La Comisión Bicameral de Presupuesto y de la Cuenta General de la República aprobó el dictamen que autoriza un crédito suplementario de S/ 8.228 millones para el presupuesto público de 2026, con prioridad en las acciones de prevención y mitigación frente al fenómeno de El Niño 2026-2027.
La propuesta, correspondiente a la Proposición de Ley 000005-2026-2031-CR, recibió 32 votos a favor, ninguno en contra y dos abstenciones. El presidente de la comisión, José Arista Arbildo, de Fuerza Popular, sustentó el dictamen, que contó con el respaldo del ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba Bustinza.
Según Arista, los recursos adicionales representan un incremento de 3,19% respecto del presupuesto disponible. La iniciativa también contempla fondos para atender obligaciones pendientes y reforzar áreas como infraestructura, seguridad ciudadana, salud y educación.
El documento busca que las entidades competentes cuenten oportunamente con recursos para ejecutar intervenciones antes de que se materialicen o intensifiquen los riesgos asociados al fenómeno de El Niño.
MEF defiende el costo del endeudamiento
Uno de los puntos de discusión fue el financiamiento del crédito suplementario mediante la emisión de bonos. Durante el debate, la diputada Katherine Ampuero, de Renovación Popular, cuestionó que casi la mitad de los recursos provenga de este mecanismo y pidió conocer cuánto deberá pagar el Estado por los intereses.
La legisladora también observó una asignación de S/ 15 millones para el pago de una bonificación extraordinaria al personal administrativo del Ministerio de Economía y Finanzas.
En respuesta a las preocupaciones sobre el costo de la deuda, el ministro Elmer Cuba señaló que los bonos del Tesoro peruano pagan una tasa promedio anual de 6,3%, nivel que consideró bajo en comparación con el de otros países de la región.
“Muchos países vecinos, salvo el caso de Chile y de Uruguay, pagan tasas de interés superiores a 8%, 9% o 10%”, sostuvo.
Cuba defendió así la capacidad del país para acceder a financiamiento en condiciones que calificó como razonables. No obstante, durante la sesión, Ampuero solicitó información específica sobre los intereses que generaría la emisión de bonos vinculada al crédito.
¿Qué otros gastos contempla el crédito suplementario?
Arista indicó que S/ 1.596,7 millones se destinarán a atender obligaciones que calificó como ineludibles, entre ellas las pensiones de la Caja de Pensiones Militar Policial y los compromisos relacionados con el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles.
Durante la discusión también se abordó la continuidad de proyectos de inversión y reconstrucción. El diputado Henry Albañil, del Partido Cívico Obras, planteó incorporar una disposición complementaria para facilitar el financiamiento de intervenciones a cargo de gobiernos regionales y locales que requieren recursos para culminar, liquidar o atender proyectos en ejecución.
Cuba explicó que el crédito recoge principalmente solicitudes presentadas por los propios sectores y que las necesidades adicionales de nuevos proyectos podrían evaluarse en el presupuesto público de 2027.
“Nos importa mucho mantener la continuidad de los proyectos y la calidad de los servicios”, afirmó el ministro, quien precisó que el crédito suplementario representa alrededor del 3% del presupuesto y no sustituye la distribución de recursos prevista para el siguiente año.
Compra de aviones e incendios forestales
Otro de los temas discutidos fue la adquisición de aviones para la defensa nacional. El diputado César Revilla, de Fuerza Popular, defendió la compra y sostuvo que también contribuiría a combatir el narcotráfico.
Cuba respaldó la adquisición desde el enfoque de seguridad nacional y señaló que las aeronaves tienen una función disuasiva.
El ministro también informó que el Ejecutivo estaba procesando un posible decreto supremo solicitado por el Ministerio de Defensa para destinar S/ 21 millones a la compra de helibaldes, equipos utilizados para combatir incendios forestales.
La aprobación del dictamen constituye un paso dentro del trámite legislativo de la propuesta. Los recursos previstos buscan atender necesidades inmediatas y reforzar la capacidad de respuesta del Estado, especialmente ante los riesgos climáticos, aunque el debate también dejó planteadas preguntas sobre el costo del financiamiento y las prioridades de gasto.
