El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez, consideró que llevar el debate sobre lo que puede modificar o no el Senado de los dictámenes que provengan de la cámara baja al tema de facultades “es boicotear”. Agregó, en entrevista con El Comercio, que “es un excelente pretexto para entrampar” la delegación.
— El debate de la solicitud de facultades también se ha entrampado en el Senado. La oposición ha dejado sin quórum a la Comisión de Constitución. ¿Cómo evalúa esta situación?
Desde el inicio no hubo intención por parte de la extrema izquierda de otorgar facultades legislativas al gobierno. Y esto se dijo en la Comisión de Constitución de la cámara de diputados y en el pleno. Todos los gobiernos que habían solicitado facultades desde 1980; es decir, con la Constitución anterior y con esta Constitución, se les había otorgado facultades, porque se entiende que no tiene un efecto político en favor del partido de gobierno, sino que simplemente se traduce en la adecuación inmediata de lo principal del plan de gobierno del candidato que ha triunfado y eso es beneficioso para la ciudadanía en realidad.
— ¿Y quién o quiénes son los responsables?
[…] No solo la bancada de extrema izquierda [Juntos por el Perú] que está actuando de acuerdo a su rol. A ellos no les conviene que se solucionen los problemas, al contrario, ellos proponen un modelo económico, social, cultura y político alternativo. Entonces, si le va mal a la democracia constitucional, ellos tienen una oportunidad política. Lo que extraña son las bancadas de izquierda supuestamente moderada que, en realidad han tratado, como dijo una de sus voceras, de dar la menor cantidad de facultades y esto solo se puede interpretar como un boicot a la tarea del gobierno.
— ¿Se refiere a Buen Gobierno?
Sí, el estándar que emplearon ellos no era qué cosa necesita el país de manera inmediata, sino qué cosa es urgente para no dárselo al gobierno para que fracase desde los primeros meses.
— La oposición pide que primero se defina hasta qué punto el Senado puede modificar un dictamen de la cámara de diputados. ¿Es una solicitud válida?
En principio, eso debieron haber tratado de interpretar en cuanto a la Constitución, la ley y el reglamento, pero fuera del debate de las facultades, que ya de por sí es un debate difícil. ¿Qué facultades tienen el Senado? ¿Es una súper cámara o simplemente va a ser una mesa de partes de diputados? Eso es un tema interno de ellos. Ahora llevar ese debate al tema de facultades es boicotear al Perú, porque es un excelente pretexto para entrampar [las facultades] que el país necesita urgente [para enfrentar] al crimen organizado y El Niño.
— Parte del desorden también tuvo que ver con la conducción de Carlos Mesía de la sesión y la ausencia de senadores de Fuerza Popular, que estaban de viaje y conectados de manera virtual. ¿No ha faltado mayor manejo político?
El tema, básicamente, surge no de la ausencia autorizada de tres senadores, sino por la cuestión de orden planteada por una senadora [de la oposición] con la intención de trabar la aprobación [del predictamen]. Su cuestión de orden apuntaba a “tenemos que debatir primero la interpretación del reglamento sobre la capacidad que tiene el Senado”. Un debate de largo alcance. Quien plantea eso al inicio de una sesión tan urgente para el país, obviamente, busca bloquear.
— Pero, ministro, esa es una práctica parlamentaria común. Si el senador Alejandro Aguinaga hubiera votado cuando tenía que hacerlo, el oficialismo rechazaba la cuestión de orden. ¿No ha sido un error propio de Fuerza Popular?
A ver, lo que Fuerza Popular pensó de alguna manera es que los senadores de las bancadas de la izquierda moderada iban a actuar, en el sentido de que el Senado tiene que tener una actitud reflexiva, que se iba a debatir las facultades. Y que posiblemente, no se iba a otorgar todo el paquete completo, pero sí que se iban a incorporar temas en seguridad y El Niño. Algunos temas son indispensables, como otorgar capacidad operativa a la DINI, cosa que es obvia porque la extorsión se combate con inteligencia. Y la DINI debe tener capacidad operativa, porque si no se queda como una oficina de planeamiento.
El problema fue que desde el inicio con esa cuestión de orden se demostró que querían trabar el debate. Es decir, no quieren otorgar facultades. Todas las bancadas de izquierda deberían ser más sinceras y decir la verdad: que apuestan por el fracaso del gobierno desde sus primeros meses. Y que no les importa lo que sufra el pueblo peruano.
— Usted ha referido que las bancadas de izquierda obstruyen al gobierno. ¿Pone en la misma ubicación a Juntos por el Perú que a Ahora Nación, Obras y Buen Gobierno? Estas últimas aprobaron en diputados el dictamen de 20 puntos.
Se piden 60 puntos y se otorgan 20, que son básicamente de los más esenciales, pero se apartan aquellas que tienen impacto verdadero. Por ejemplo, incorporar al Código Penal la figura de terrorismo por lucro, lo que nos permitiría estar a la par de Colombia, Ecuador y Costa Rica y poder combatir al crimen transnacional. Esto ya trasluce una intención clara de que, desde el inicio, no se combata de manera eficaz al crimen organizado.
Ellos van a decir que han dado, que han acordado 20 puntos. Pero 20 de 60 y desechando los principales puntos es tratar de quedar bien políticamente, pero apostar al fracaso del gobierno. Y sobre si los pongo a una misma ubicación, eso más que la visión de un ministro, un observador político, corresponde a la actitud de ellos. Son sus propias acciones y sus votos los que los van a colocar dentro de un ámbito democrático o dentro de un ámbito extremista.
— En su predictamen, la Comisión de Constitución del Senado incorpora siete puntos en los bloques de seguridad y fenómeno de El Niño. ¿Con esto, el gobierno se da por satisfecho?
Evidentemente, no. El fenómeno de El Niño es un problema sumamente complejo no solo por lo más visible, sino por temas de carácter financiero y técnicos. Por ejemplo, sobre los incendios forestales en el Cusco, cosa pequeña con lo que será El Niño, la ley establece que son los alcaldes y luego los gobernadores regionales los que deben acudir a la emergencia. Para que el Estado, el gobierno nacional intervenga se requiere de una tramitología que demora, en el mejor de los casos, cuatro días. Y otros dicen que se declare en emergencia, pero eso demora uno o dos días de trámites. Actualmente, la burocracia es tan grande que hace difícil que el gobierno nacional pueda actuar de manera inmediata ante una necesidad urgente por El Niño. Nosotros queremos prepararnos y esto no tienen un efecto político ni electoral.
— ¿Este punto sobre reducir el trámite no está dentro de los 20 puntos aprobados en diputados?
No enteramente. Ahí hay varios problemas de carácter técnico. Ahora el ciudadano se preguntará: “¿Y qué más da si aprueban 20, 27 o 30 si ningunas de las medidas solicitades tiene un efecto electoral a favor de Fuerza Popular? Estamos a cuatro años y medio de las próximas elecciones y eso en el Perú es muchísimo tiempo. [Desde la oposición] simplemente tienen la intención de dar, como dijo una de sus voceras, lo menos posible al gobierno fujimorista. Aparentemente, no les importa el destino del país, en este momento, de tanta preocupación.
— La polémica en la cámara alta surge por tres puntos. Uno de ellos es darle a la DINI capacidad operativa. Pero en el 2015 se las retiraron porque se reveló que hicieron reglaje a políticos, empresarios y periodistas. ¿Qué garantiza que esta situación no se repita?
El delito y el mal uso de las instituciones y los recursos del Estado siempre van a estar en peligro. Por eso es que tenemos una contraloría y, por ello, es que las cámaras [del Congreso] deben ejercer una labor de fiscalización. Nadie debe tener demasiado poder dentro de un Estado democrático, pero no dar capacidad operativa a la DINI simplemente por la posibilidad lejana es como no dar aparatos de alta tecnología a la Policía Nacional, porque un sector de la Policía regló y grabó a Alan García para tratar de encarcelarlo. Con ese criterio también podemos decir: “bueno, hubo un exceso en el Congreso anterior y, por tanto, le quitamos, la capacidad legislativa”. No podemos actuar así. Tenemos que potenciar a todos los organismos del Estado para que cumplan su rol y si no lo hace y si cometen una desviación criminal, sancionar a los responsables.
— Otro ítem establece que quien ejerce legítima defensa “goza de la presunción de haber actuado de modo racional frente a la agresión”. ¿No está orientada a proteger aún más la Policía y FF.AA. en el contexto de protestas?
No, ellos ya tienen una ley que los protege en el cumplimiento de su reglamento y de acuerdo con las directivas impartidas. Dentro de su reglamento, está cómo ellos deben actuar contra un delincuente. Pero esta medida propuesta es a favor de los ciudadanos, porque normalmente cuando alguien repele un ataque haciendo uso legítimo de la debida fuerza, en principio, es objeto de una detención preliminar. Y los fiscales en el 90% de los casos, a pesar de las evidencias, solicitan la prisión preventiva. Esto significa que una persona que legítimamente ha defendido su hogar, su vida, tienen que pasar meses en la cárcel a la espera de que se pruebe que las evidencias [a su favor] eran ciertas. Eso es lo que se quiere revertir.
Si hay evidencias, videos, por ejemplo, de la calle o de tiendas, donde se identifica que la persona se defendió en legítima defensa, este ciudadano debe ser investigado sin ser detenido, una cosa de sentido común. ¿Por qué si una persona actuó correctamente tiene que pasar varios meses en la cárcel? Eso simplemente favorece al delincuente. Hay un cúmulo de leyes que en el Perú favorecen directamente al delincuente y presumen que el ciudadano común es culpable en tanto no pruebe lo contrario.
— El oficialismo también busca que se califique como “grupos hostiles” o “terroristas” a redes de crimen organizado. Desde la izquierda se oponen, porque señalan que esta medida será orientada a perseguir a organizaciones sociales. ¿Cómo se delimitará la figura para que solo se aplique a redes criminales? ¿Cómo se definirá esto?
Ese también es otro tema. Grupo hostil, de acuerdo con el derecho humanitario, es un grupo que tiene cierto control territorial, que usa armamento de guerra y que ataque directamente al Estado. Esto es el Comando Vermelho, los remanentes rebeldes de las FARC en el norte, grupos específicos que están plenamente delimitados y que esa calificación haría posible el combate multinacional a estos grupos que son muy peligrosos, a través del Escudo de las Américas y de países vecinos como Ecuador y Colombia. No tiene ninguna relación con grupos sociales que puedan protestar en las calles o hacer huelgas.
Y hay otro punto, el terrorismo por lucro es una banda criminal que extorsiona, no tiene control territorial, puede no usar armamento de guerra, pero sí usa el miedo y el temor como instrumento para generar conmoción social y obligar a la gente a pagar. Esta calificación también nos permitiría que ingrese la inteligencia de Estados Unidos, de Ecuador, de Colombia, de El Salvador y que compartan información para que nuestros servicios de inteligencia puedan actuar de manera más eficiente. Al grupo hostil, se le manda comando del Ejército para que los ataquen y al terrorismo por lucro se le ataca con inteligencia policial, de las autoridades penitenciarias y de las FF.AA. Es, absolutamente, diferente, pero ambas categorías penales no tienen nada que ver con la protesta o lo que es la resistencia política o el combate de ideas.
— El debate sobre la solicitud de facultades ha revelado que la confrontación aún persiste. Incluso, en el Senado hubo un altercado entre el ministro del Interior, César Astudillo, y el senador Iber Maraví. ¿Hasta dónde puede escalar el enfrentamiento entre la oposición en el Congreso y el Ejecutivo?
Esperamos que no escale primero. El gobierno tiene la intención de gobernar, no sabemos lo que pase de aquí a cuatro años. La intención es que, en estos meses, el gobierno sea exitoso en cuanto a sus objetivos para paliar los efectos del fenómeno de El Niño y tratar de frenar al crimen organizado. Lo que esperamos es colaboración.
Ya Karl Loewenstein [filósofo alemán] señaló que en un presidencialismo lo que predomina es esencialmente la autonomía con colaboración. Entonces, hay dos poderes del Estado con mandato popular, pero el Legislativo y el Ejecutivo tienen el deber de colaborar entre sí para cumplir los fines del Estado más allá de los intereses políticos inmediatos. Dicho de otra manera, se justifica de que faltando uno o dos años para las elecciones generales se produzca cierta división, cierta confrontación de los grupos políticos, de los partidos políticos, pero de ninguna manera se justifica este nivel de enfrentamiento y de bloqueo cuando recién comienza un gobierno.
— ¿El gobierno se ha puesto en el escenario en el cual el Congreso solo apruebe 20 puntos o nada de la solicitud de facultades? ¿Sería un fracaso para el Ejecutivo?
No, por el contrario, sería un nuevo reto para poder hacer lo que ya estamos haciendo. Ya estamos trabajando en los penales con inteligencia. Las requisas no están destinadas simplemente al show, no están destinadas a recoger algunas armas o algunos equipos tecnológicos de WiFi, sino esencialmente están diseñadas para trazar lineamiento de inteligencia para el futuro.
— ¿Cuándo dice show se refiere a lo que sucedió en el gobierno de José Jerí, donde se rapó a los internos y sacaban fotos? Usted fue parte de esa administración.
A ver, el intento de luchar contra el crimen organizado al interior de los penales es un esfuerzo que muchos gobiernos han realizado desde hace una década que yo recuerde. El tema es que los grupos criminales, al interior de los penales, se combaten con inteligencia y hoy estamos viendo que hay varios penales con presos muy peligrosos que no tienen sistemas de bloqueo de señal. Y también nos hemos dado cuenta de que los bloqueadores de señal están siendo superados por tecnología de este siglo. Los bloqueadores son una tecnología del siglo pasado. Entonces, los retos son permanentes y continuos. Cada gobierno hace lo que puede hacer de acuerdo a su realidad política.
— Sin facultades, ¿el gobierno puede reformar el INPE?
Sí, ya lo estamos haciendo. Acabamos de hacer la continuidad del gobierno en el cual yo participé que creó la superintendencia reorganizando el INPE. Hay una superintendencia precisamente que reúne tanto el sistema de cárceles de adultos como los establecimientos de internamiento de jóvenes. Va a tener su propia organización, su propia estructura y cierto nivel de autonomía. Y estamos incorporando a elementos de las FF.AA., a expertos en inteligencia. Entonces, la labor ya comenzó. Lo que pasa es que los efectos se van a sentir de manera más lenta si nos recortar o nos bloquean [las facultades], pero igual vamos a cumplir con el país.
— Por ejemplo, uno de los principales problemas es que, desde los penales, los presos extorsionan y continúan coordinando acciones delictivas, como secuestros, entre otros. ¿Se requieren de facultades para bloquear la señal? ¿Para coordinar con los operadores de telefonía un corte en la zona cercana a las cárceles?
No, eso ya lo estamos haciendo. Con la ayuda de las FF.AA. estamos derribando antenas, encontrando dónde existe señal, incluso a veces dentro del penal con aparatos especiales. Lo que hace falta es inteligencia, la DINI, porque es sabido que la corrupción ha ingresado en todos los niveles de las instituciones del país, desde la más pequeña hasta la más grande. Por tanto, necesitamos hacer un corte y tener supervisión de los otros servicios de inteligencia.
— A fines de mes, la presidenta Keiko Fujimori viajará a El Salvador y visitará el CECOT. ¿Qué medidas del modelo de Bukele se pueden implementar en el Perú, a su juicio?
Todas las que puedan ser útiles para nuestro país. El Salvador y el Perú tienen realidades diferentes. El Perú es un país muy grande y complejo, donde el crimen que más agobia es la extorsión y el sicariato. Estos males actúan de manera soterrada como el terrorismo de la década de 1980. En cambio, en El Salvador existieron tribus criminales que actuaban prácticamente de manera externa y dominaron al Estado. Entonces, son realidades diferentes, pero hay cosas que son útiles.
Por ejemplo, el Ministerio de Justicia y el gobierno pasado, nosotros, en enero, trajimos la idea del subsistema de extorsión y sicariato, justamente adecuado la primera etapa de Bukele en El Salvador. Lo que todos observan, que es el CECOT, la cárcel famosa, se da en una etapa posterior. Todo comienza con la penalización drástica de la tenencia ilegal de armadas y luego sigue con la unificación de un sistema con jueces, fiscales y la policía provista de inteligencia y protegidos por las FF.AA., y así investigaron y condenaron a los líderes de las bandas. Estamos iniciando esto en Trujillo. Ya hemos inaugurado el primer módulo del subsistema contra la extorsión y el sicariato. Y lo vamos a traer a Lima norte y Lima este.
— La comisión de alto nivel que tenía como tarea revisar las llamadas leyes procrimen concluyó su trabajo. ¿Cuáles son sus recomendaciones? ¿Se buscará derogar o modificar algunas de estas normas?
A partir del lunes vamos, justamente, a reunirnos con el grupo de representantes de las instituciones y de los académicos que han participado generosamente en este comité. Vamos a discutir punto por punto y vamos a entregar ese documento a la PCM, que es quien lo debe canalizar con el grupo parlamentario [de Fuerza Popular]…
— ¿El Ejecutivo va a presentar proyectos de ley en base a las recomendaciones?
Entiendo que sí, pero primero tenemos que conversarlo. Tengo que estudiarlo con los técnicos de la PCM. El Ministerio de Justicia no puede llegar directamente a la bancada ni al Poder Legislativo.
— ¿Los expertos han sugerido que se derogue, que se modifiquen estas normas?
No, [no plantean la derogación], son modificaciones puntuales para hacerlas más viables y para evitar algunos efectos que correspondían a la realidad política del gobierno del Congreso anterior. Pero básicamente, hay un tema, no puedo entrar en detalles, porque el documento es reservado. Y a mí, como ministro de Justicia me corresponde entregarlo al presidente del Consejo de Ministros para que él evalúe.
— El Comercio reveló que existen 8 mil solicitudes de gracias presidenciales, entre ellas, el expresidente Alejandro Toledo. ¿Este caso específico ya está siendo analizado? ¿Le corresponde?
No, todavía no ha sido analizado. Lo primero que se ha hecho es tratar de comenzar a tratar a ponernos al día declarando improcedencias y archivando aquellas causas que no reúnen los requisitos de forma. Ha habido un embalse ciertamente en la comisión de gracias, lo que no necesariamente es culpa de los integrantes. La comisión ha sido renovada y la labor será bastante exigente en los próximos meses. No tenido la ocasión de [conocer] el pedido del expresidente Toledo. Pero hay personas que sí están enfermas realmente y que han purgado una buena cantidad de años en la cárcel, porque de lo que se trata, de acuerdo con la evidencia de la Corte IDH, es que no haya el uso del indulto, la amnistía o cualquier otro elemento jurídico en beneficio de la impunidad.
— Sobre el Lugar de la Memoria (LUM), ¿pudo conversar con el ministro Beingolea? ¿El tema está cerrado y se queda en Cultura?
Nosotros hemos conversado y hemos bromeado en algunas ocasiones al respecto, porque todo se debió a una pregunta en una entrevista y yo dije: “bueno, a mí manera de ver debería estar en [Justicia] y no en [Cultura]”, pero en realidad no había una evaluación previa ni una correlación. Eso corresponderá a otra etapa del gobierno. Ahora estamos básicamente dedicados tanto al fenómeno de El Niño como a los grupos criminales.
— Pero cuando dice otra etapa, ¿se refiere a que todavía el tema no está cerrado?
No, en realidad en un gobierno nada está cerrado. El próximo año, Dios mediante, habiendo superado El Niño y comenzando el proceso de derrota de los grupos criminales, ya será otro momento y evaluaremos. Hay muchas cosas que evaluar. El Estado es gigante.
Incluso, dentro del Ministerio de Justicia hay organismos que, a mi manera de ver, no deberían estar en Justicia. Por ejemplo, Justicia no debe construir cárceles. Pero tiene un organismo al interior del ministerio que está encargado de esta tarea. Por eso es que hemos firmado un convenio con ProInversión, porque ya tenemos los terrenos para comenzar a construir penales a nivel nacional, en tres lugares diferentes. Pero para ello necesitamos superar la tramitología que nos exige tres o cuatro años para culminar un penal.
— En la última campaña, la presidenta Fujimori prometió construir un mega penal parecido al CECOT de El Salvador. ¿Cumplirá?
De todas maneras. Justamente, yo aspiro a regresar de El Salvador con la presidenta Fujimori con las copias de los planos del CECOT y de cuánta prisión salvadoreña se haya construido en breve tiempo. Ellos han logrado construir penales en menos de un año y yo quiero investigar y traer toda la información necesaria para tratar de adecuarla a la legislación peruana.
