A dos semanas de haber recibido facultades para legislar de parte del Congreso (y tras una fe de erratas), el gobierno de Keiko Fujimori publicó este domingo el primer decreto legislativo en el marco de este mecanismo. El Ejecutivo autorizó a las Fuerzas Armadas a reforzar el control perimétrico de los penales declarados en emergencia, en coordinación con el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y la Policía Nacional.
En el texto-que lleva las firmas de Fujimori; el jefe del Gabinete Ministerial, Luis Galarreta, y otros tres ministros, entre ellos Ernesto Álvarez (Justicia)- detalla que las FF.AA. “pueden ejecutar, de manera excepcional y temporal, acciones de seguridad externa sin perjuicio del apoyo tecnológico, logístico y de inteligencia al INPE vinculados con la seguridad externa, cuando se declaren en estado de emergencia uno o más establecimientos penitenciarios”.
El decreto legislativo N°1742 también precisa el alcance de las acciones militares alrededor de las cárceles. Por ejemplo, las Fuerzas Armadas podrán “establecer y mantener anillos de seguridad y dispositivos de protección en el perímetro exterior” de los penales “o sus zonas de influencia”.
En las zonas de influencia de los establecimientos penitenciarios, las FF.AA. podrán “ejecutar acciones de vigilancia, patrullaje e inteligencia”.
El gobierno, además, autoriza a los militares a realizar acciones “frente a ataques provenientes del exterior, intentos de rescate o fugas, y otras amenazas que comprometan la seguridad externa del establecimiento”.
Asimismo, le da a las Fuerzas Armadas otras potestades, entre ellas “detectar, identificar, interceptar y neutralizar o impedir” la operación de drones, instalar y operar inhibidores y detectores de señales radioeléctricas y de telecomunicaciones y brindar apoyo en el control, revisión y registro de ingresos de visitas, proveedores y personal del INPE, entre otros.
En la primera disposición complementaria del decreto legislativo, el Ejecutivo señala que, tras las declaratoria de estado de emergencia de una cárcel, el INPE, la PNP y las FF.AA. Dentro de los cinco días calendario siguientes “delimita las zonas de influencia penitenciaria de los establecimientos comprendidos en dicha declaratoria, sobre la base de criterios técnicos de seguridad, factores de riesgo, amenazas identificadas características territoriales”.
“Prometimos un uso firme y contundente de las facultades legislativas y este primer decreto lo demuestra. Sumamos a las Fuerzas Armadas a la tarea de recuperar el orden en las cárceles y cortar de raíz el ingreso de objetos prohibidos y desarticular las conexiones que mantienen los criminales con el exterior”, remarcó Galarreta, según informó la PCM en una nota de prensa.
El Consejo de Ministros, de acuerdo con fuentes cercanas a Palacio de Gobierno, aprobó el último sábado no solo el decreto legislativo ya publicado en El Peruano, sino otros dos.
El primero en ser aprobado fue el decreto legislativo que busca fortalecer la aplicación de la legítima defensa. La norma modifica el numeral 3 del artículo 20 del Decreto Legislativo N.° 635, que corresponde al Código Penal.
El segundo decreto en tener luz verde fue el que modifica el Código Penal para regular el uso de datos derivados de las telecomunicaciones en la identificación, localización y geolocalización de equipos de comunicación.
Según la propuesta, esta medida contribuirá a combatir la delincuencia y el crimen organizado, así como a fortalecer la persecución de delitos violentos e informáticos.
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La PCM indicó que este primer decreto responde “a la situación crítica” del sistema penitenciario, que a agosto último albergaba a más de 107 mil internos frente a una capacidad instalada de alrededor de 42 mil plazas.
El gobierno informó que, actualmente, hay 494 internos vinculados a 217 organizaciones criminales, entre ellas facciones del Tren de Aragua.
El Ejecutivo amplió, hasta enero de 2027, el estado de emergencia en los penales de Challapalca (Tacna), Cochamarca (Pasco), Miguel Castro Castro, Ancón I (Lima) y El Milagro (La Libertad).


