Rodrigo Paz, el primer presidente de Bolivia favorable a los inversionistas en más de 20 años, quiere atraer a mineras internacionales para explotar las reservas de cobre, oro, plata y otros minerales críticos del país. Pero casi medio millón de mineros locales se podrían interponer en su camino.
Las cooperativas que representan a esos mineros son una de las fuerzas políticas más poderosas del país: agrupan el 8% de la fuerza laboral y representan la mitad de la extracción minera de Bolivia. Durante décadas han explotado las riquezas minerales del país con escasa supervisión y regulación, y en repetidas ocasiones han doblegado a los gobiernos mediante protestas que prácticamente paralizan el país.
Pero Paz no se deja intimidar. “¿Por qué queremos ser pobres si tenemos todo lo necesario para convertirnos en un país altamente desarrollado?”, afirmó, en referencia al potencial minero de Bolivia, cuyos ingresos por exportaciones son muy bajos en comparación con los de sus vecinos Perú y Chile.
La magnitud de su desafío quedó al descubierto en mayo, cuando miles de mineros cooperativistas avanzaron hacia el palacio presidencial en La Paz, algunos arrojando cartuchos de dinamita. Finalmente, el primer gobierno no socialista en décadas cedió en gran medida a las demandas de mayor acceso a combustible, explosivos y nuevas áreas para explotar. Las tensiones resurgieron en julio, cuando disputas internas entre cooperativas rivales obligaron a las autoridades a abandonar los planes para una inusual cumbre que reuniría a mineros locales y estatales con empresas privadas para definir el futuro de la industria.
“No se puede simplemente borrarlos del mapa”, señaló Tom Larsen, presidente y director ejecutivo de Eloro Resources Ltd., una empresa de exploración con sede en Toronto que busca explotar un gran descubrimiento de plata y estaño en Bolivia. “Son una parte importante del tejido boliviano”.
Una reforma integral de las leyes mineras nacionalistas de Bolivia erosionaría muchos de los privilegios de los que gozan las cooperativas. Por eso, el gobierno de Paz, aún afectado por los disturbios de comienzos de este año, ha optado por cambios más graduales. Planea enviar al Congreso modificaciones específicas, entre ellas permitir que empresas privadas se asocien con cooperativas, reforzar los derechos de desarrollo de las empresas mineras y aliviar los impuestos, según un funcionario. Paralelamente, trabaja en una reforma más amplia del código minero para modernizar la industria y mejorar la seguridad jurídica.
“La transición para convertir a Bolivia en un lugar seguro para la inversión debe darse mediante normas y leyes, pero también tiene que incluir a los distintos sectores sociales”, señaló Paz en una entrevista con Wall Street Week de Bloomberg en mayo.
Hay señales de que la reputación de Bolivia como destino reservado únicamente para los inversionistas con mayor tolerancia al riesgo está empezando a cambiar. Operadores privados que ya están en el país evalúan expansiones y afirman haber sido contactados por potenciales nuevos participantes. Decenas de pequeñas empresas de exploración están considerando invertir si el gobierno lleva a cabo las reformas previstas, señaló el funcionario. Recuperar a los grandes gigantes mineros mundiales será mucho más difícil, ya que requerirá que Paz resuelva décadas de riesgo jurídico y político sin provocar a las poderosas cooperativas.
“Hay compañías que están analizando discretamente oportunidades en este momento”, dijo Quinton Hennigh, geólogo veterano que dirige la firma canadiense que en 2023 compró a Sumitomo Corp. la mina a cielo abierto San Cristóbal en Bolivia. “Pero todo depende de estos cambios fundamentales”.
El éxito traería consigo los ingresos por exportación que necesita desesperadamente una economía sumida en la crisis más grave de las últimas décadas, al tiempo que crearía una nueva fuente de minerales, desde antimonio hasta zinc, en momentos en que gobiernos de todo el mundo compiten por diversificar las cadenas de suministro de minerales críticos.
Los mineros
Personas como Óscar Chavarría tienen el poder para hacer realidad estos cambios.
Desde su oficina en Potosí, donde se encuentra el Cerro Rico —la montaña cuya plata financió al Imperio español—, Chavarría dirige una de las mayores federaciones de cooperativas mineras de Bolivia. El movimiento creció drásticamente tras el colapso de la industria minera estatal en la década de 1980, y hoy en día abarca desde mineros de subsistencia hasta extensas operaciones comerciales con escasa regulación.
“Potosí debería ser como Dubái”, afirmó Chavarría. “Debería ser una maravilla, pero la riqueza que se extrae de aquí se la llevan”, en referencia a la creencia ampliamente arraigada entre los bolivianos de que los políticos permiten que las empresas extranjeras se lleven los recursos naturales del país.
Chavarría, al igual que Paz, tiene razones para pensar que se puede generar mucho más dinero. Bolivia comparte con Chile y Perú el mismo cinturón andino rico en minerales, alberga los segundos mayores recursos identificados de litio del mundo y se mantiene entre los 10 principales productores de plata, estaño, zinc y plomo. Solo sus reservas de plata, estaño, plomo y antimonio reconocidas por el Servicio Geológico de Estados Unidos tienen un valor bruto in situ de aproximadamente US$ 75,000 millones a los precios actuales.
Décadas de falta de inversión y exploración limitada han dejado gran parte de su potencial geológico subdesarrollado o sin explotar. El geólogo económico Osvaldo Arce estima que las zonas mineralizadas cubren aproximadamente tres cuartas partes del país y afirma que los recursos podrían terminar siendo al menos el doble de las estimaciones actuales. Calcula que los proyectos que ya se encuentran en etapas avanzadas podrían atraer unos US$ 3,000 millones en inversión y sumar más de US$ 1,000 millones anuales en exportaciones.
Pero la expansión de la minería informal y la debilidad de las protecciones jurídicas han disuadido la inversión extranjera. Grandes mineras como Glencore Plc y Newmont Corp. han abandonado el país, mientras la intervención estatal ha sido en ocasiones más directa: en 2012, Bolivia revocó concesiones en manos de la canadiense South American Silver Corp. Ninguna mina importante ha entrado en producción desde 2008, lo que deja a la producción cada vez más dependiente de operaciones envejecidas. El gasto en exploración está rezagado frente al de sus pares regionales, mientras las exportaciones minerales, de US$ 5,000 millones, son una fracción de las de Chile.
El gobierno espera revivir un modelo abandonado en gran medida durante la presidencia de Evo Morales, que permite que las cooperativas que poseen derechos mineros se asocien con compañías capaces de aportar financiamiento, exploración, tecnología y procesamiento moderno. Estos acuerdos podrían liberar depósitos que las cooperativas no pueden explotar por sí solas, al tiempo que darían a los mineros acceso a mejores equipos, mayor productividad y estándares ambientales y de seguridad más sólidos.
“El Estado tiene el desafío de llevar a las cooperativas hacia una mayor producción, sofisticación y sostenibilidad”, señaló Pablo Ordóñez, abogado boliviano que asesora a compañías mineras.
La necesidad de un cambio es visible dentro del propio Cerro Rico.
Tras casi cinco siglos de minería, la montaña está atravesada por miles de túneles y marcada por unos 150 hundimientos. Las autoridades han cerrado sectores del sitio declarado Patrimonio Mundial por la Unesco mientras los ingenieros intentan preservar su emblemática forma cónica y los mineros cooperativistas siguen explotando las vetas de plata restantes.
Deymar Silvestre trabaja dentro del Cerro Rico desde los 16 años. Al terminar su turno, el minero se reúne con sus compañeros en las profundidades de la montaña, donde mastican hojas de coca, beben alcohol y hacen ofrendas a El Tío, una figura con cuernos que, según sus creencias, los protege del peligro y custodia la riqueza mineral del cerro.
“A veces quisiera buscar otro tipo de trabajo, pero no hay nada más”, señaló Silvestre. Meses antes, su hermano menor murió en un accidente minero.
Cientos de metros más arriba, Freddy Llanos observa la montaña desde una perspectiva diferente.
Llanos, exminero cooperativista que ahora dirige la comisión de preservación del Cerro Rico en la Universidad Autónoma Tomás Frías, afirma que generaciones de explotación con una visión de corto plazo y escasa reinversión han llevado a Bolivia a agotar su patrimonio minero en lugar de desarrollar una nueva generación de minas.
“Es por lo que somos pobres”, afirmó. “Después de 500 años, hemos crecido de una manera desordenada”.
La minería ha moldeado a Bolivia desde antes de la conquista española, desde la metalurgia prehispánica y el auge de la plata en torno al Cerro Rico hasta el predominio del estaño en el siglo XX.
Bolivia nacionalizó sus minas más grandes después de la revolución de 1952 y las puso bajo el control de la estatal Comibol. Cuando los precios del estaño se desplomaron en la década de 1980, miles de mineros despedidos ocuparon túneles abandonados, dando origen al actual movimiento cooperativista. Un auge de la exploración en la década de 1990 llevó a descubrimientos como San Cristóbal, antes de que las políticas nacionalistas sobre los recursos naturales del gobierno de Morales redujeran drásticamente la actividad exploratoria.
Alianzas incipientes
Aproximadamente una hora al sur de Potosí, el distrito de Porco ofrece un anticipo del futuro que el gobierno proyecta para la minería boliviana.
Cada mañana, cientos de mineros llegan a la montaña en camiones y motocicletas. Algunos trabajan para cooperativas; otros descienden a las labores subterráneas de Sinchi Wayra, la filial boliviana de Santacruz Silver Mining Ltd.
Cuando Santacruz, con sede en Vancouver, compró las minas bolivianas de Glencore en 2022, heredó una relación con las cooperativas locales que se ha vuelto fundamental para su estrategia. En Porco, la compañía permite que dos cooperativas exploten sectores de la montaña donde ya no opera, mientras sus empleados trabajan en zonas más profundas.
“Nuestra relación con las cooperativas es esencial”, señaló Wáscar Enríquez, jefe de gestión social de Sinchi Wayra, mientras observaba una ladera atravesada por túneles de las cooperativas.
El acuerdo ilustra tanto las oportunidades como los riesgos de la estrategia del gobierno: las cooperativas obtienen acceso a trabajo e infraestructura, mientras la compañía reduce las disputas por zonas que ya no considera económicamente viables.
Sin embargo, el aumento de los precios de los metales puede reavivar rápidamente las disputas por los derechos mineros, y las compañías señalan que la ocupación ilegal de concesiones sigue siendo uno de los principales obstáculos para la inversión en el sector.
“El espíritu de las cooperativas se distorsionó”, dijo Alfredo Salles, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Sinchi Wayra. “Se han convertido en empresas privadas administradas por algunos socios que contratan a trabajadores bajo condiciones ilegales y evaden impuestos. Eso desincentiva las inversiones legítimas”.
La débil supervisión y la escasa trazabilidad permiten que minerales de origen informal y potencialmente ilegal se mezclen con la producción legítima, lo que dificulta la fiscalización del sistema. La reforma exigirá compromisos de todas las partes, y algunas cooperativas temen que una mayor asociación con compañías privadas pueda relegarlas al papel de simples contratistas.
Por su parte, algunos dirigentes cooperativistas quieren que el Estado recupere concesiones subutilizadas en manos de empresas privadas y las reasigne a mineros locales.
“No es que nosotros solo sacamos y hacemos dinero; también asumimos riesgos”, señaló Omar Choquetilla, quien dirige la cooperativa Kory Mayu de Potosí. “La gente cree que no contribuimos, que no pagamos impuestos. Pero hay deducciones por ley, incluidas las regalías. Nosotros sí contribuimos”.
Renovado interés
Algunas compañías ya se preparan para una posible apertura.
Santacruz está acelerando un proyecto en Bolivia y buscando adquisiciones, además de ayudar a un grupo de compañías de exploración a evaluar una posible entrada al país, señaló el presidente ejecutivo, Arturo Préstamo.
Los esfuerzos del gobierno por reforzar la seguridad jurídica y estrechar vínculos con las cooperativas han aumentado su optimismo sobre Bolivia, afirmó Préstamo, aunque reconoció que Paz ha perdido parte del capital político necesario para impulsar las reformas.
Los grupos del sector están presionando al gobierno para que refuerce la protección contra la ocupación ilegal de concesiones, agilice los permisos y brinde la seguridad jurídica necesaria para atraer inversiones de mayor escala.
El fuerte aumento de los precios está dificultando aún más la tarea, señaló Ilse Beltrán, gerente general de la Asociación Nacional de Mineros Medianos de Bolivia. “Cuando los precios suben, la informalidad tiende a crecer”.
Incluso si las cooperativas aceptan asociarse con compañías privadas, los mayores yacimientos de Bolivia requieren demasiado capital y son demasiado complejos técnicamente para ser desarrollados por mineros locales, por lo que necesitarán operadores internacionales experimentados capaces de invertir miles de millones de dólares durante décadas.
Aun así, los asesores afirman que Bolivia está despertando un renovado interés tras años fuera del radar de los inversionistas. Las autoridades han promocionado proyectos ante salas repletas en conferencias mineras internacionales, firmado un acuerdo sobre minerales críticos con Estados Unidos e intensificado los contactos con Canadá, Australia y Corea del Sur. La Bolsa de Toronto celebró este año su primer evento para inversionistas en Bolivia. Aunque el país siguió cerca de los últimos lugares en atractivo para la inversión minera en la última encuesta del Fraser Institute, registró una de las mayores mejoras en la percepción de sus políticas.
San Cristobal Mining Inc. estudia una expansión en Bolivia que podría más que duplicar su producción de plata en los próximos años. Al mismo tiempo, el director ejecutivo Hennigh afirmó que mantiene conversaciones con otras compañías mineras interesadas en ingresar al país y que la mayor parte de ese interés surgió desde la elección de Paz el año pasado.
Sin embargo, es probable que las grandes mineras esperen pruebas de que Bolivia puede ofrecer mayor seguridad jurídica y un régimen tributario competitivo, contener la minería informal y demostrar que las reformas pueden sobrevivir a la volatilidad política del país. Pero el cambio de percepción ya es tangible.
“El período de luna de miel ha terminado, pero creo que va por el camino correcto”, señaló Préstamo sobre el presidente Paz. “Si se producen estos cambios jurídicos y políticos, veremos regresar a las grandes compañías mineras”.