De las 69 universidades públicas creadas por ley entre 2022 y 2026, 23 se ubican en distritos donde ya existe una sede o filial de una universidad estatal, según un análisis del Centro de Análisis de Políticas Públicas en Educación Superior (CAPPES).
Esta situación evidencia la necesidad de evaluar con mayor rigor la pertinencia de crear nuevas instituciones en zonas que ya cuentan con oferta universitaria pública, considerando los recursos que demandan la infraestructura, el equipamiento, la contratación de docentes y la gestión administrativa, indicó CAPPES.
Sostuvo que el problema cobra mayor relevancia si se considera que, de las 69 universidades públicas creadas durante ese periodo, 68 todavía no prestan servicios académicos y solo 37 cuentan con una comisión organizadora. Además, la experiencia de universidades públicas creadas entre 2007 y 2011 muestra que estas instituciones tardaron, en promedio, siete años en admitir a sus primeros estudiantes.
Este escenario plantea un desafío para la planificación de la educación superior pública, pues la implementación de las universidades ya creadas requiere definir prioridades, asegurar recursos y desarrollar las condiciones necesarias para su funcionamiento, en un contexto de importantes brechas de acceso a la educación universitaria, apuntó.
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Presión sobre los recursos públicos
El análisis de CAPPES también pone el foco en las implicancias presupuestales de esta expansión universitaria. Actualmente, 18 de las 69 universidades creadas cuentan con pliego presupuestal y disponen de un presupuesto institucional modificado conjunto de S/ 108 millones para 2026. Sin embargo, al 4 de noviembre, habían ejecutado apenas el 28.7 %, equivalente a S/ 31 millones.
A ello se suma que, según investigaciones previas de CAPPES, el costo anual por estudiante en algunas universidades públicas creadas entre 2007 y 2011 puede alcanzar los S/ 36 mil, monto equivalente a 2.3 veces el costo por alumno de una universidad regional consolidada.
“La prioridad debe ser garantizar que los recursos públicos se traduzcan en más vacantes y mejores servicios educativos. La ruta es fortalecer las universidades ya licenciadas y establecer criterios claros para atender la situación de las instituciones que todavía no funcionan, evitando generar nuevas obligaciones presupuestales sin una adecuada planificación”, señaló Jorge Mori, director ejecutivo de CAPPES.
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Frente a este escenario, CAPPES propone suspender durante la moratoria la implementación de 19 universidades públicas creadas que todavía no cuentan con presupuesto asignado ni comisión organizadora. Esta medida permitiría concentrar los recursos en aquellas instituciones con mayores avances en su implementación y evitar nuevos compromisos presupuestales sin una planificación adecuada.
Moratoria universitaria y alternativas para ampliar la oferta
Estos hallazgos se producen en medio del debate sobre la moratoria de cinco años para la creación de nuevas universidades públicas, impulsada por el Ministerio de Educación (MINEDU) y cuyo dictamen fue aprobado por la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados.
CAPPES considera acertada la iniciativa del MINEDU y valora el trabajo de la Comisión de Educación, presidida por el diputado Juan Castrejón Fernández, por avanzar hacia un ordenamiento de la oferta universitaria basado en criterios técnicos y de sostenibilidad presupuestaria.
En esa línea, la institución considera fundamental preservar el texto aprobado por los diputados, que prioriza el fortalecimiento de las universidades públicas existentes y la apertura de filiales bajo criterios de pertinencia territorial y viabilidad presupuestaria. Asimismo, advierte que extender la moratoria a las universidades privadas y sus filiales podría limitar nuevas oportunidades educativas en las regiones.
“Saludamos la iniciativa del MINEDU y el trabajo realizado por la Comisión de Educación. El siguiente paso es preservar ese enfoque técnico en las decisiones y apostar por mecanismos que permitan ampliar las vacantes en las universidades públicas en menos tiempo, aprovechando mejor los recursos disponibles y garantizando una educación superior de calidad”, añadió Mori.
Finalmente, CAPPES recordó que en 2025 apenas el 26.5% de los jóvenes de 17 a 24 años asistía a una universidad, lo que evidencia la necesidad de impulsar una expansión de la educación superior que responda a las brechas territoriales y garantice calidad, eficiencia y sostenibilidad.


