El planteamiento propone la extinción de la acción penal y de las penas impuestas por delitos relacionados con las protestas sociales tras los acontecimientos del 7 de diciembre de 2022, fecha en la que el exmandatario anunció la disolución del Congreso y la reorganización institucional del país.
"El ámbito temporal común a las amnistías previstas comprende los hechos ocurridos desde el 28 de julio de 2021 hasta el día anterior a la entrada en vigencia de la presente ley. Incluye los hechos anteriores al 7 de diciembre de 2022, los ocurridos ese día y los posteriores", se lee en el texto.
En la iniciativa se indica que el dispositivo tiene como finalidad "contribuir a la pacificación y a la reconciliación (...), favoreciendo la convivencia democrática, la cohesión social y el fortalecimiento del Estado constitucional de derecho", así como "garantizar que el derecho penal no sea empleado para sancionar el ejercicio de los derechos de reunión pacífica, libertad de expresión y participación política".Entre los beneficiarios señalados de manera explícita en el anexo de la propuesta figuran el propio Pedro Castillo; los extitulares del Consejo de Ministros, Aníbal Torres y Betssy Chávez; el exministro del Interior, Willy Huerta Olivas, y otros procesados o condenados por hechos vinculados a las manifestaciones.
No obstante, la iniciativa legislativa fija límites explícitos y excluye del beneficio a quienes hayan incurrido en hechos que hayan producido la muerte de una o más personas o lesiones graves dolosas; violencia sexual, secuestro, tortura, trata personas o desaparición forzada, así como actos cometidos por funcionarios, servidores públicos, miembros de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional del Perú en el uso de la fuerza o con ocasión de operaciones de control del orden público, incluidos los de quienes los ordenaron, planificaron o encubrieron, en particular los que constituyan graves violaciones de derechos humanos.
