La participación de menores de edad en actividades laborales continúa siendo una realidad para miles de familias peruanas. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), al cierre de 2025, cerca de 1,8 millones de niñas, niños y adolescentes de entre 5 y 17 años estaban vinculados a alguna forma de trabajo dentro o fuera de sus hogares. Esta cifra representa el 21,9% de la población de ese grupo etario y evidencia una situación en la que confluyen las dificultades económicas, la pobreza y las brechas sociales.
En medio de este escenario, el Movimiento de Adolescentes y Niños Trabajadores Hijos de Obreros Cristianos (MANTHOC) aprovechó la conmemoración de su 50 aniversario para trasladar las preocupaciones de sus integrantes al Congreso de la República. La organización desarrolló un seminario internacional en el que se discutieron los obstáculos que enfrentan las infancias trabajadoras y la necesidad de involucrarlas en las decisiones públicas.
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La jornada, denominada “Seminario Internacional 50 años del MANTHOC: Memoria, protagonismo y desafíos de las niñeces y adolescencias trabajadoras organizadas”, permitió que delegados de distintas partes del país expusieran sus propuestas. Como parte de la actividad, entregaron un petitorio a Romina Uribe, del partido del Buen Gobierno; Ángel Meneses, de Ahora Nación; y Tania Pariona, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH).
¿Qué medidas solicitan los niños y adolescentes trabajadores?
Entre las principales preocupaciones expuestas durante el encuentro se encuentran las situaciones de violencia que afectan a los menores, las dificultades para acceder a una educación en igualdad de condiciones y las consecuencias del cambio climático sobre las poblaciones rurales. Frente a estos problemas, los representantes de MANTHOC solicitaron una respuesta más efectiva de las instituciones públicas, así como el fortalecimiento de la Educación Sexual Integral (ESI) y la asignación de recursos mediante un presupuesto participativo dirigido a la infancia.
Uno de los testimonios que reflejó estas preocupaciones fue el de Jade, una delegada nacional de 14 años, quien pidió que las niñas, niños y adolescentes sean escuchados y reconocidos por sus capacidades, sin que ello implique ignorar los riesgos que enfrentan.
“Somos niñas, niños y adolescentes con derechos, sabemos organizarnos, opinar y ayudar a nuestras familias. Nos sentimos comprometidos con la acción para llegar a ser una sociedad donde se reconozcan nuestras capacidades para aportar nuestro granito de arena. No queremos que nos miren con pena por lo que nos falta y nos maltraten. Tampoco queremos que nos exploten y pongan en riesgo nuestras vidas”, expresó Jade.
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La defensa de estos derechos forma parte de la trayectoria de MANTHOC desde su creación en 1976, trece años antes de la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño. A lo largo de cinco décadas, el movimiento ha promovido espacios de organización y participación para que los menores puedan expresar sus necesidades y contribuir a la búsqueda de soluciones. Su postura se resume en una consigna que mantiene desde sus inicios: “Sí al trabajo digno, no a la explotación”.
Para los integrantes de la organización, las políticas dirigidas a la niñez trabajadora deben ir más allá de las restricciones y ofrecer oportunidades que permitan mejorar sus condiciones de vida. Por ello, consideran necesario impulsar programas de becas y alternativas de formación que contribuyan a su desarrollo, sin comprometer derechos fundamentales como la educación, la salud, el descanso y la recreación.
Otro de los temas abordados fue la relación entre la infancia y la violencia estatal. Rossana Mendoza, especialista en políticas sociales y promoción de la infancia, presentó su investigación “Acción Participativa, Infancia y Violencia del Estado”, en la que examinó la respuesta de las organizaciones de menores frente a los hechos ocurridos durante las protestas sociales de 2022 y 2023. Según lo expuesto, entre las víctimas mortales de aquellas jornadas hubo siete adolescentes, una situación ante la cual la niñez trabajadora organizada continuó reclamando justicia.
Por su parte, Luis Pedernera, quien integró el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas entre 2017 y 2025, puso atención en los problemas estructurales que condicionan el bienestar de los menores. Durante su participación, advirtió que el escaso crecimiento económico, la distribución desigual de los recursos y el deterioro de las instituciones repercuten negativamente en sus oportunidades de desarrollo.
El especialista también hizo referencia a la insuficiente inversión destinada a la infancia y a la necesidad de que los Estados asuman sus obligaciones para garantizar el ejercicio de sus derechos.
