La Cámara de Diputados de Paraguay instaló este jueves una sesión extraordinaria en la que se debatirá, como único punto, la propuesta de juicio político contra el mandatario Santiago Peña, a raíz de la intervención del privado Ueno Bank, al que ha sido vinculado el jefe de Estado y cuyo cierre ha desatado una crisis financiera y política en el país. Durante el debate, que comenzó a las 10.38 hora local (13.38 GMT), los legisladores analizarán la acusación presentada por diputados de la oposición y disidentes del oficialismo, después de que la intervención de la entidad, que tenía unos 2,94 millones de clientes, afectara también a varias instituciones del Estado.
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Antes del inicio de la sesión, el oficialista Partido Colorado respaldó el juicio político, “a los efectos de volver a reencauzar la institucionalidad de la República”, publicó en X el titular de esa formación política y mentor de Peña, el exmandatario Horacio Cartes (2013-2018).
Intervención
El Banco Central del Paraguay (BCP) ordenó el martes un proceso de resolución o cierre de Ueno, una entidad que durante la gestión de Peña recibió millonarios recursos de entidades públicas.
La entidad emisora detectó que el índice de solvencia del banco, con 2,9 millones de clientes en un país de 6,1 millones de habitantes, había caído por debajo del 50 % del mínimo exigido, “como consecuencia de ajustes realizados a sus estados financieros durante el proceso de regularización”.
La decisión ha desatado una crisis ante los reclamos de miles de usuarios preocupados por sus ahorros, mientras se ha conocido que millonarios recursos de entidades oficiales están en esa entidad, que además patrocina a equipos locales de fútbol y eventos como la etapa en el país del Mundial de Rally.
A raíz de la crisis, Peña debió suspender su participación en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que se celebra en Madrid.
La acusación, respaldada por 35 legisladores, plantea activar el mecanismo previsto en el artículo 225 de la Constitución contra Peña, al que señala de “un grave y sistemático mal desempeño de sus funciones”.
El juicio político -explica el documento- está “destinado a retirar la investidura” del gobernante, quien asumió el poder en agosto de 2023 para un mandato de cinco años.
Riesgo para las pensiones
La acusación advierte de un supuesto conflicto de intereses, una presunta cooptación del Estado y el desmantelamiento del marco legal sobre puertas giratorias. Entre los argumentos menciona los vínculos de Peña con Ueno Holding, un conglomerado que agrupa distintas empresas, entre ellas Ueno bank. El mandatario vendió sus acciones en ese grupo en abril de 2025.
Además, menciona la designación en 2023 de Carlos Carvallo como titular del BCP, quien presidió la Financiera Ueno, de la que nació la entidad intervenida en una operación, según el texto, autorizada por el Directorio del emisor “83 días después de ese nombramiento”.
Igualmente, se denuncia una “injerencia presidencial indebida en el Instituto de Previsión Social (IPS) y el favorecimiento de Ueno”.
El IPS, que maneja el sistema de pensiones de la mayoría de los trabajadores en el país, posees unos 355 millones de dólares en la entidad hoy cerrada, según reconoció la gerente financiera de esa instirución, Gladys Vera, y aseguró que eso representa el 9 % de las inversiones de la estatal.
También se acusa al jefe de Estado de “beneficio patrimonial indebido e indicios de enriquecimiento ilícito”, al relacionar, entre otros hechos, dos préstamos simultáneos que recibió de Ueno, y de “afectación de la confianza en el sistema financiero nacional y exposición a un riesgo sistémico”.
La Constitución establece que el juicio político requiere una mayoría de dos tercios en la Cámara Baja para que la acusación pase luego al Senado, que actúa como juez.
En esa Cámara se necesita una mayoría absoluta de dos tercios para declarar culpable al acusado, lo que abriría la puerta a su separación anticipada del cargo.
