En edición extraordinaria del Diario Oficial El Peruano, el Gobierno de Keiko Fujimori publicó un nuevo decreto legislativo al amparo de las facultades otorgadas por el Congreso. Se trata de la norma que fortalece “la protección legal de los ciudadanos que actúen en legítima defensa frente a la delincuencia”.
“El presente decreto legislativo tiene por finalidad defender a la ciudadanía de los criminales, garantizando la adecuada aplicación de la legítima defensa y así evitar la vulneración del derecho a la libertad y debido proceso de los ciudadanos que defienden su integridad y la de terceros, así como sus bienes frente a agresiones actuales, ilegítimas y reales”, indica.
Con ese objetivo, modifica el numeral 3 del artículo 20 del Código Penal sobre ”inimputabilidad", añadiendo items y detalles referidos a los que están exentos de responsabilidad penal.
Establece que “se presume que quien ejerce la legítima defensa ha actuado de modo racional frente a la agresión, correspondiendo al Ministerio Público demostrar lo contrario”.
Además, dispone que “toda resolución judicial que descarte esa presunción requiere de motivación cualificada, bajo sanción de nulidad”.
¿Qué dice el decreto legislativo?
“Artículo 20.- Inimputabilidad
Está exento de responsabilidad penal:
[...]
3. El que obra en defensa de bienes jurídicos propios o de terceros, con uso de la fuerza, incluido el uso de la fuerza letal, siempre que concurran las circunstancias siguientes:
a) Agresión actual, ilegítima y real.
b) Necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla. Se presume que quien ejerce la legítima defensa ha actuado de modo racional frente a la agresión, correspondiendo al Ministerio Público demostrar lo contrario.
Se excluye para la valoración de este requisito el criterio de proporcionalidad de medios, considerándose en su lugar, entre otras circunstancias, la intensidad y peligrosidad de la agresión, la forma de proceder del agresor y los medios de que se disponga para la defensa, así como los bienes jurídicos que se protegen.
La racionalidad del medio empleado y su uso siempre deben valorarse desde la perspectiva de quien ejerce la defensa y conforme a las circunstancias existentes al momento de la agresión.
Toda resolución judicial que descarte esa presunción requiere de motivación cualificada, bajo sanción de nulidad.
Más detalles
El decreto legislativo incorpora además el segundo párrafo al numeral 1 del artículo 334 del Código Procesal Penal sobre la calificación.
“Para aquellos hechos en los que se investigue la posible actuación en legítima defensa, el fiscal deberá emitir una disposición en la cual se pronuncie de forma definitiva sobre el mismo, y de advertir la concurrencia copulativa de los supuestos previstos en los literales a), b) y c) del numeral 3 del artículo 20 del Código Penal, declara que no procede formalizar y continuar con la investigación preparatoria, y ordena el archivo de lo actuado”.
La norma lleva las firmas de la presidenta Keiko Fujimori; del jefe del Gabinete, Luis Galarreta; y el ministro de Justicia, Ernesto Álvarez.
