La caída de Santiago Peña se produjo después de un informe del Banco Central de Paraguay (BCP) sobre la insolvencia del Ueno Bank, cuyos accionistas habían sido socios del exmandatario hasta marzo del 2025. Ueno, que era una financiera menor, adquirió estatus de banco durante su gestión, iniciada en el 2023. Peña nombró presidente del BCP −que debía supervisarlo− al antiguo CEO del Ueno, Carlos Carvallo. La esposa de Carvallo siguió siendo consultora en el banco. Finalmente, el gobierno puso fondos públicos en el Ueno y, desde allí, el dinero fue desviado a compañías allegadas. Peña terminó comprometido hasta el pescuezo.
El gobierno intentó ocultar la situación del Ueno hasta que el BCP lo intervino. El Ministerio Público investiga un esquema de venta de créditos incobrables a empresas del mismo grupo. El 4 de julio, un alto funcionario del BCP, Francisco Rivarola, dirigió un informe al entonces titular de la Superintendencia de Bancos (SIB), Holger Insfrán, en el que alertaba sobre irregularidades en operaciones de venta de cartera y de inyección indirecta de fondos al Ueno. Rivarola había sido supervisor de la SIB. El documento se dio por no recibido y se mantuvo en secreto, pero dos de sus 25 páginas −la primera y la última– llegaron al diario “ABC Color”, que las publicó en primera plana el 7 de octubre. Previamente, confirmó su autenticidad con fuentes que habían leído el texto completo.
Un mes antes, el Senado había dirigido al BCP un pliego de preguntas basado en el informe de Rivarola. Buscaba confirmar que el Ueno prestaba a compañías por encima de los límites legales y que estaban en riesgo US$850 millones de depósitos públicos, una parte de ellos del Fondo de Previsión Social. En el BCP se produjo una crisis interna ante la inminencia del escándalo. Por estos días pueden verse entrevistas que la prensa internacional hace a una periodista de fuerza escénica, Mabel Rehnfeldt, quien desde el diario “ABC Color” anticipó los desmanes del Ueno, sobre todo los favorecimientos a las empresas amigas. Peña sugirió públicamente que periodistas del diario estaban vinculados al crimen organizado. El diputado oficialista Alejandro Aguilera impulsó una ley que penalizaba con hasta diez años de cárcel la difusión de informaciones que pudieran considerarse terrorismo financiero.
Santiago Peña, de 47 años, es un reputado economista y un tecnócrata de las finanzas, detalles que podrían tomarse como agravante. Graduado en Paraguay, hizo una maestría en administración en la Universidad de Columbia, y luego fue funcionario del BCP, analista del Fondo Monetario Internacional (FMI) y ministro de Hacienda del expresidente Horacio Cartes, quien ha sido su mentor. En el 2025 declaró una fortuna de US$3,4 millones. Con un pasado libre de denuncias, gozaba de alta popularidad y gobernaba con mayoría en ambas cámaras. Es inevitable pensar que detrás del manejo tan desprolijo del sistema financiero, probablemente con beneficio propio, había la presunción de que nada podría tocarlo. Una presunción de impunidad. Sin embargo, sus conflictos de intereses fueron tan visibles que hasta sus cercanos le dieron la espalda. Cartes emitió un pronunciamiento indignado. El ayayero Aguilera pidió juicio político.
Aunque el derrumbe del Ueno Bank tiene solo días, “ABC Color”, por medio de Mabel Rehnfeldt y el reportero Juan Daniel Jara, ya había revelado en octubre del 2025 detalles significativos del modus operandi de Peña. Sigo a Rehnfeldt desde el 2003, cuando destapó contratos irregulares de la petrolera estatal Petropar. Sus informes explican, año tras año, las maneras inverosímiles que puede adoptar la corrupción en Paraguay. Sobre todo, la que se ejerce desde el poder. En el caso de Peña, los periodistas descubrieron que, en la residencia presidencial, conocida como Mburuvicha Róga (“Casa del Líder” en guaraní), había inexplicables hallazgos y pérdidas de cientos de miles de dólares de procedencia desconocida.
Un primer reportaje reprodujo el testimonio de Luz Candado, que había sido encargada de las labores domésticas en Mburuvicha Róga durante 11 meses, hasta que el presidente la despidió en julio del 2025. A ella y a su familia se les investigó informalmente por el robo de una cantidad indeterminada de dinero que habría desaparecido del vestidor del mandatario. La denuncia no llegó al Ministerio Público. Personal militar sometió a Candado y a su esposo a una prueba de polígrafo. No se conocen resultados oficiales. Anteriormente, ella había devuelto a Peña US$200.000 que personal doméstico halló en la casa, en octubre del 2024 y febrero del 2025. Peña hizo comentarios imprecisos sobre el presunto robo y la devolución. Quedaron en la nebulosa los indicios concretos de que hubiera dinero negro en la vivienda presidencial.
Otros reportajes revelaron que Peña se reunía frecuentemente, en Mburuvicha Róga, con poderosos proveedores del Estado, como el principal ganador de las licitaciones del programa “Hambre Cero en las Escuelas”, Miguel Cardona, y con el presidente del grupo propietario del Ueno Bank, Miguel Vásquez. Los encuentros no figuraban en la agenda oficial, y solo pudieron conocerse porque la señora Candado, resentida por su despido, fue una buena ayuda para los periodistas. Es posible hacer un trazado entre las visitas y los beneficios que obtuvieron los interlocutores. ¿Habrá en ellas una explicación a los cientos de miles de dólares que se perdían y reaparecían en la residencia presidencial? No sabemos el alcance de las investigaciones que se avecinan. Mientras tanto, el sistema de ataque y desinformación que había organizado el gobierno para enfrentar a sus críticos, una trolería de mil cabezas, está en silencio.
