez de acreditar delitos. En el Caso Valkiria se repitió el defecto: un objetivo político de corto plazo superó al de la obtención de pruebas. La fiscal Marita Barreto construyó, con información de la Diviac, una intervención originada en el soplo de una operadora de Fuerza Popular que quería vengarse de Benavides por no destituir a los fiscales que criminalizaron a su partido. Estuvo en la jugada el entonces primer ministro Alberto Otárola porque Benavides iba a presentar una acusación constitucional contra él y la presidenta por las muertes en las protestas del sur. A menos de 24 horas de su detención, el asesor de Benavides, Jaime Villanueva, empezó a confesar un esquema de corrupción y tráfico de influencias. Fue un bombazo, pero luego no pudo demostrarlo.
No es que en ambos escándalos no hubiera delitos ni pillos. Es que su fracaso se explica por una estrategia cortoplacista, basada en delaciones con impacto público hechas por personas que no deseaban ir a la cárcel y que podían mentir para salvarse. La prioridad fue producir remociones políticas, no obtener pruebas idóneas para un juicio. Girao lo advirtió, y por eso prefirió soportar los 36 meses de prisión preventiva que le impusieron inicialmente, convencido de que lo dicho por Villanueva, su principal acusador, no resistiría una corroboración rigurosa. Villanueva había sido su padrino de matrimonio. Girao ha declarado ante una fiscalía que, luego de su detención, Villanueva lo llamó al teléfono de su abogado, quien le pasó el móvil. Estaba quebrado. Le pidió visitarlo en la Diviac porque “no soportaba lo que le estaban haciendo”.
En rigor, el extravío del Ministerio Público comenzó en el 2016, con Lava Jato, cuando se planteó destruir a ciertos partidos políticos. No consiguió proscribir a Keiko Fujimori ni castigar a los responsables, pese a su festival de colaboraciones eficaces. La politización daña a las instituciones y a la lucha anticorrupción, y el mejor ejemplo se vio en Brasil, donde el caso colapsó. A Lula podrá decírsele corrupto, pero lo investigaron ilegalmente. En el Perú no sabemos si, de ahora en adelante, los actores emergentes en la justicia fabricarán nuevos muñecos inflables, mas lo ocurrido en los diez últimos años debe servir de escarmiento. Será importante que la prensa ejerza un rol fiscalizador sin calcular el costo político, aunque en el camino pierda fuentes de información.


