La Fiscalía de Paraguay allanó el jueves 12 de noviembre la residencia presidencial de Mburuvicha Róga como parte de las investigaciones por el caso Ueno Bank, según fuentes del Ministerio Público. La comitiva estuvo encabezada por la fiscal Silvia González y se produce casi una semana después de la destitución de Santiago Peña, quien permanece bajo prisión preventiva en el Regimiento Escolta Presidencial.
En otro operativo realizado durante la mañana, agentes del Ministerio Público y de la Policía Nacional detuvieron al superintendente de Bancos, Holger Insfrán, en su vivienda del barrio Santa Librada, en Asunción. Su intervención se enmarca en la causa que también involucra al exmandatario y al extitular del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo, informó ABC Color.
Hallan elementos sospechosos en la residencia del superintendente
El registro de Mburuvicha Róga forma parte de una serie de actuaciones para reunir evidencias sobre las operaciones vinculadas con la entidad financiera. El Ministerio Público explicó el miércoles que los procedimientos buscan obtener documentación, reconstruir el recorrido del dinero desde 2023 e identificar bienes que puedan quedar sujetos a medidas cautelares para una eventual reparación a las víctimas. Las fuentes consultadas todavía no detallaban los resultados de la inspección al recinto presidencial.
La intervención en el domicilio del superintendente de Bancos de Paraguay, Holger Insfrán, estuvo dirigida por los fiscales Christian Benítez y Elena Fiore, con apoyo del Departamento contra el Crimen Organizado. Tras concluir la diligencia, Benítez declaró que existen "elementos de sospecha con respecto a la conducta" del funcionario, aunque evitó precisar las atribuciones concretas. Entre los objetos incautados figuran su teléfono celular, una computadora del BCP y documentos relacionados con sus funciones, según La Nación.
Los investigadores también encontraron maletas dentro de un vehículo estacionado en la propiedad. Consultado sobre ese hallazgo, el representante fiscal señaló que todavía no podía establecerse si el detenido tenía previsto viajar. Por su parte, el comisario José Delgado informó que la autoridad bancaria fue trasladada al Hospital General de Barrio Obrero para una revisión médica, antes de su eventual comparecencia.
Santiago Peña podría enfrentar hasta 15 años de prisión por el caso Ueno Bank
El expresidente de Paraguay se expone a una pena de hasta 15 años de cárcel por los hechos investigados en el caso Ueno Bank, según explicó la fiscal Verónica Valdez en una conferencia de prensa recogida por ABC. La representante del Ministerio Público precisó que ese máximo responde a las calificaciones jurídicas actuales y a la concurrencia de más de un presunto delito.
De acuerdo con medios paraguayos, la imputación comprende presunta lesión de confianza y conflicto de intereses, por su participación accionaria vinculada con la entidad financiera mientras ejercía la Presidencia. La expectativa de sanción anunciada por la Fiscalía no constituye una condena.
Respecto a las declaraciones del exmandatario y del extitular del Banco Central, Carlos Carvallo, la funcionaria confirmó que ambos se abstuvieron de responder durante sus respectivas indagatorias. Aclaró que las autoridades no pueden obligarlos a hablar, pues esa diligencia constituye un mecanismo de defensa. Sin embargo, cualquiera de los procesados puede solicitar una nueva audiencia si decide brindar su versión.
BCP completa primer tramo de devoluciones a clientes de Ueno Bank
El Banco Central del Paraguay (BCP) informó que culminó el pago anticipado correspondiente al primer tramo de la garantía para los depositantes de Ueno Bank. Según Pedro Acosta, integrante del directorio del organismo, 1.812.348 personas recibieron un total de 3,9 billones de guaraníes, equivalentes a unos US$644 millones. Esa etapa comprendió los depósitos de hasta 40 salarios mínimos y cumplió el plazo establecido por la ley de emergencia aprobada por el Congreso.
La siguiente fase comenzará la próxima semana y ampliará los desembolsos hasta el límite del Fondo de Garantía de Depósitos: 75 salarios mínimos, aproximadamente 228,3 millones de guaraníes por persona física o jurídica. La cobertura anunciada corresponde a los montos protegidos por ese mecanismo y no implica que todos los afectados recuperen íntegramente sus ahorros. Además, la entidad aplicó descuentos por los préstamos pendientes que cada beneficiario mantenía con el banco intervenido.
Continúa sin precisarse cómo se atenderán los saldos e inversiones que exceden el máximo garantizado, entre los que podrían figurar recursos empresariales, estatales y previsionales. Según AFP, la mayor parte del dinero depositado todavía no ha sido recuperada. La agencia también señaló que la institución financiera llegó a administrar más de US$800 millones en fondos públicos, principalmente vinculados al sistema de pensiones.
Paraguay solicita cooperación internacional para rastrear y asegurar activos
El Ministerio Público paraguayo envió un exhorto formal a Luxemburgo para solicitar investigaciones y medidas que permitan asegurar bienes sujetos a un eventual decomiso, explicó el fiscal adjunto de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán. Según la imputación, en ese país está domiciliada U Holding S.à r.l., sociedad creada por Miguel Vázquez que controlaría Ueno Bank mediante U Paraguay S.A. El documento también menciona que Francisco Peña Palacios, hermano del expresidente Santiago Peña, habría sido accionista de la compañía europea.
Las gestiones incluyen contactos con Argentina para evaluar la conformación de equipos conjuntos de investigación, así como solicitudes de asistencia a Eurojust, la Fiscalía Europea y la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos. A este trabajo se suma el apoyo técnico del Instituto de Gobernanza de Basilea, en Suiza, y el intercambio de información mediante la Red de Recuperación de Activos del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).
Como parte de esta estrategia, Paraguay recurrió por primera vez a una notificación plateada de Interpol para facilitar la identificación y localización de patrimonio relacionado con investigaciones criminales. Las autoridades buscan establecer quiénes son los propietarios de esos recursos, dónde se encuentran y qué relación podrían tener con las operaciones bajo sospecha. El objetivo es evitar su ocultamiento o transferencia y facilitar las medidas judiciales que correspondan en cada jurisdicción.
