Las obras de saneamiento de los proyectos privados analizados en el estudio “Rompiendo la inercia” registraron una mediana de 23 meses entre el fin de su construcción y la emisión de la carta de recepción, según el Grupo de Análisis para el Desarrollo (Grade). Durante esa transición, parte de las inmobiliarias asumió provisionalmente la operación de los servicios.
Álvaro Espinoza, investigador adjunto de Grade, explicó que las redes de una urbanización necesitaban integrarse con la infraestructura de abastecimiento y tratamiento, además de contar con una empresa prestadora de servicios de saneamiento (EPS) capaz de recibirlas y operarlas.
“Tenemos municipios que hacen redes, pero no hay agua que llegue a esas redes. No hay fuente, o no hay suficiente potabilización, o lo que corresponda”, señaló al explicar los problemas de coordinación entre las inversiones.
Espinoza presentó el estudio en el marco de la difusión de los resultados del mercado inmobiliario de Lima Metropolitana al tercer trimestre del 2026, a cargo de la Confederación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú (Codip).
Según el informe, la construcción de la infraestructura sanitaria privada tomó una mediana de 4,5 meses, mientras que el ciclo completo entre la solicitud de factibilidad y la carta de recepción alcanzó los 36 meses. El intervalo entre la solicitud y la aprobación del expediente fue de 21 meses. Los plazos de cada etapa procedieron de subconjuntos distintos y no debían sumarse.
El estudio identificó quién estuvo a cargo de operar los servicios de agua y saneamiento en 92 proyectos inmobiliarios. En 66, las propias inmobiliarias habían asumido esa tarea alguna vez y en 27 continuaban haciéndolo al 31 de julio del 2026. Para otros 65 proyectos se pudo determinar cuánto había durado esa operación provisional, cuya mediana fue de 22 meses.
El documento señaló que las inmobiliarias podían mantener provisionalmente los servicios de agua y saneamiento para abastecer a las familias mientras se completaba la recepción de las obras. Sin embargo, advirtió que debían definirse responsabilidades y garantizarse el respaldo regulatorio correspondiente.
Espinoza sostuvo que fortalecer a las EPS era necesario para que pudieran gestionar la infraestructura que recibían y asegurar su funcionamiento.
“Las EPS de cada ciudad están muy debilitadas, no tienen cómo financiarse, no tienen las capacidades técnicas y por lo tanto no van a poder manejar un sistema tan complejo”, afirmó.
El estudio también encontró que, cuando la infraestructura pública no alcanzó, algunos desarrolladores incorporaron pozos, bombeos o plantas de tratamiento. Cada componente adicional estuvo asociado con un costo sanitario por vivienda aproximadamente 35,3% mayor, considerando el tamaño del proyecto y la ciudad.
Para reducir los tiempos, el informe propuso conocer la capacidad de abastecimiento antes de diseñar las urbanizaciones e involucrar a las EPS desde la factibilidad. También recomendó establecer responsables y plazos para seguir las obras hasta su recepción y operación efectiva.
