El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) anunció que retirará de sus cargos a los agentes de seguridad vinculados al expresidente Pedro Castillo, luego de revelarse que sus familiares obtuvieron contratos con la bancada de Juntos por el Perú (JP) en el Congreso.
"Esta decisión responde a la gravedad de los hechos expuestos y constituye una medida inmediata para garantizar el control institucional y el adecuado funcionamiento del establecimiento penitenciario", se lee en el comunicado publicado en las redes sociales oficiales del INPE.
En esa misma línea, la entidad comunicó que adoptará las acciones administrativas y legales que correspondan tras la revelación del reportaje de Cuarto Poder. Asimismo, la institución exigió a sus funcionarios tener "una conducta íntegra y el estricto cumplimiento de sus responsabilidades".
"Ningún vínculo personal, interés particular o relación externa puede estar por encima de la función pública ni comprometer la seguridad y el orden penitenciario", resaltó el INPE.
"La actual gestión del INPE, en su compromiso con la lucha contra la corrupción, ha presentado, a través de la delegación de facultades, diversas propuestas normativas que no permitirán que intereses ajenos a la función penitenciaria comprometan la institucionalidad. El compromiso es actuar con firmeza, sin privilegios ni excepciones", agregó.
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El caso
El último domingo, el dominical antes citado reveló que Yulisa Lucero Chujutalli, hija del director del INPE, Calixtro Lucero Rodríguez, trabaja como técnica en la oficina de la diputada Azucena Isla Rojas con un sueldo de S/8.300.
Al ser consultada si la contratación de la hija del funcionario respondía a un intercambio de favores, la congresista descartó tal caso. Él (Pedro Castillo) no me ha dado el nombre para que la contrate. De ninguna manera", explicó.
Pero ese no es el único caso: también está el de Alejandro Hurtado Paz, hijo de un agente del INPE, quien es técnico de la bancada de JP con un sueldo de S/8.000.
También se suma a estos nombramientos el del exdirector del penal de Barbadillo, Héctor Sandoval Moreno, quien ingresó como asesor de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, presidida por la congresista Catherine Palomino. Esta comisión es la encargada de revisar el pedido de amnistía para el sentenciado expresidente.
Sandoval descartó cualquier tipo de injerencia de Castillo con respecto a su contratación y resaltó sus méritos profesionales para ocupar el cargo.
