Primero, con buen criterio, se ha anunciado una política fiscal contracíclica. Ello es lo que manda el manual básico de política económica cuando se experimentan choques de oferta como el derivado del impacto del fenómeno de El Niño.
Segundo, lo favorable de los precios de los commodities mineros están haciendo su trabajo. Estos han permitido generar un incremento real del flujo de ingresos tributarios anuales de dos dígitos, como nadie previó. En ese contexto, a pesar de la aceleración del gasto corriente políticamente conducido, hoy nuestra brecha ha tendido a cerrarse.
Tercero, nuestro déficit fiscal bordea apenas el 0,9% del PBI y cerraremos el año con una cifra algo mayor, pero sustancialmente menor a la estimada por nuestro Consejo Fiscal que proyectó –en su escenario más optimista– un déficit del 3,1 para este año. “Pequeño error”.
Cuarto, para nuestro MEF, hasta hoy, la trayectoria del déficit fiscal oficialmente es de 1,8% del PBI para el presente año, 1,4% para el 2027 y a partir del 2028 un 1% del PBI. Con los precios del cobre que hoy bordean los US$7 la libra y con el oro que oscila en US$4.150 la onza, sería posible cumplir estas metas sin mayor sobresalto.
Quinto, resulta urgente replantear la trayectoria fiscal. Hoy debemos ser necesariamente expansivos para mitigar el impacto que sobre la producción, infraestructura y vidas humanas pueda ocurrir. Felizmente tenemos margen para hacerlo con prudencia. No seamos alarmistas.
Sexto, la nueva trayectoria consideraría una nueva meta de 2,5% de déficit para el 2027, con reducciones anuales de 0,5 puntos porcentuales hasta alcanzar el 1% el 2030. Ya no es urgente ni conveniente lograr el 1% de déficit el 2028. Aun con su naturaleza contracíclica la nueva brecha sería perfectamente manejable.
Séptimo, una nueva trayectoria, como la planteada, no motivaría ninguna degradación de nuestro riesgo soberano, nos permitiría enfrentar mejor el “bache” productivo del próximo año y nos daría margen para reconstruir la infraestructura dañada. Flexibilizando temporalmente los límites fiscales, como se hizo para enfrentar el Covid, acertaremos sin comprometer nuestros fundamentos económicos. Ni el FMI ni las calificadoras de riesgo soberano objetarían nada.
Octavo, lamentablemente, en el marco contracíclico no tenemos capacidad de gestión. Aún se estima que alrededor de un tercio del presupuesto de inversión pública de los últimos 10 años no se ha ejecutad. Asignamos dos terceras partes de este a través de los reconocidos desgobiernos subnacionales. Nuestra inversión pública es equivalente al 5% de nuestro PBI, casi el triple de la observada en América Latina y produce la peor calidad de infraestructura de la región, según la OECD.
Noveno, nuestras brechas fiscales están también vinculadas a la insuficiente generación de recursos, no solamente al gasto. Los ingresos de nuestro gobierno general no representan más allá del 19% de nuestro PBI, en América Latina llegan al 30% y en las economías de la OECD casi al 40%. Es claro que el incumplimiento tributario se explica por la evasión y, detrás de ello, por la informalidad en sus mercados. ¿Se entiende?
Décimo, la propuesta de replantear las metas de déficit fiscal para los próximos tres años es recomendable y necesaria. Sin embargo, hacerlo sin mejorar los estándares de asignación y uso del gasto público y sin plantear reformas para reducir los incentivos a la informalidad solo nos llevará a una solución parcial. A futuro debemos trascender lo “bomberil” de nuestras soluciones.
