La senadora Ruth Luque (Ahora Nación) alertó que la lideresa de la Nación Chapra y defensora ambiental Olivia Bisa Tirko sufrió un nuevo atentado en Loreto mientras viajaba junto a sus hijos. Según la información que recibió, los agresores habrían intentado provocar un accidente para luego atacarla directamente.
Luque resaltó que esta no es la primera amenaza que Bisa enfrenta por su labor en defensa de la Amazonía y de los derechos de su pueblo. Sin embargo, cuestionó que la defensora no haya recibido atención inmediata en la comisaría de San Lorenzo luego de este incidente, un hecho que consideró “especialmente grave” considerando los antecedentes.
"Una defensora amenazada no puede acudir a una dependencia policial en busca de protección y encontrarse sin una respuesta oportuna. La Policía debe explicar lo ocurrido y garantizar una actuación inmediata frente a situaciones de riesgo", afirmó la senadora a través de una publicación en su cuenta de X (antes Twitter).
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¿Cómo ocurrió el nuevo atentado contra Olivia Bisa?
Según la Nación Chapra, el hecho ocurrió aproximadamente a las 6:00 p. m. del domingo 6 de septiembre cuando Olivia Bisa, su esposo, su suegra y sus dos hijos se trasladaban hacia la ciudad de San Lorenzo, en la provincia de Datem del Marañón, Loreto.
En ese momento, una mototaxi se interpuso deliberadamente en su camino, obligando al vehículo en el que se trasladaba la familia a realizar una maniobra de emergencia para evitar caer al barranco. Esta acción puso en grave e inminente riesgo la vida de la familia Bisa y, especialmente, de sus dos menores hijos.
Pero la intimidación no terminó allí. Según la Nación Chapra, los ocupantes de la mototaxi (dos varones y una mujer) siguieron a la presidenta y a su familia hasta la comunidad nativa Angamos. Allí, uno de los sujetos habría realizado gestos intimidatorios simulando un arma de fuego y señalando directamente hacia la cabeza de Olivia.
Denuncian que comisaría se negó a recibir denuncia
Pese al grave riesgo enfrentado, la Nación Chapra denunció que personal de la Comisaría de San Lorenzo se negó a registrar inicialmente la denuncia por este incidente. “(…) al acudir a dicha dependencia para informar sobre lo ocurrido, el comisario se negó a recibir la denuncia bajo el argumento de que ‘no se veían amenazas’”, señaló la organización.
Ante ello, denunciaron que existe una “grave y peligrosa falla” del Estado peruano en su obligación de proteger la vida de quienes defienden sus territorios y sus derechos. “¿Qué están esperando para considerar esta situación una amenaza? ¿Tiene que morir una persona defensora para que las autoridades actúen?”, agregaron.
Solicitan activar y reforzar protección a favor de Olivia Bisa
La Nación Chapra exigió a las autoridades garantizar de manera inmediata medidas de protección efectivas para Bisa y su familia, identificar a los involucrados e investigar la negativa inicial a recibir la denuncia en la comisaría de San Lorenzo. Además, demandaron que se active y aplique de manera efectiva el Mecanismo Intersectorial para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos, tomando en cuenta los antecedentes de riesgo de la presidenta
En su mensaje, la representante del Senado, Ruth Luque, también exigió al Ministerio de Justicia, a la Policía Nacional y a las demás instituciones competentes activar y reforzar con urgencia las medidas de protección para Olivia Bisa y su familia, así como investigar los hechos, identificar a los responsables y garantizar que no haya impunidad.
"En territorios donde avanzan las economías ilegales, proteger a las personas defensoras también significa recuperar la autoridad del Estado. No podemos dejar a Olivia Bisa ni a ninguna defensora enfrentando sola estas amenazas", apuntó.
Más organizaciones se suman al pedido de protección
Las nuevas amenazas contra Bisa también demandaron el pronunciamiento de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), que recordó la obligación del Estado de garantizar las condiciones de seguridad para quienes defienden sus territorios y no esperar a que ocurra una agresión para intervenir.
CooperAcción se pronunció en el mismo sentido. "El Estado no puede esperar a que ocurra una agresión para actuar. En el Perú, decenas de líderes indígenas han sido asesinados en la última década y varias decenas más permanecen amenazados de muerte. Exigimos al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos activar con urgencia las medidas de protección que correspondan para Olivia y su familia", señaló la organización.