Poder Judicial dictó 12 meses de prisión preventiva contra tres presuntos secuestradores de empresario pastelero
Los acusados, quienes integrarían la banda criminal 'Los Destructores de los Conos', afrontarán en prisión la investigación tras haber retenido a la víctima y transferido 70 mil soles desde su teléfono celular.

El Poder Judicial ordenó 12 meses de prisión preventiva contra Jesús González, Xiomara Moreno y Adonis Cortés, investigados por los delitos de secuestro y banda criminal en agravio de un empresario pastelero. Los imputados fueron identificados por las autoridades policiales como presuntos miembros de la organización delictiva denominada 'Los Destructores de los Conos'. El hecho delictivo ocurrió el pasado 23 de septiembre, en el distrito limeño de Los Olivos, cuando la víctima fue interceptada por sujetos armados cerca del jirón Simón Bolívar Palacios y obligada a abordar un vehículo. Tras permanecer retenido por más de 12 horas, el empresario de 40 años logró recuperar su libertad.Horas después del rapto, agentes de la Policía Nacional intervinieron al primer sospechoso a bordo de un automóvil en el distrito de Carabayllo, luego de que este intentara darse a la fuga al notar la presencia de las autoridades. Durante el registro personal, los efectivos hallaron en su poder el teléfono del empresario agraviado, así como los contactos telefónicos de sus otros dos cómplices. Pruebas y transferencias ilícitasLas diligencias investigativas revelaron que los captores aprovecharon el control sobre el dispositivo móvil de la víctima para transferirse 70 000 soles a sus cuentas. Además, durante el registro del inmueble utilizado para el cautiverio, las fuerzas del orden lograron incautar un arma de fuego. Estos hallazgos fueron sustentados en audiencia por el fiscal adjunto provincial Jimmy Omar Túllmer, del primer despacho de la Octava Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima Norte. El requerimiento del Ministerio Público se fortaleció con elementos de convicción como la declaración del agraviado, testimonios de testigos, reportes telefónicos y registros de cámaras de seguridad, lo que determinó que los procesados deban cumplir la medida coercitiva en un penal mientras se define su situación en un juicio oral.
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