El tráfico aéreo europeo volvió a estar en alerta este jueves tras una nueva serie de falsas amenazas de bomba contra vuelos comerciales. Al menos 17 aviones fueron afectados, algunos tuvieron que modificar sus rutas y varias fuerzas aéreas desplegaron cazas para escoltarlos. Las advertencias se extendieron por distintos países, entre ellos Francia, Italia, Bulgaria, República Checa, Austria, Polonia, Dinamarca y Grecia. Ninguno de los aparatos registró incidentes y las inspecciones no encontraron explosivos, según los reportes de las autoridades y las aerolíneas.
El episodio no fue aislado. El martes 3, alrededor de diez vuelos ya habían recibido amenazas similares, lo que obligó a activar dispositivos de seguridad y, en algunos casos, a cerrar temporalmente instalaciones aeroportuarias. En República Checa, por ejemplo, la Policía recibió advertencias sobre la supuesta presencia de artefactos explosivos improvisados en cuatro aviones con destino a Praga. Aunque calificó las alertas como poco creíbles, aplicó los procedimientos correspondientes. En Bulgaria, tres vuelos de Ryanair procedentes de Madrid, Londres y Copenhague recibieron escolta militar; uno de ellos fue desviado al aeropuerto de Plovdiv.
Otros servicios también se vieron afectados. Un vuelo de Aer Lingus que cubría la ruta entre Dublín y Roma fue desviado a una base aérea francesa, mientras que aeronaves de Finnair y Wizz Air recibieron advertencias durante sus trayectos. En Varsovia, una pista del aeropuerto Chopin tuvo que cerrar temporalmente. Pese a la magnitud de la movilización, las autoridades no confirmaron la presencia de artefactos explosivos en los aviones inspeccionados, detalló la agencia AFP.
La sucesión de incidentes llevó a la Comisión Europea a activar un mecanismo de intercambio de información entre los Estados miembros y la Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea. Sin embargo, el comisario europeo de Transporte Sostenible y Turismo, Apostolos Tzitzikostas, advirtió que todavía era pronto para determinar si los episodios estaban relacionados.
La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), por su parte, condenó los intentos de perturbar el transporte aéreo y pidió a las autoridades que investiguen el origen de las amenazas.
Una estrategia para generar incertidumbre
Más allá de que las alertas no se hayan traducido en ataques con explosivos, su repetición en distintos países plantea interrogantes sobre los objetivos de quienes las realizan. Para Ramiro Escobar, internacionalista y docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), estos episodios buscan generar zozobra en Europa y deben analizarse dentro de un escenario geopolítico marcado por la guerra entre Rusia y Ucrania, las tensiones entre Moscú y la Unión Europea y el debilitamiento de la relación entre el bloque comunitario y Estados Unidos.
Escobar considera que el contexto permite observar estos sucesos desde la perspectiva de las nuevas formas de confrontación. No obstante, advierte que todavía no existe información suficiente para establecer quiénes están detrás de las amenazas ni para atribuirles una motivación política concreta.
En esa línea, menciona que algunos reportes han relacionado los episodios con un grupo autodenominado Stato Maschile (Combatientes del Estado Masculino), cuyo nombre evoca a Male State, una red extremista rusa de carácter misógino y ultranacionalista. Sin embargo, esta referencia no constituye una confirmación de su participación.
El internacionalista también llama la atención sobre el perfil ideológico que podría estar detrás de algunos de estos episodios. Según explica, las amenazas no necesariamente provendrían de las organizaciones que tradicionalmente han concentrado la atención de las autoridades antiterroristas. La posible participación de grupos extremistas de derecha, de confirmarse, ampliaría el espectro de actores que pueden representar un riesgo para la seguridad europea.
Para Escobar, el desafío no se limita a impedir un atentado. La difusión de amenazas puede generar alteraciones en servicios esenciales sin que sea necesario ejecutar una acción violenta. “No necesitamos exactamente tirar una bomba para provocar un caos”, sostiene. En su opinión, el avance de la tecnología y el uso de herramientas digitales, incluida la inteligencia artificial, pueden facilitar nuevas modalidades de amedrentamiento y obligar a los sistemas de seguridad a adaptarse.
El especialista advierte que las autoridades deben considerar un escenario en el que las amenazas puedan proceder de distintos actores y utilizar herramientas tecnológicas cada vez más sofisticadas. Incluso plantea que algunas alertas podrían haber sido coordinadas mediante inteligencia artificial, aunque reconoce que no existe información suficiente para determinar si eso ocurrió en los casos recientes. Por ello, considera necesario actualizar los mecanismos de prevención y respuesta frente a riesgos que ya no se limitan a la amenaza física de un explosivo.
El desafío de identificar a los responsables
La dimensión del problema también está relacionada con la dificultad de establecer quién se encuentra detrás de las advertencias y qué busca conseguir. Frank Casas, politólogo y especialista en seguridad, considera que, con la información disponible, no parece probable que las amenazas estén directamente vinculadas con el crimen organizado dedicado a los mercados de drogas u otras actividades ilegales.
Su argumento parte de la lógica económica de estas organizaciones: necesitan que las actividades logísticas y comerciales continúen para sostener sus operaciones. “El crimen organizado no tiene como objetivo central destruir la logística privada o pública, dado que esta es necesaria para el desarrollo de las transacciones ilegales”, explica. Por esa razón, plantea que podría tratarse de otro tipo de actores, posiblemente vinculados con movimientos radicales de carácter ideológico.
Casas señala que es necesario diferenciar entre las motivaciones de los grupos criminales y las de los actores beligerantes. Mientras que estos últimos pueden buscar afectar el Estado de derecho, desestabilizar las instituciones o incluso capturar el poder, las organizaciones criminales suelen recurrir a la violencia para reducir el control estatal y facilitar la continuidad de sus negocios. En el caso europeo, precisa, todavía corresponde a las investigaciones determinar qué tipo de actor estaría detrás de las amenazas.
El especialista también menciona que el contexto político y social de algunos países europeos podría ser un factor que los grupos radicales busquen aprovechar. Las campañas electorales, la inestabilidad interna y las tensiones geopolíticas pueden configurar escenarios propicios para acciones destinadas a debilitar la gobernabilidad. Sin embargo, insiste en que estas posibilidades no permiten atribuir la autoría de los incidentes actuales.
Entonces, la preocupación no reside únicamente en la posibilidad de que una amenaza se convierta en un ataque. También está en la capacidad de estos episodios para alterar el funcionamiento cotidiano de servicios esenciales, movilizar recursos de seguridad y generar desconfianza entre la población.
Para Escobar, la Unión Europea enfrenta un reto particular porque debe coordinar la protección de un bloque integrado por 27 países, cada uno con sus propias autoridades y procedimientos. Una amenaza que afecta a varios territorios puede producir consecuencias en cadena y poner a prueba la capacidad de respuesta conjunta.
Aunque las autoridades no han confirmado que las alertas formen parte de una misma operación, su repetición evidencia la necesidad de fortalecer la cooperación y los mecanismos de prevención. Como advierte Escobar, la seguridad europea cuenta con instituciones y capacidades importantes, pero no es invulnerable. El reto será responder a amenazas que pueden generar perturbaciones incluso sin que llegue a producirse una explosión.
La posible relación con los ciberataques
En paralelo, los ataques cibernéticos contra sistemas de refrigeración de establecimientos comerciales plantean otra dimensión de esta vulnerabilidad. Aunque se trata de incidentes de naturaleza distinta, ambos casos tienen un punto en común: la posibilidad de alterar el funcionamiento de servicios cotidianos y generar consecuencias que van más allá de los daños materiales. En uno, se afecta el transporte aéreo, en el otro, un sistema necesario para conservar alimentos.
Sin embargo, por ahora no hay elementos que permitan afirmar que las amenazas contra vuelos y los ataques a los sistemas de refrigeración formen parte de una misma operación o respondan a un mismo responsable. Su coincidencia temporal sí permite abrir el debate sobre los riesgos que enfrentan las infraestructuras críticas europeas ante posibles acciones de sabotaje físico y digital.
