Ley MAPE: Minem busca que concesionarios firmen contratos con mineros artesanales: "O la trabajas, o permites este convenio"

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) busca incentivar a los titulares de concesiones mineras que no realizan actividades en sus áreas a firmar contratos de explotación con pequeños mineros y mineros artesanales que operan en ellas. La medida forma parte del proyecto de Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE), que propone beneficios económicos para facilitar estos acuerdos y avanzar en la formalización de los operadores.Durante su exposición ante la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados, el ministro Guillermo Shinno señaló que, según su estimación, alrededor del 70% de las concesiones de terceros donde trabajan mineros informales correspondería a pequeños productores mineros. “Ahí tenemos que, de alguna forma, obligarlos. O la trabajas, o por lo menos permites este convenio de explotación”, enfatizó Shinno y precisó que la propuesta apunta a los titulares que no desarrollan actividades en sus concesiones, y que no se refiere a los grandes proyectos mineros que tienen zonas de expansión previstas donde la prioridad son sus propias operaciones.El titular del Minem explicó que uno de los obstáculos para concretar estos acuerdos es que los titulares de las concesiones pueden mantener responsabilidades por lo que ocurre en sus áreas.Como incentivo, el proyecto de Ley MAPE plantea que los titulares que firmen contratos de explotación por un periodo mínimo de tres años con pequeños mineros o mineros artesanales puedan pagar el derecho de vigencia correspondiente al estrato de pequeño productor minero y quedar exentos de la penalidad aplicable al área comprendida en el acuerdo.¿Qué incentivos plantea la Ley MAPE?El proyecto contempla beneficios para los titulares de concesiones del régimen general que suscriban contratos de explotación con operadores de pequeña minería y minería artesanal por un periodo mínimo de tres años.Según la presentación del Minem, estos concesionarios podrían pagar el derecho de vigencia correspondiente al estrato de pequeño productor minero (PPM), que contempla un monto reducido, y quedar exentos de la penalidad aplicable en el área comprendida en el acuerdo.La medida busca generar condiciones para que los titulares acepten los convenios y los operadores puedan avanzar en su proceso de formalización.Shinno también indicó que una parte importante de las concesiones de terceros donde trabajan mineros informales correspondería a concesiones de pequeños productores mineros. Sin embargo, la presentación no detalla la fuente ni la metodología de esa estimación.¿Quién asumiría la responsabilidad ambiental?Otro de los cambios planteados en la iniciativa se refiere a las responsabilidades por incumplimientos de las normas ambientales y de seguridad y salud ocupacional.El proyecto establece que las personas naturales o jurídicas que desarrollen actividades de pequeña minería o minería artesanal mediante un contrato de explotación o de cesión serán las únicas responsables por los incumplimientos derivados de sus propias actividades.En cambio, cuando se realicen operaciones sin un contrato de explotación o de cesión vigente, el titular de la concesión respondería solidariamente por los impactos ambientales junto con quienes ejecutan las actividades, siempre que la autoridad ambiental competente acredite su participación.Además, el incumplimiento de las normas ambientales, cuando sea formalmente comprobado por la autoridad, constituiría una causal automática de resolución del contrato o acuerdo de explotación.Un nuevo marco para la formalización mineraLa propuesta de Ley MAPE contempla dos regímenes: uno ordinario, de carácter permanente, y otro de consolidación, temporal y de acceso cerrado, dirigido a quienes tengan inscripción vigente en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) al 31 de diciembre de 2026.Según el cronograma presentado por el Minem, el régimen de consolidación comenzaría el 1 de enero de 2027 y se extendería hasta el 30 de junio de 2028. Durante ese periodo, los mineros comprendidos deberán cumplir los requisitos pendientes para incorporarse definitivamente al régimen ordinario.La iniciativa también plantea centralizar procedimientos administrativos, establecer requisitos ambientales proporcionales al riesgo y a las condiciones territoriales de la actividad, y crear el Organismo Nacional para el Fortalecimiento de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Formape), que asumiría funciones de evaluación ambiental, trazabilidad y autorización de inicio o reinicio de actividades.