Al amparo de las facultades delegadas por el Congreso, el Gobierno de Keiko Fujimori publicó el Decreto Legislativo 1744 que busca fortalecer la lucha contra los delitos informáticos.
La norma modifica el Código Penal, la Ley de Delitos Informáticos, el Nuevo Código Procesal Penal y el Decreto Legislativo que regula el uso de los datos derivados de las telecomunicaciones para la identificación, localización y geolocalización de equipos de comunicación.
“El presente decreto legislativo tiene por finalidad optimizar la respuesta del Estado frente a las nuevas modalidades de criminalidad violenta, informática y organizada, en particular aquellas que involucran el uso de armas, tecnologías digitales, servicios de telecomunicaciones e instrumentos financieros”, señala.
Sobre el delito de extorsión, establece que la pena alcanza “al que, con conocimiento de su finalidad delictiva o debiendo presumirla, proporciona, cede o presta la utilización de cuentas bancarias, billeteras digitales, cuentas de dinero electrónico u otros productos o servicios financieros, propios o de terceros, destinados a recibir o canalizar la ventaja económica indebida exigida”.
Sobre el ingreso indebido de equipos o sistema de comunicación, fotografía y/o filmación en centros de detención o reclusión, dispone que si el agente se vale de su condición de autoridad, servidor o funcionario público penitenciario, la pena es no menor de quince años ni mayor de veinte años e inhabilitación.
Mediante el decreto legislativo, se incrementan las penas contra delitos violentos como el sicariato, robos agravados y secuestros.
“Artículo 108-D.- La conspiración y el ofrecimiento para el delito de sicariato
Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de diez ni mayor de doce años y con inhabilitación establecida en el numeral 6 del artículo 36, según corresponda:
(...)
La pena privativa de libertad será no menor de doce ni mayor de quince años, si las conductas antes descritas se realizan con la intervención de un menor de edad u otro inimputable, o desde el interior de un establecimiento penitenciario”“.
También sanciona a quienes borren o alteren los números de serie de las armas, a fin de evitar su ingreso al mercado ilegal, y castiga a quienes reporten falsos robos o pérdidas de estas ante la autoridad.
Además, mediante ajustes a la Ley N.° 30096 (Ley de Delitos Informáticos), penaliza el acceso ilícito a plataformas informáticas y fija prisión efectiva para los extranjeros expulsados que reingresen irregularmente al país.
