La Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin Perú) anunció una movilización nacional a partir del 23 de noviembre para pedir que el proceso de formalización minera sea ampliado por cuatro años más y que se realicen cambios en el régimen de concesiones mineras que, según el gremio, limita el acceso de los pequeños productores a áreas de trabajo.
La medida responde a la proximidad del vencimiento del proceso de formalización, fijado para el 31 de diciembre de 2026. Ante este escenario, los dirigentes mineros afirman que miles de trabajadores aún no han logrado culminar los trámites requeridos para operar dentro de la legalidad y consideran necesario extender el plazo hasta 2030.
En su plataforma de lucha, Confemin plantea como principal demanda que los diputados y senadores aprueben una nueva ampliación del proceso de formalización. El gremio argumenta que cuatro años adicionales permitirían a los mineros artesanales cumplir con los requisitos pendientes y evitar que queden fuera del sistema. Sin embargo, quienes se oponen a estas iniciativas legislativas que ya existe en el Congreso, es que en 10 años no hubo un avance real de formalización, pues menos del 3% de los inscritos en el REINFO lograron formalizarse.
Además, los mineros también exigen una reforma al régimen de concesiones mineras para poner fin a lo que califican como “acaparamiento” de concesiones ociosas. Según el gremio, existen áreas concesionadas que no son explotadas, pero que siguen bajo control de sus titulares, lo que dificulta que pequeños mineros puedan desarrollar actividades productivas y avanzar en su formalización.
Asimismo, demandan que el Poder Ejecutivo realice un censo nacional que incluya tanto a los mineros inscritos en el proceso de formalización como a aquellos que aún no cuentan con registro. A su juicio, una base de datos más completa permitiría diseñar políticas públicas más ajustadas a la realidad del sector.
Otro de los pedidos es la elaboración de una nueva ley para la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE), que reconozca las distintas modalidades de trabajo existentes en el país, entre ellas la minería de socavón, aluvial, de minerales no metálicos, polimetálicos y las actividades desarrolladas por pallaqueras.
Con estas demandas, el sector busca incrementar la presión sobre las autoridades en las semanas previas al cierre del proceso de formalización.
