El Organismo de Estudio y Diseño de Proyectos de Inversión (OEDI) contrató, en marzo de 2026, a un consorcio para elaborar un expediente técnico de un proyecto de agua potable y alcantarillado en Satipo (distrito de Río Negro). El consorcio que ganó el contrato tiene como jefe de proyecto a Luis Paul Cabanillas Flores, sentenciado a tres años y cuatro meses por corrupción en el conocido caso de Chiclayo llamado “Los temerarios del Crimen”.
El caso de corrupción destapó una serie de coimas pagadas a funcionarios como el alcalde de Chiclayo, David Cornejo Chinguel, así como a regidores. El ingeniero Luis Cabanillas fue detenido en julio del 2019 y, tras reconocer que pagó 30 mil soles al entonces regidor Luis Pérez Bautista, fue sentenciado a tres años y cuatro meses de prisión.
A pesar de que la entidad puede evaluar y solicitar la sustitución del personal propuesto, el consorcio y Cabanillas ganaron la aprobación para liderar el proyecto.
Consultada al respecto, la entidad indica que no hay impedimento para contratar a Cabanillas porque la acreditación de ese profesional solo está sujeta a las bases –que ellos mismos establecieron–. Además, el OEDI sostiene no tenían conocimiento de las sanciones contra el jefe de proyecto. “No se han identificado documentos o comunicaciones que acrediten que el OEDI haya tomado conocimiento de la presunta inhabilitación permanente o de la condena judicial de 2019 atribuidas al ingeniero”, sostuvo.
Esta Unidad de Investigación publicó en setiembre un informe que reveló que el organismo solo había logrado aprobar un expediente en casi tres años de creación. Además, dio cuenta respecto de gastos en planillas, vestimenta y festejos en la entidad entonces a cargo de la exministra de Castillo, Jenny Ocampo Escalante, quien presentó su carta de renuncia días después.
Existe otro punto cuestionable en la adjudicación del proyecto en Río Negro. Y es que la obra fue entregada al consorcio pese a que incumplía la prohibición de que una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales no puede estar ubicada a menos de 500 metros de una vivienda para evitar problemas sanitarios.
Pese a ello, la obra inició actividades contractuales el 15 de abril de 2026. Tras los avances en la obra, se pudo comprobar que el terreno colindaba a tan solo 18 metros de un establecimiento hotelero y de una institución educativa.
Ante ese problema, el especialista del consorcio, Alfredo Héctor Santa Cruz Díaz, evaluó otro predio. El 26 de mayo de 2026, el consultor propuso formalmente reubicar el proyecto. Sin embargo, un día después, el OEDI y el Consorcio CYF suspendieron el contrato a 42 días después de su inicio.
El OEDI reconoce que el terreno alternativo aún no estaba definido cuando comenzó el contrato: “Al inicio del contrato no existía todavía un predio alternativo definido cuya disponibilidad pudiera asegurarse de manera previa”. Pese a ello, la suspensión del contrato con el consorcio CYF se levantó el pasado 10 de septiembre y la consultoría continúa con la elaboración del expediente técnico.
Actualmente la entidad viene publicando videos y maquetas en 3D que presenta como parte de la implementación de la metodología BIM –herramienta digital que permite diseñar y visualizar obras antes de construirlas–.
Sin embargo, consultada por este Diario sobre los modelos entregados a municipios, la entidad no precisó cuántos existen y reconoció que no cuenta con auditorías documentales para verificar estos proyectos, pero que sí capacita en ese ámbito en el marco de una ruta de implementación 2026-2027.
