El 16 de octubre se conmemora en el país el Día Nacional de la Persona con Discapacidad, por lo que El Comercio entrevistó a Olga Mercedes Villalobos, presidenta del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis), para conocer los objetivos de su gestión y los retos que afronta un ciudadano con discapacidad en el país.
Un punto saltante de la entrevista es que, según Villalobos, los gobiernos regionales y las municipalidades reportan que destinan recursos para supuestamente atender a las personas con discapacidad, pero remarcó que se ha comprobado que existen oficinas que no ofrecen ningún tipo de servicio o el presupuesto se destina a otras áreas.
1. ¿Cuál es el rol de Conadis frente a una persona con discapacidad?
El rol del Conadis es promover y garantizar el reconocimiento y ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, impulsando políticas públicas, articulando acciones con las entidades del Estado en sus tres niveles de gobierno y supervisando el cumplimiento de las obligaciones fiscalizables.
Asimismo, brinda orientación a las personas con discapacidad y sus familias, promueve la eliminación de barreras que limitan su participación en la sociedad y contribuye a generar las condiciones necesarias para que puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones con las demás personas.
2. ¿Cuáles son los objetivos de su gestión?
Soy una educadora especialista en discapacidad y lo más importante en este momento es el tema de la educación inclusiva, ya que, sin ella, una persona con discapacidad no podrá tener oportunidades a nivel de estudios técnicos productivos y a nivel universitario, por tanto, seguirá estando en un círculo de pobreza.
3. ¿Qué retos afronta una persona con discapacidad en el Perú?
En el Perú, las personas con discapacidad enfrentan múltiples barreras que dificultan el ejercicio pleno de sus derechos y su participación en igualdad de condiciones en la sociedad. Entre los principales retos se encuentran persistencia de prejuicios, estereotipos y prácticas discriminatorias, así como barreras de accesibilidad en los espacios públicos, el transporte público, la información y las comunicaciones. También enfrenta dificultades para acceder a una educación inclusiva, servicios de salud de calidad y oportunidades de empleo digno.
A ello se suman las brechas territoriales, especialmente en las zonas rurales, la limitada disponibilidad de servicios de apoyo y las dificultades para ejercer su autonomía.
Desde el 2012 no se hace una Enedis (Encuesta Nacional Especializada sobre Discapacidad) y hemos pedidos de manera reiterada al MEF que nos asigne el presupuesto de 16 millones de soles para realizar esta encuesta especializada a través del INEI. Si no se conoce la brecha, es muy difícil generar políticas públicas. Necesitamos saber dónde está la persona con discapacidad, qué discapacidad tiene y cuál es su necesidad.
4. ¿Cómo ha venido evolucionando el tema de los derechos para las personas con discapacidad en las últimas décadas?
Nuestra legislación ha experimentado importantes cambios en la manera de comprender la discapacidad, transitando del modelo médico-rehabilitador al modelo social y de derechos humanos, que reconoce la importancia de eliminar las barreras del entorno.
5. ¿A cuántas personas con discapacidad el Conadis brinda asistencia o cuántas personas tiene registradas?
A través del Registro Nacional de la Persona con Discapacidad, el Conadis cuenta, al 15 de octubre de 2026, con 631 330 inscripciones. Asimismo, mediante la Red Alivia Perú, uno de nuestros principales servicios de orientación y acompañamiento, hemos atendido a 26,720 personas en lo que va del año, facilitándoles el acceso a información, servicios públicos y el ejercicio de derechos de las personas con discapacidad y sus familias.
6. ¿Conadis realiza visitas inopinadas para garantizar servicios de calidad a personas con discapacidad?
Conadis ejerce su competencia de fiscalización y sanción a través de la Dirección de Fiscalización y Sanciones. Anualmente aprueba un Plan de Fiscalizaciones y estas se desarrollan de acuerdo con un programa establecido.
Durante el año 2026, se realizaron 527 fiscalización a nivel nacional. De este total, 313 corresponden a fiscalizaciones ordinarias, cuyo objetivo es verificar el cumplimiento de la normativa y, de detectarse incumplimientos, pueden dar lugar al inicio de un procedimiento administrativo sancionador; y 214 corresponden a fiscalizaciones orientativas, de carácter preventivo. A diferencia de las ordinarias, estas acciones no tienen como finalidad imponer sanciones, sino brindar recomendaciones y asistencia técnica para que las entidades adecuen su actuación a la normativa vigente.
Asimismo, estamos efectuando supervisiones a las Omaped para verificar su implementación y prestación de servicios a las personas con discapacidad. Se han visitado más de 40 OMAPED en Lima.
7. ¿Qué expectativas tiene respecto al anuncio de la presidenta Keiko Fujimori de que el próximo año se ampliará el presupuesto del programa social Contigo a fin de incorporar a más de 100,000 personas con discapacidad?
En realidad, es un hecho histórico que ha logrado la gestión de la presidenta Keiko Fujimori en articulación con nuestra ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, María Seminario. Desde el año 2024 solo eran beneficiarios 142,771 y la proyección del presupuesto para el 2027 no estaba contemplado un aumento, situación que como Conadis nos preocupaba porque había en lista de espera un promedio de 116,200 personas.
En las anteriores gestiones de gobierno no se tuvo la prioridad de ampliar la atención de la pensión, que es de 300 soles bimensuales a las personas con discapacidad.
Los requisitos para acceder a la pensión son: ser una persona con discapacidad severa y estar en situación de pobreza.
8. ¿Se cumple la norma que establece que las entidades públicas deben contratar un mínimo de 5% de su personal con personas con discapacidad, mientras que, en el sector privado, las empresas con más de 50 trabajadores deben destinar al menos el 3%?
Los resultados obtenidos en las fiscalizaciones realizadas por el Conadis evidencian que solo un ministerio, específicamente el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, cumple con la cuota laboral del 5% para las personas con discapacidad. Asimismo, a nivel de gobierno regionales, en las fiscalizaciones realizadas en el año 2025 solo 4 GORE cumplen la cuota: Pasco, Piura, Huánuco y Ucayali.
En lo va del 2026, Conadis realizó 82 fiscalizaciones en materia de cumplimiento de la cuota de empleo, y se verificó que 14 entidades cumplieron con la cuota legal del 5%, mientras que 62 entidades no cumplieron con dicha obligación. En los 6 casos restantes, no fue posible determinar el cumplimiento debido a que las entidades administradas no remitieron la información completa requerida para efectuar la evaluación correspondiente.
Por otro lado, debemos precisar que, de conformidad con la normativa actual, corresponde al Ministerio de Trabajo, a través de Sunafil, la fiscalización en el ámbito privado. De acuerdo con la información de Sunafil, 245 empresas privadas cumplen con la cuota de empleo para personas con discapacidad en el 2025.
9. ¿Se ha avanzado en el cumplimiento de la norma que dispone que los gobiernos regionales y locales deben destinar el 1% de su presupuesto anual a favor de la población con discapacidad?
Mediante la Ley Nº 32139 se estableció que los gobiernos regionales y locales tienen la obligación de contemplar en su presupuesto anual recursos para actividades, que es el 0.5% del Presupuesto Institucional de Apertura para Oredis y Omaped, así como el 0.5% del PIA en inversiones para proyectos y mantenimiento de accesibilidad.
El Conadis ha encontrado que, de 24 gobiernos regionales fiscalizados/supervisados, ninguno ha cumplido con asignar el 0.5% de los recursos para financiar actividades y proyectos orientados a la atención de las personas con discapacidad. Asimismo, de 60 gobiernos locales fiscalizados osupervisados, sólo han asignado más del 0.5% de recursos para actividades unos 26 gobiernos locales; mientras que 5 han destinado más del 0.5% para proyectos.
El ente rector de fiscalización es la Contraloría. La norma era una esperanza para las personas con discapacidad, ya que se tiene un presupuesto destinado, lo cual en algunos gobiernos regionales es bastante dinero, ya que en determinados casos hay más de 20 millones de soles para destinarlo a la Oficinas Regionales de Atención a las Personas con Discapacidad (Oredis) o a la Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad (Omaped). Sin embargo, ningún GORE ha dado el 1% para temas de discapacidad. Por eso, la persona con discapacidad está tan disconforme y abandonada, ya que hay un presupuesto, pero no se le asigna.
Unos cinco gobiernos regionales han cerrado sus Oredis para que ese presupuesto ya no entre a esa oficina y se destine a la Gerencia de Desarrollo Social a fin de distribuirlo a sus diferentes programas sociales. Le han sacado la vuelta a la ley.
Hemos quedado con el titular de la PCM, Luis Galarreta, y la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, María Seminario, que ni bien se dé las credenciales a las nuevas autoridades municipales y regionales se realizará una inducción sobre la ley que obliga a destinar el 1% para temas de accesibilidad y servicios, ya que tiene una sanción penal.
En el caso de Omaped, se ha detectado que en la consulta amigable del MEF se consigna que sí han asignado el 0.5% del presupuesto, sin embargo, cuando se visita el local de Omaped no hay ningún servicio, lo que lleva a preguntarse a dónde se está yendo el dinero.
