Escándalo en el Ministerio de Justicia: contrataron a empresa de seguridad que presuntamente presentó facturas falsas

Una investigación periodística dio cuenta de que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), durante el tramo final del gobierno de José María Balcázar, concretó tres contrataciones directas por un total de S/16,2 millones para el resguardo de sus locales a nivel nacional con una empresa que habría utilizado facturas no reconocidas por la Sunat.De acuerdo con el programa Cuarto Poder, las adjudicaciones no se realizaron mediante un concurso público.Los contratos fueron formalizados entre el 20 y el 24 de julio de 2026, pocos días antes de la salida del entonces ministro del sector, Luis Jiménez Borra.El reportaje indicó que, para calificar y obtener la buena pro, GZ Perú S.A. estaba obligada a demostrar experiencia previa en el rubro de seguridad. Para ello, presentó una constancia de prestación de servicios al policlínico ROAL Laboratorios S.A.C., un establecimiento que opera en el distrito limeño de Los Olivos.Según la documentación presentada, GZ Perú S.A. brindó servicios de seguridad “de forma oportuna y eficiente”, por los que habría cobrado mensualmente S/450 000 entre junio de 2020 y junio de 2023.No obstante, el gerente general de ROAL Laboratorios, Miguel Paz Álvarez, negó reconocer la firma que figura en la constancia de acreditación, fechada el 16 de noviembre de 2023.“Fue con esa supuesta experiencia que GZ Perú consiguió tres contratos directos con el Minjusdh. El primero por S/ 4 884 820; el segundo por S/ 5 076 990; y el tercero por S/ 6 068 325”, señaló el reportaje.El gerente general de GZ Perú, Emiliano Valdelomar Castro, aseguró que el servicio de seguridad ofrecido a ROAL Laboratorios se materializó en distintos locales de dicha compañía, pese a que esta, según el programa dominical, cuenta con una sola sede física. “Dentro de Lima tiene varios sitios”, expresó.Por otro lado, un especialista en materia tributaria evidenció que comprobantes de pago clave presentados por GZ Perú para acreditar su experiencia, como las facturas electrónicas N.° 106 y 109, no figuran registradas en la plataforma de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).“Es una factura que nunca ha sido emitida en el facturador de Sunat; por lo tanto, no tiene validez legal”, sostuvo el abogado tributarista Benjamín Gutiérrez. Y remarcó: “Claramente, esto parece un indicio de falsificación de facturas”.Por si fuera poco, el Ministerio de Justicia ya contaba con la confirmación oficial de la Sunat, desde el 30 de julio de 2026, sobre la inexistencia de estos comprobantes y de las transacciones vinculadas al registro de la proveedora.“Parece que se han confabulado —en referencia a GZ Perú y ROAL Laboratorios— para hacer un favor, posiblemente para ayudar a esta empresa a ganar un contrato con el Estado a través de la experiencia de la facturación acumulada”, añadió Gutiérrez.La investigación periodística señaló que “no hay contrato legalizado, váucher o transacciones bancarias que sustenten la experiencia de esta empresa”, contratada directamente por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para brindar seguridad en sus instalaciones.El pronunciamiento del MinjusdhTras el informe, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez, informó que su cartera canceló los contratos con la empresa GZ Perú debido a las irregularidades detectadas en la documentación presentada.“Lo que hemos decidido de forma inmediata es anular los contratos que suscribió la anterior gestión. El problema es que no podemos quedarnos sin vigilancia; por lo tanto, se han cursado órdenes de servicio por el mínimo necesario hasta que se haga un nuevo contrato con una empresa reconocida”, dijo.En declaraciones a Cuarto Poder, el alto funcionario manifestó que este proceso durará “aproximadamente dos semanas”.Álvarez añadió que se ha dispuesto la emisión de órdenes de servicio de emergencia por “montos mínimos” para contratar al personal de vigilancia de la cuestionada compañía, a fin de no interrumpir la seguridad en los locales de la institución.