A casi diez años del fenómeno de El Niño Costero de 2017, ninguno de los sistemas de drenaje pluvial proyectados para las principales ciudades del norte del país está terminado. Así lo advirtió a La República Guido Valdivia, vicepresidente ejecutivo de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), quien alertó que la infraestructura pendiente podría dejar a estas localidades expuestas a inundaciones de una magnitud similar o incluso mayor a la registrada hace casi una década.
El retraso de estas obras se suma a las dificultades del Estado para ejecutar proyectos de infraestructura. Para el representante gremial, los problemas no responden únicamente a demoras puntuales, sino también a deficiencias en la forma en que se contratan y gestionan las inversiones públicas.
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Drenajes pluviales pendientes desde 2017 elevan el riesgo de inundaciones
Valdivia identificó los sistemas de drenaje pluvial de las ciudades del norte como una de las principales obras pendientes de la reconstrucción posterior a El Niño Costero. Tumbes, Piura y otras localidades hasta Trujillo todavía no cuentan con esta infraestructura terminada, pese a que fue considerada entre las intervenciones necesarias para reducir el impacto de las lluvias.
En ese contexto, advirtió que las inundaciones podrían alcanzar niveles de afectación similares o incluso superiores a los de 2017. La mayor severidad que podría alcanzar el próximo fenómeno incrementaría la exposición de las ciudades que todavía no cuentan con los sistemas de drenaje previstos.
El problema también alcanza a las intervenciones para proteger zonas vulnerables. De los aproximadamente 1.800 puntos críticos identificados, Valdivia señaló que solo se habría atendido alrededor de una tercera parte. El avance de estos trabajos será determinante para reducir los daños ante las próximas lluvias.
El vicepresidente de Capeco atribuyó parte de los retrasos a problemas estructurales en la gestión de las obras públicas, desde la selección de contratistas hasta la evaluación de las soluciones técnicas.
"La forma en que el Estado contrata y gestiona las infraestructuras es absolutamente ineficiente, no permite seleccionar bien a los contratistas, no valora las soluciones técnicas y, además, sigue siendo muy permeable a la corrupción", señaló.
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S/1.500 millones no bastarían para completar los drenajes pluviales del norte
Consultado sobre los S/1.500 millones anunciados por la presidenta Keiko Fujimori para prevenir los efectos del fenómeno El Niño, Guido Valdivia sostuvo que ese monto no sería suficiente para completar los sistemas de drenaje pluvial de las principales ciudades del norte, cuya ejecución requiere una inversión mucho mayor.
El representante gremial recordó que, tras El Niño Costero de 2017, el plan de reconstrucción contemplaba más de S/23.000 millones para atender emergencias, reconstruir infraestructura y ejecutar obras de prevención.
Valdivia advirtió que el tiempo disponible para terminar las obras preventivas antes de la llegada de las lluvias es cada vez menor. "Lo que no se termine en las próximas semanas ya no se va a poder utilizar más, ya será el recurso para la emergencia", sostuvo.
En ese escenario, las intervenciones que no se completen oportunamente dejarán de cumplir una función preventiva y los recursos tendrán que destinarse a atender los daños. Entre las acciones que mencionó para esa etapa figuran la habilitación de puentes temporales, la limpieza de carreteras afectadas por huaicos y las soluciones de alojamiento para las familias damnificadas.
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Lima: la Vía Expresa podría acumular 1,5 metros de agua
Aunque el norte concentra la mayor exposición frente al fenómeno El Niño, Valdivia advirtió que Lima tampoco está preparada para afrontar lluvias de gran intensidad. Mencionó la activación de quebradas en la capital y la posibilidad de que Ica también registre afectaciones.
En Lima, el representante de Capeco señaló que más de una veintena de pasos a desnivel podrían verse afectados por las precipitaciones. Uno de los puntos de mayor preocupación sería la Vía Expresa del Paseo de la República, donde el agua podría alcanzar una altura de 1,5 metros en la parte baja.
La situación sería incluso más complicada en la bajada de Armendáriz, donde, debido a la pendiente del terreno, el agua podría superar los tres metros. Valdivia explicó que el riesgo para los conductores aumentaría si los vehículos quedan atrapados en medio de una congestión.
"Imagínense ustedes que haya un atolladero como los que hay siempre y no se puedan mover los autos a un metro y medio. Obviamente, todos los autos van a estar debajo del agua", advirtió.
Si se repite el daño de 2017, reconstruir 22.000 viviendas demandaría S/1.500 millones
La reconstrucción de viviendas sería otro de los principales gastos que tendría que afrontar el Estado si se repite un escenario de daños similar al de 2017. Tras aquel fenómeno, alrededor de 22.000 viviendas tuvieron que ser reconstruidas, aunque inicialmente se había estimado que unas 40.000 resultarían afectadas.
Tomando como referencia las viviendas reconstruidas entonces, Valdivia estimó que se necesitarían al menos S/1.500 millones solo para subsidios habitacionales. El cálculo no incluye los gastos de alquiler temporal ni otras soluciones de alojamiento para las familias que pierdan sus casas, y está condicionado a que la cantidad de viviendas por reconstruir alcance una magnitud similar a la del evento anterior.
El representante gremial también planteó que las familias asentadas en zonas de riesgo no mitigable deberán ser trasladadas y que se debe evitar que esos terrenos vuelvan a ocuparse.
"Hay gente que tendrá que ser trasladada porque viven en zonas de riesgo no mitigable y hay que procurar también que esas zonas no se vuelvan a ocupar, cosa que ha ocurrido entre el 2017 y ahora", señaló.
Otra medida que propuso es implementar seguros catastróficos para la infraestructura vial administrada directamente por el sector público. A diferencia de las carreteras concesionadas, que cuentan con coberturas establecidas en sus contratos, las vías públicas deberían tener mecanismos similares para agilizar la atención de emergencias sin depender exclusivamente de los recursos del Tesoro Público.
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Construcción cayó 25% en 1983 y 11,5% en 2023 durante El Niño
El impacto de un nuevo fenómeno El Niño sobre la actividad constructora dependerá de la severidad de los daños. Valdivia recordó que durante el primer trimestre de 1983 el PBI de la construcción cayó 25%. Cuatro décadas después, en el primer trimestre de 2023, el sector retrocedió 11,5%, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en un periodo marcado por lluvias intensas, inundaciones y huaicos.
El representante de Capeco consideró difícil anticipar cuánto podría caer la actividad esta vez. Sin embargo, advirtió que los daños en viviendas e infraestructura pueden afectar la ejecución de obras y el desempeño del sector.
A este escenario se suma el cambio de autoridades regionales y municipales previsto para enero de 2027. Valdivia señaló que la llegada de nuevos funcionarios podría dificultar la respuesta si no se trabaja anticipadamente con las autoridades electas para reducir el tiempo de adaptación.
"La gran mayoría es gente nueva. Tendrá que trabajarse desde ahora con las autoridades electas para poder reducir el plazo que se llama de adaptación. La curva de aprendizaje va a tener que ser de días y eso afecta", manifestó.
Más allá de la emergencia inmediata, el representante gremial sostuvo que la limpieza de cauces, la protección de riberas y la construcción de reservorios y canales en las partes altas de las cuencas deben convertirse en tareas permanentes. Estas obras permitirían almacenar parte del agua de lluvia y reducir el caudal que llega a las zonas bajas.
Valdivia consideró que la prevención debe mantenerse como una política pública que no dependa de los cambios de Gobierno ni de la proximidad de un desastre.
"El Perú es un país de emergencia permanente. [...] Necesitamos una política de Estado de prevención frente a los fenómenos naturales", concluyó.
