Los salones dorados del Palacio Konstantinovski, en San Petersburgo, brillaban como en tiempos de los zares. A un lado de la mesa aguardaba Vladimir Putin, exagente soviético y hombre fuerte del Kremlin desde hace más de 25 años. Enfrente, Steve Witkoff, un promotor inmobiliario de Nueva York al que Donald Trump ha convertido en emisario para negociar el fin de la guerra en Ucrania. La escena pareció ejercer sobre el estadounidense el efecto buscado. Rodeado de mármol, espejos y siglos de poder ruso, Witkoff prodigó elogios a su anfitrión y acabó describiendo a Putin como un “humanista”. La palabra tardó poco en recorrer el mundo. Un humanista: el mismo hombre sobre quien pesa una orden de arresto de la Corte Penal Internacional por la deportación ilegal de niños ucranianos. No tiene, desde luego, sentido detenernos aquí en los argumentos y hechos que sustentan dicha imputación. Porque el episodio, en realidad, condensa una inversión histórica mucho más reveladora. Hace 40 años, Ronald Reagan se plantó frente a un imperio más fuerte y extenso que la Rusia de Putin con una doctrina firme, además de sencilla: la paz a través de la fuerza; o, dicho de otro modo, la paz a través de la superioridad militar. Incapaz de sostener la disputa planteada en esos términos por Washington, el castillo soviético terminó por derrumbarse.
Pero entonces los estadounidenses llegaban al Kremlin para imponer condiciones. Ahora llegan para dar las gracias. La brecha no se mide únicamente en el poder de los Estados, sino en la formación de quienes han acabado representándolos. De un lado, los fríos profesionales de la escuela soviética, educados durante décadas para negociar como si cada palabra pudiera alterar una frontera o desencadenar una guerra nuclear; del otro, promotores e inversores inmobiliarios. Todavía es imposible medir las consecuencias de semejante asimetría o el daño que podría causar, a largo plazo, a la influencia internacional de Estados Unidos. Los hechos conocidos hasta ahora, sin embargo, no hacen sino acentuar el desequilibrio: Steve Witkoff se habría reunido a solas, sin asesores y únicamente con los intérpretes autorizados por el Kremlin, con Vladimir Putin. Quizá por eso lo que representa la mesa dorada del Palacio Konstantinovski no es solo una negociación. ¿Y si ahí comenzara a dibujarse el mundo que viene?
Para entender lo que acaso empieza a decidirse en San Petersburgo hay que volver 80 años atrás, a la antigua residencia de verano de los zares. En febrero de 1945, Roosevelt, Churchill y Stalin se encerraron durante ocho días en Yalta para ordenar el mundo que sobreviviría a Hitler. Aquella lógica pareciera estar regresando. Las grandes potencias vuelven a reclamar zonas de influencia, fronteras que no necesitan aparecer sobre un mapa para que todos sepan dónde empiezan y terminan. Claro que el reparto ya no necesita la brutal claridad de 1945. Una potencia no tiene que ocupar un país ni escoger personalmente a sus gobernantes para permanecer dentro de ella. Maduro cayó, Delcy Rodríguez conserva buena parte del aparato que dejó atrás y Washington procura, entretanto, asegurar el flujo de petróleo venezolano hacia sus refinerías. La prioridad pareciera estar menos en reconstruir democracias que en neutralizar cualquier poder capaz de abrir el hemisferio a adversarios potenciales. Moscú, mientras tanto, persevera en la agresión ucraniana, y para financiarla ha recuperado un valor que Washington parecía decidido a negarle. El fracaso de la aventura iraní de Trump ha hecho imprescindible el regreso a los mercados del petróleo ruso. Entonces reaparece la lógica de Yalta. Las grandes potencias no ordenan el mundo según amistades permanentes, sino según la jerarquía de sus enemigos.
Si China empieza a ocupar para Washington el lugar del adversario principal, todo lo demás cambiará de posición. Rusia puede entonces dejar de ser el adversario que había que aislar para convertirse en un interlocutor útil; Ucrania, por la misma lógica, pierde prioridad. Europa descubre entonces algo todavía más incómodo: puede dejar de ser uno de los comensales para convertirse en parte del menú, atrapada entre dos potencias que, por razones distintas, contemplan con hostilidad el modelo político y multicultural que ella representa. En esta nueva conferencia de Yalta, los aliados se vuelven circunstanciales, los enemigos pueden resultar útiles y las viejas lealtades terminan subordinadas a fuerzas antiguas: territorio, energía, capacidad militar. Existe, sin embargo, una diferencia primordial. En 1945 los vencedores se repartieron el mundo cuando la guerra estaba terminando. Esta vez podrían estar ordenando sus zonas de influencia antes de que la verdadera guerra empiece. Y América Latina vuelve a ocupar el lugar que las grandes disputas del siglo XX ya le habían reservado: el de retaguardia estratégica de Estados Unidos.
No constituye, desde luego, una noticia digna para una civilización como la peruana descubrirse en el patio trasero de ninguna potencia. Durante siglos Lima, así como el Cusco, fue el centro desde el que se gobernó buena parte del hemisferio y, ya como república, el país supo ejecutar una diplomacia reconocida por su sofisticación y continuidad histórica más allá del continente. Hay, por eso, algo inevitablemente degradante en el papel coyuntural que Washington parece reservarle al Perú. Pero también es verdad que un Estado puede perder la capacidad de elegir el tablero sin perder necesariamente la inteligencia para jugar sobre él. La subordinación estratégica no elimina por completo el margen de maniobra. La primera prueba está sobre la mesa. El 10 de setiembre, Marco Rubio anunció desde Lima la incorporación del Perú al Escudo de las Américas, la coalición con la que Washington pretende conducir la lucha contra el crimen organizado en el continente. No se trata únicamente de una iniciativa diplomática: detrás hay un despliegue considerable. El Congreso ha autorizado el ingreso de militares estadounidenses a 14 regiones, con capacidades que incluyen drones, satélites, radares, inteligencia y unidades de combate. A la larga experiencia peruana de lucha contra la subversión se añaden ahora instrumentos que hasta hace poco parecían inimaginables y el respaldo de la mayor potencia militar para liquidar asesinos, narcotraficantes y extorsionadores.
En el mismo dispositivo regional, los drones MQ-9 Reaper ya son capaces de vigilar durante horas un objetivo y seguir cada uno de sus movimientos en Colombia y Ecuador. ¿Dispuso alguna vez el Perú de tantos recursos para encontrar a quienes lo atacan? Probablemente no. Y allí empieza el verdadero problema. La pregunta ya no debería ser si resulta digno ocupar el patio trasero de tal o cual potencia. En política internacional, la dignidad sin inteligencia ni pragmatismo corre el riesgo de convertirse en un gesto estéril: los Estados que comprenden los juegos de poder de su tiempo están mejor situados para obtener ventajas de ellos que aquellos que prefieren ignorarlos. En ese contexto, el Perú quizá no pueda decidir cómo se reparte el mundo actualmente, pero todavía puede decidir qué obtener del lugar que ese reparto le asigna. Y si la atención de Washington abre una ventana sobre el continente, convendría aprovecharla antes de que vuelva a cerrarse. No para satisfacer los intereses de otra potencia, desde luego, sino para procurar con los medios a disposición lo que millones de peruanos reclaman desde sus casas, sus negocios y las calles donde hoy pagan cupos para seguir vivos. Una palabra basta: seguridad. Una promesa sobra: venganza. Los soldados, los radares y los satélites pueden encargarse de eliminar a quienes disparan. La pregunta más incómoda empieza después: quién los financia, quién los protege y hasta dónde llega el dinero.
Ese segundo frente puede resultar incluso más decisivo que el militar. En Nueva York, el proceso contra Nicolás Maduro podría sacar a la luz años de archivos, testimonios y conexiones capaces de reconstruir las redes que articulan droga, dinero y poder ilegal en América Latina. Para el Perú, seguir ese rastro podría resultar mucho más explosivo que vigilar pasos de frontera. Porque un cargamento puede esconderse en la selva; el dinero, tarde o temprano, necesita una cuenta, una empresa, un funcionario o una puerta política por donde salir. Bolivia acaba de mostrar hasta dónde pueden conducir estos esfuerzos: dos días después de que Washington señalara al fiscal general Roger Mariaca por presuntos vínculos con el narcotráfico, la policía boliviana lo detuvo junto con otros 13 sospechosos de integrar una red enquistada en el Ministerio Público. Ecuador acaba de ofrecer también otro ejemplo. Luisa González, dos veces candidata presidencial y figura del movimiento de Rafael Correa, fue detenida dentro de una investigación por presunto lavado de activos. ¿Veremos nosotros resultados similares? A fuerza de matar pretenden parecer innumerables. Pero quienes ordenan las muertes suelen ser apenas unos cuantos. Esa concentración hace plausible seguirles el rastro. Identificar quién paga a los sicarios, a los extorsionadores, por dónde sale el oro ilegal y quién lava las ganancias del narcotráfico ya no debería pertenecer al terreno de las aspiraciones. Tendría que convertirse en una prioridad nacional traducida en investigaciones, detenciones concretas y un escrutinio periodístico implacable. Solo entonces llegará la prueba verdadera: si en los próximos meses no sabemos de capturas ni hallazgos, ya no bastará con culpar a la falta de medios a disposición de las fuerzas de seguridad. Habrá que preguntarse si una parte del sistema que debería perseguir al crimen no estará, en realidad, protegiéndolo desde el Estado. Washington puede entregar el diagnóstico y la medicina. El problema empieza si quienes deben administrarla forman parte de la enfermedad.
Los períodos de oportunidad que ofrecen las grandes potencias no suelen durar demasiado. El Perú ya aprendió esa lección en su pasado difícil. En 1881, con Lima ocupada por el ejército chileno, la administración de James A. Garfield consideró inaceptable que la derrota peruana terminara convertida en una amputación territorial orquestada, realmente, desde Londres. Su secretario de Estado, James G. Blaine, entendía además que, según los principios de la doctrina Monroe, tampoco podía aceptarse que el Imperio Británico tomara control del salitre del Perú: América no debía volver a convertirse en territorio disputado por potencias europeas. Washington presionó entonces para preservar la integridad territorial en desmedro de las aspiraciones chilenas. El 2 de julio, sin embargo, el presidente Garfield fue asesinado. A partir de ese momento las prioridades de la administración norteamericana dieron un vuelco. El precio a pagar por el Perú fue Arica e Iquique, y las vidas de miles de jóvenes que se atrincheraron para resistir en las montañas. Así, aquella ventana se cerró con la prontitud de un disparo trágico. Esta podría cerrarse con una elección. Las legislativas estadounidenses llegan el 3 de noviembre y, detrás de ellas, empieza ya la cuenta regresiva hacia el 2028. Mientras Washington considere indispensable disputar a China la influencia sobre el Pacífico sudamericano, el Perú dispone de una atención y de unos medios que acaso no conserve para siempre. Conviene entonces obtener resultados mientras duren. Entretanto, las grandes potencias vuelven a delimitar océanos, mercados y zonas de influencia como si se prepararan para una guerra todavía por venir, mientras el Perú continúa sin defenderse en la guerra que ya le declararon. Hoy, a diferencia del pasado, el país pareciera tener con qué pelear. La cuestión decisiva está en el calendario.
