La inactividad legal de la Procuraduría Pública del Gobierno Regional de Junín en el proceso arbitral por el Hospital Manuel Higa Arakaki de Satipo mantiene entrampada la recuperación de recursos públicos y expone a la entidad a pagos millonarios a favor del contratista.
Informe de control
De acuerdo con el Informe de Control Concurrente N° 9017-2026-CG/GRJU-SCC, notificado al Gobierno Regional el 23 de junio de 2026, el órgano defensorial del Estado no ha impulsado el procedimiento arbitral en el Centro de Arbitraje “AVIURIS” durante más de dos años. Esta paralización procesal se produce tras la nulidad del Contrato N° 058-2019-GRJ/ORAF (obra valorizada en S/ 117 700 000.00), declarada en julio de 2022 por el Gobierno Regional al confirmarse la presentación de documentación inexacta por parte del Consorcio Arakaki II sobre la experiencia de su personal clave.
La falta de impulso procesal contraviene la Directiva N° 001-2023-EF/54.01 y la Ley N° 30225 (Ley de Contrataciones del Estado), dejando sin avance la controversia surgida tras la nulidad contractual. Esta omisión genera riesgos financieros .
Entre ellos la imposibilidad de recuperar adelantos: bloquea las acciones para la devolución y ejecución de las garantías por los adelantos directo y de materiales otorgados al contratista, los cuales no fueron amortizados debido a la interrupción de la obra cuando registraba un avance físico del 19.87% frente a un avance financiero del 37.1%.
Además, deja abierta la puerta para que el Consorcio Arakaki II exija el reconocimiento de pretensiones económicas vinculadas a mayores gastos generales e indemnizaciones.