Los mineros inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) podrían continuar operando hasta el 30 de junio de 2028, bajo un nuevo régimen incluido en el proyecto de la Ley de Minería Artesanal y Pequeña Minería (MAPE). La propuesta del Ministerio de Energía y Minas (Minem) establece esta etapa desde el 1 de enero de 2027, mientras que el Reinfo tiene como fecha de cierre el 31 de diciembre de este año.
El proyecto plantea crear el denominado Régimen de Consolidación, que dará a los mineros comprendidos en esta medida un plazo adicional para completar su formalización. Sin embargo, el Observatorio de Minería Ilegal (OMI) cuestiona que esta disposición termine prolongando un proceso que lleva años sin alcanzar sus objetivos.
Según César Ipenza, abogado especialista del OMI, la propuesta del gobierno de Keiko Fujimori representa una ampliación encubierta del Reinfo, pues permitiría que los mineros continúen trabajando mientras tramitan los permisos necesarios para formalizar sus actividades.
Una de las principales preocupaciones del observatorio es que, aunque el proyecto exige adecuarse a los instrumentos de gestión ambiental, no establece garantías claras sobre cómo se fiscalizará el cumplimiento de estas obligaciones durante el periodo de transición.
La iniciativa también deja aspectos importantes para una futura reglamentación. Entre ellos figuran las reglas para la adquisición, el almacenamiento y el uso de explosivos, así como las disposiciones que deberán adecuar entidades fiscalizadoras como el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil). El Ejecutivo tendría 120 días calendario, contados desde la publicación de la ley, para aprobar el reglamento.
Otro punto cuestionado es la creación del Organismo Nacional para el Fortalecimiento de la Minería Artesanal y Pequeña Minería (FORMAPE). Mientras el OMI advierte que esta entidad podría terminar institucionalizando la informalidad, el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno Huamaní, señaló que se encargará de promover mejores prácticas laborales, innovación tecnológica, estándares operativos y trazabilidad.
La propuesta también genera interrogantes sobre el control de las plantas de beneficio que procesan oro. El proyecto establece que aquellas con una capacidad superior a 25 toneladas métricas diarias serán fiscalizadas por el OEFA, Osinergmin y Sunafil durante cinco años. El observatorio cuestiona qué ocurrirá con las plantas de menor capacidad, debido a su posible participación en el procesamiento de oro ilegal.
Asimismo, advierte que el proyecto no aborda de manera expresa la responsabilidad penal de los mineros inscritos en el Reinfo que contaminen el ambiente, un aspecto que considera relevante para evitar que la transición hacia el nuevo régimen se convierta en un periodo sin consecuencias efectivas frente a los incumplimientos.
Por lo señalado, el debate sobre la Ley MAPE no se limita al cierre del Reinfo a fines de 2026, sino a las condiciones bajo las cuales los mineros podrán seguir operando durante el nuevo periodo y a la capacidad del Estado para garantizar que la formalización se concrete.
