Relatores especiales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) expresaron su alarma por el "cierre del espacio cívico" en el Perú, a raíz de la reciente ola de detenciones contra artistas y activistas en Lima, Cusco y San Martín.
Los pronunciamientos internacionales, difundidos a través de sus cuentas oficiales en la red social X (antes Twitter), colocaron en el foco el impacto de las medidas judiciales y policiales ejecutadas en el país.
Gina Romero, relatora especial de la ONU sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, abrió la alerta con una dura advertencia sobre el contexto nacional.
"El cierre del espacio cívico en Perú está tomando dimensiones alarmantes. Además de las restricciones legales de la sociedad civil, se suma la sospechosa creación de registros de supuestas organizaciones criminales tras la detención de activistas el día de ayer", dijo.
A través del Decreto Legislativo 1746, el Gobierno de Keiko Fujimori modificó la Ley 30077 y creó el Registro Nacional de Organizaciones Criminales con Prácticas Terroristas (Renocte).
En una serie de publicaciones, Romero recordó que ha venido alertando de los graves impactos de la ley APCI (Agencia Peruana de Cooperación Internacional) sobre la libertad de asociación y la disposición que busca tipificar como delito la incidencia internacional en defensa de los derechos humanos.
De igual forma, hizo referencia a las reformas al Código Penal mediante el Decreto Legislativo N.° 635, las cuales restringen indebidamente el ejercicio del derecho a la protesta.
Asimismo, la representante de la ONU advirtió que la falta de implementación de las recomendaciones internacionales y las restricciones locales, como en Lima, han configurado un "cerco casi inaccesible para el ejercicio de los derechos de la ciudadanía", dejando un saldo constante de estigmatización, criminalización y víctimas fatales.
"¿Qué tiene que pasar para que las instituciones peruanas se tomen en serio a los derechos humanos, el estado de derecho y los valores democráticos, y para que la sociedad civil y la acción colectiva sea respetada?", se preguntó. "Estoy preocupada por la estigmatización y criminalización"A esta denuncia se sumó la relatora especial de la ONU sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Andrea Bolaños Vargas, quien confirmó, en la citada red social, la recepción de información sobre los operativos."He recibido información sobre la detención en Lima, Cusco y San Martín en Perú de personas artistas, activistas feministas y defensoras de los derechos humanos", glosó."Estoy preocupada por la estigmatización y criminalización de la que son víctimas estas personas al acompañar las luchas de las poblaciones campesinas y populares, a través del arte y las expresiones culturales. Continuaré haciendo seguimiento de cerca a esta situación", señaló. Por su parte, Leopoldo Maldonado Gutiérrez, relator especial de la ONU sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, respaldó la postura de sus colegas."Me sumo a las preocupaciones de mis colegas relatoras Andrea Bolaños y Gina Romero respecto al paulatino cierre del espacio cívico en el Perú. Ahora se evidencia en las recientes detenciones de artistas, activistas y personas defensoras de derechos humanos", sostuvo en X."Las libertades de expresión (incluida la expresión artística), de asociación, reunión y el derecho a defender derechos humanos no pueden ser arbitrariamente coartados". El operativo policial y las detenciones preliminaresLas alertas de los relatores internacionales se producen tras la ejecución simultánea del operativo “Centinela 2026” en Urcos (Cusco) y en el centro de Lima, desplegado por la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote) de la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público. La intervención fue autorizada por el Noveno Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional y dispuso una medida de detención preliminar por 15 días, así como el allanamiento de inmuebles contra cinco personas en Lima, Cusco y San Martín.Entre los detenidos figuran los reconocidos artistas Pedro Mo (Pedro Gonzalo Mosqueira Velásquez) y Brenda Jah (Brenda Denisse Mejía Sinarahua), además de Libia Tatiana Arcila Vila, David Eraclides Tapullima Upiachihua y Polidoro Tapullima Upiachihua, a quienes la Fiscalía atribuye la presunta comisión del delito de afiliación a la organización terrorista Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).Según la hipótesis formulada por el fiscal Javier Antonio Heredia Cercado, del Primer Despacho de la Fiscalía Penal Supraprovincial Corporativa Especializada contra el Terrorismo, los investigados formarían parte de una estructura vinculada al MRTA a través del Frente Democrático del Pueblo (FDP) y la Escuela Rebelde Saturnino Huillca (ERSH). La tesis fiscal sostiene que ambas agrupaciones cumplían tareas de formación política, adoctrinamiento ideológico, captación de nuevos cuadros y difusión de agitación y propaganda entre 2024 y 2025.Tras conocerse las detenciones, colectivos culturales, activistas y organizaciones de derechos humanos realizaron plantones de protesta en Lima (en los exteriores de la Dircote, en el Cercado) y Cusco, denunciando lo que califican como una criminalización del arte y exigiendo el respeto irrestricto a las garantías procesales de los intervenidos.


