Dos trabajadores de seguridad del Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa en Miraflores fueron intervenidos luego de que cámaras de videovigilancia registraran el robo de una moto de un paciente que se encontraba dentro del establecimiento recibiendo atención médica. El hecho ocurrió el 15 de octubre y los intervenidos fueron identificados como César Chang Luna y Franklin Godoy García. Ambos prestaban servicios de seguridad en el hospital a través de Sven Company Protection.
El caso llevó además al propio Hospital Casimiro Ulloa a revisar el cumplimiento del contrato de seguridad que mantiene con el Consorcio SVEN. En un informe técnico fechado el 21 de octubre, la Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento recomendó la resolución del contrato. Sin embargo, la empresa continúan operando pese a diversos cuestionamientos y antecedentes.
El documento advierte que el personal de vigilancia tiene entre sus obligaciones la protección de personas y bienes, el control del ingreso y salida de vehículos y materiales y la comunicación de ocurrencias.
El mismo informe advierte que, de confirmarse que personal de vigilancia retiró o trasladó la motocicleta sin autorización, deberían determinarse las obligaciones contractuales afectadas y la eventual responsabilidad del contratista.
El episodio ocurre mientras la misma empresa, SVEN, aparece nuevamente vinculada a una contratación de seguridad del Ministerio de Salud que ha generado cuestionamientos. La DIRIS Lima Centro otorgó a Grupo Empresarial SVEN S.A.C. una contratación directa por S/2.776.411,10 para prestar el servicio durante 79 días. El procedimiento se realizó bajo la causal de desabastecimiento inminente y las empresas que presentaron cotizaciones —SVEN, TECSEGUR y Jaguar Protector Company— mantenían relaciones comerciales previas entre sí o a través de otras compañías, según la documentación revisada por El Comercio.
La contratación de la DIRIS Lima Centro por S/2,8 millones, adjudicada a SVEN mediante la Contratación Directa N.° 7-2026-DIRIS-LC, generó cuestionamientos por la composición de los postores: las empresas que se presentaron como competidoras ya tenían vínculos comerciales entre sí.
La revisión de los documentos permitió identificar relaciones comerciales previas entre las empresas que participaron en la indagación de mercado. En 2024, SVEN y TECSEGUR integraron el Consorcio TECSEGUR, con participaciones de 45% y 55%, respectivamente. Ese consorcio brindó el servicio de vigilancia del Hospital Félix Mayorca Soto, en Tarma.
También aparecen vínculos con EVA’Z Security. TECSEGUR presentó documentación de experiencia correspondiente al Consorcio EVA’Z, integrado por TECSEGUR y EVA’Z Security. Por su parte, Jaguar Protector Company declaró experiencia de EVA’Z Security como consecuencia de una reorganización societaria. En distintos documentos también aparece Melitón Vega Collana como representante o apoderado común.
La existencia de esas relaciones no establece por sí misma una infracción en el procedimiento de la DIRIS Lima Centro. Sin embargo, constituye uno de los elementos que fueron cuestionados porque las tres empresas fueron convocadas para presentar cotizaciones y, según la documentación, declararon participar independientemente.
Otro elemento observado fue el precio. La tarifa diaria correspondiente a la contratación de SVEN resulta 5,4% superior a la del servicio inmediatamente anterior, pese a que la documentación revisada señala que se mantenían la misma cantidad de agentes y puestos de vigilancia. La diferencia acumulada durante los 79 días fue calculada en aproximadamente S/143 mil.
A ello se sumó una inconsistencia documental. El Comercio informó que una declaración jurada incluida en el expediente de SVEN consignó el RUC de Jaguar Protector Company en lugar del correspondiente a la empresa adjudicataria. Nunca se pudo establecer por qué se produjo esa inconsistencia.
La contratación también quedó bajo observación por la documentación publicada en el SEACE. En uno de los registros consultados por El Comercio, la resolución de aprobación de la contratación aparecía como un archivo que no podía ser leído. La entidad tampoco respondió, según ese medio, a las consultas sobre el procedimiento, los vínculos entre las empresas participantes y la documentación registrada.
El consorcio adjudicatario incorporó además a Multiservices Casterly Rock S.A.C., compañía cuya situación tributaria fue reportada por El Comercio. La empresa figuraba como “no habida” ante la Sunat mientras se tramitaba un eventual adelanto a favor del consorcio. El medio informó que, según sus fuentes, esos recursos serían necesarios para la instalación y puesta en marcha del servicio.
Una consulta de deuda coactiva de la Sunat, actualizada al 9 de octubre de 2026, registra obligaciones de Casterly Rock correspondientes a periodos de 2025 y 2026 frente al Tesoro Público, EsSalud y la ONP. La consulta precisa que los montos no incluyen costas ni gastos del procedimiento de cobranza coactiva.
Entre los registros aparecen, por ejemplo, una deuda de S/10.098 correspondiente al periodo tributario marzo de 2026, otra de S/5.135 correspondiente a mayo y una de S/2.972 correspondiente a julio, además de otras obligaciones registradas durante esos meses.
La propia consulta de Sunat señala que las deudas mostradas corresponden a contribuyentes en cobranza coactiva y que la información puede incluir deudores que registran baja de inscripción.
Los cuestionamientos sobre las relaciones entre estas empresas no comenzaron con la contratación de la DIRIS Lima Centro. La especialista en contrataciones públicas Mónica Yaya había señalado anteriormente vínculos entre SVEN, TECSEGUR y otras compañías que participan en servicios de seguridad contratados por entidades públicas.
Según una publicación de Expreso del 23 de octubre de 2026, Yaya sostuvo que SVEN y TECSEGUR formarían parte de un mismo grupo económico y cuestionó su participación en procesos de contratación pública. El artículo recuerda que José Orihuela Gallegos, representante de SVEN, mantenía autorización de personal operativo a nombre de Jaguar Protector Company, mientras que Edwin Laurente Dueñas, representante del consorcio integrado por SVEN y TECSEGUR, aparecía en una situación similar respecto de Compañía Internacional de Servicios 182 S.A.C.
El antecedente adquirió relevancia nuevamente porque SVEN y TECSEGUR continuaron participando en contrataciones públicas. Expreso informó que ambas empresas habían obtenido el Concurso Público N.° 001-2026-SISOL/MML para prestar servicios de seguridad y vigilancia en oficinas administrativas y establecimientos de salud del Sistema Metropolitano de la Solidaridad.
La publicación también señala que las observaciones planteadas anteriormente por Yaya habían sido materia de investigación en el Ministerio Público.
En paralelo a estos antecedentes empresariales, el expediente del Hospital Casimiro Ulloa plantea una evaluación específica sobre la prestación del servicio de seguridad.
El informe técnico identifica seis posibles supuestos de penalidad contractual. Para los hechos del 15 de octubre considera prioritariamente los relacionados con actos indebidos del personal, incumplimiento de los términos de referencia y pérdida de bienes.
En sus recomendaciones finales, el hospital dispone que las áreas administrativas y legales evalúen la eventual resolución contractual, así como la aplicación separada de las penalidades. También recomienda reforzar la supervisión y considerar el relevo del personal involucrado cuando corresponda. Sin embargo, hasta ahora la empresa continúa operando.
El expediente, por tanto, deja pendiente una decisión administrativa sobre el contrato de SVEN en el Casimiro Ulloa. Mientras tanto, los dos trabajadores involucrados en el caso de la motocicleta continúan afrontando la investigación en libertad.
