La promulgación de la ley que delega facultades legislativas al Gobierno de Keiko Fujimori causó una discusión sobre cuáles serían las atribuciones del Senado y la Cámara de Diputados en el nuevo Congreso bicameral. La Ley 32743 publicada este jueves, consigna en su encabezado que "El Senado de la República; ha dado la Ley siguiente", una fórmula que constitucionalistas y legisladores cuestionan porque atribuye a una sola cámara la aprobación de una norma que en realidad ha sido tramitada por ambas.
Esa fórmula utilizada en la autógrafa contrasta con la que figura en otras normas, como la Ley 25410, 25411, 25413, 25414, 25416, publicadas en 1992, cuyos encabezados recogen la frase "El Congreso de la República ha dado la ley siguiente". Esas normas fueron promulgadas durante la vigencia de la Constitución de 1979, que establecía un Congreso bicameral, integrado por el Senado y la Cámara de Diputados. El sistema se mantuvo hasta el 5 de abril de 1992, cuando Alberto Fujimori disolvió el Parlamento.
Normas publicadas en 1992El presidente del Senado, Miguel Torres, optó por defender la actuación de la Cámara Alta y afirmó que la Constitución le encarga remitir la autógrafa al Ejecutivo. “La Constitución es clarísima (…) El que tiene que remitirlo es el presidente del Senado. No firma el presidente de diputados”, dijo para Canal N.
En esa misma línea, su primer vicepresidente, Alejandro Muñante, también descartó que exista una irregularidad que impida la promulgación, aunque dejó abierta la posibilidad de subsanar el documento si es que corresponde. “Creo que esto forma parte más que nada de esas pataletas que se están haciendo de parte de esas bancadas, que como bien ha dicho el presidente del congreso todavía están en una resaca política”, señaló.
Cabe recordar que la Cámara Alta aprobó 27 materias, siete más que las 20 contempladas en el texto debatido previamente por Diputados.
Constitucionalistas cuestionan que el Senado se atribuya la aprobación de la ley
El abogado constitucionalista Natale Amprimo sostuvo que la aprobación de una norma corresponde al Congreso de la República y no exclusivamente al Senado. En su cuenta de X, explicó la diferencia entre las competencias de ambas cámaras y el trámite de la autógrafa.
“En la Ley 32743, que delega las facultades, se indica que el Senado ha dado la ley. El Senado aprueba o modifica la propuesta que le envía Diputados, pero la ley no es suya, es del Congreso. Por eso, si hay observaciones, estas se envían al Pdte del Congreso, no al del Senado”, escribió.
Por su parte, el constitucionalista Aníbal Quiroga cuestionó la fórmula empleada en la norma y consideró que refleja problemas en la aplicación del sistema bicameral. Durante una entrevista con Canal N, calificó el caso como “un error primarioso, una constancia más de la falta ejecutoria en materia de congreso bicameral”.
“No se dan cuenta que el Senado es parte de un Congreso donde la Cámara de Diputados es la otra parte. Debió salir ''el congreso de la República ha aprobado en dos instancias en diputados y senados según el transito legislativo (…) Se ve que han estado muy apurados en publicar esta ley y ahí vemos el resultado”, agregó.
Quiroga también advirtió sobre las posibles consecuencias jurídicas de los defectos formales en la elaboración de una norma. “Si uno se pone exquisito, las leyes en el Tribunal Constitucional se pueden anular por defectos de forma”, advirtió.
Además, el constitucionalista Luciano López cuestionó que el problema pueda resolverse mediante una fe de erratas. En una publicación en X, sostuvo que el error se originó en la elaboración de la autógrafa y no en la publicación de la norma, por lo que consideró que la presidenta Fujimori no sería la autoridad encargada de solicitar esa corrección. “Un error (en realidad, "horror") deliberado no admite errata, ni dentro del plazo ni fuera de él”, escribió López, quien también planteó la posibilidad de censurar a Miguel Torres.
No obstante, López precisó que el cuestionamiento no radica en la falta de la firma del presidente de Diputados, sino en la fórmula utilizada en la autógrafa para atribuir al Senado la aprobación de la norma. “La falta de la firma del presidente de Diputados no es el problema. El Reglamento del Senado (arts. 37.f y 148) encarga al presidente del Senado firmar y remitir la autógrafa, y la Constitución (art. 105) dice que el Senado la remite”, escribió en X.
El abogado constitucionalista César Azabache advirtió, asimismo, que la fórmula empleada representa un problema para la relación entre las dos cámaras. Según escribió en X, la redacción utilizada antes del golpe de 1992, cuando existía un Congreso bicameral, era “El Congreso de la República ha dado la ley siguiente”.
En contraste, consideró que la fórmula de la Ley 32743 constituye “una afrenta para la Cámara de Diputados, que inevitablemente tendrá que reaccionar”. Azabache concluyó que la controversia evidencia una disputa institucional entre cámaras que debería dar paso a una solución centrada en los problemas del país.
Diputados también cuestionan la fórmula de la autógrafa
El diputado Ernesto Zunini, de Juntos por el Perú, cuestionó que la norma atribuya al Senado la aprobación de la ley y pidió una rectificación. En su cuenta de X, sostuvo que el sistema bicameral exige respetar las atribuciones de ambas cámaras.
“El Congreso de la República está integrado por dos cámaras y las atribuciones de ambas deben respetarse. Pretender que solo el Senado hace las leyes es un golpe al orden constitucional. Ninguna mayoría puede borrar a la cámara baja ni convertir el bicameralismo en una fachada”, escribió.
Zunini rechazó que se desconozca su participación en el procedimiento legislativo. “Exigimos una rectificación: hemos sido elegidos de forma democrática por el pueblo y los representamos, pretender pasar por encima es ignorar el voto de millones de peruanos”, afirmó.
Este problema también escaló al ámbito penal, pues el abogado Javier Adrianzén Carreño presentó una denuncia ante la Fiscalía de la Nación contra la presidenta Keiko Fujimori, el premier Luis Galarreta y los senadores Miguel Torres y Alejandro Muñante, por el presunto delito de abuso de autoridad. El recurso cuestiona la publicación de la Ley 32743 sin las firmas del presidente de la Cámara de Diputados, Óscar Reto, y de su primera vicepresidenta, Analí Márquez.
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Fuerza Popular defiende la firma de Miguel Torres
El senador de Fuerza Popular Segundo Tapia defendió la firma de Miguel Torres en la autógrafa de la ley de facultades y descartó que se haya cometido alguna irregularidad en el procedimiento. “Están en su derecho de presentar si lo creen conveniente, pero aquí no se ha infringido nada”, declaró al referirse a los cuestionamientos por la promulgación de la norma.
Tapia sostuvo que la firma de Torres era suficiente debido a que este año le corresponde presidir el Congreso. “Bastaba la firma de Miguel Torres, debía figurar la firma del presidente del Congreso, que este año le toca a Miguel Torres, el próximo año le va a tocar a Diputados. Me queda claro que su firma era la que debía estar”, manifestó.
