La fragilidad institucional del Perú ya no es solo una preocupación política, también representa un riesgo para el entorno en el que operan las empresas, desde la predictibilidad de las reglas de juego hasta la seguridad, la inversión y la generación de empleo. Bajo esa premisa, Capitalismo Consciente Perú convocó a una serie de mesas redondas para discutir qué papel deben asumir los empresarios frente al deterioro de la democracia y la institucionalidad del país.
El resultado de estas conversaciones, que reunieron a líderes del sector privado, la academia, la sociedad civil, los medios de comunicación y representantes de la ciudadanía, se recoge en el informe “El rol de los empresarios en la democracia 2026″. La principal conclusión apunta a una autocrítica del propio sector ya que el liderazgo empresarial no puede limitarse a gestionar organizaciones rentables, crear puestos de trabajo y cumplir la ley; también debe involucrarse en la defensa de las instituciones y la construcción de una agenda común para el país.
La discusión cobra relevancia en un contexto en el que solo el 18% de los peruanos se encuentra satisfecho con el funcionamiento de la democracia, frente al 43% registrado en América Latina, según el Barómetro de las Américas 2026 citado en el informe. En paralelo, las empresas aparecen como la institución mejor posicionada en confianza ciudadana, con un 57%, de acuerdo con el Barómetro de Confianza de Edelman de este año.
Para Capitalismo Consciente Perú, esa posición representa tanto un activo como una responsabilidad. La ciudadanía espera que las empresas contribuyan a tender puentes entre grupos que desconfían entre sí: el 73% considera que esa tarea también corresponde al sector privado y el 72% extiende esa responsabilidad a los CEO, según los datos recogidos en el documento.
El costo empresarial de guardar silencio
Una de las conclusiones más recurrentes de las mesas fue la necesidad de que los empresarios y los gremios tengan una voz más activa frente a las decisiones que puedan afectar la institucionalidad. El informe advierte que, en momentos de crisis, muchas organizaciones empresariales optan por callar o reaccionan tarde, incluso cuando están en juego las reglas que sostienen el funcionamiento del país.
La frase que resume esta preocupación es contundente: “El silencio no es una omisión involuntaria, sino una decisión”. Según las reflexiones recogidas por el informe, esa ausencia deja el espacio público disponible para otros actores, reduce la posibilidad de contar con interlocutores técnicos y debilita la capacidad del propio sector privado para defender sus intereses legítimos.
La propuesta no pasa por convertir a las empresas en organizaciones partidarias, sino por establecer criterios claros para pronunciarse frente a hechos que comprometan la institucionalidad, preparar voceros y comunicar posiciones con evidencia. También implica que los gremios coordinen una agenda común y definan compromisos verificables, en lugar de limitarse a reaccionar ante iniciativas legislativas o decisiones del gobierno de turno.
El documento plantea, además, que el sector privado ya tiene influencia política por los recursos, la capacidad de convocatoria y el conocimiento que concentra. Por ello, la discusión no debería girar en torno a si los empresarios participan o no en los asuntos públicos, sino a cómo lo hacen y bajo qué criterios de transparencia.
La confianza también empieza dentro de las empresas
Otra de las conclusiones centrales apunta a la necesidad de que el empresariado revise sus propias prácticas antes de exigir integridad al Estado. Las mesas identificaron problemas como los conflictos de interés, los programas de cumplimiento que funcionan solo en el papel, los abusos en la relación con proveedores y las prácticas de corrupción o evasión.
La advertencia es que no se puede reclamar institucionalidad hacia afuera mientras se toleran conductas que erosionan la confianza dentro de las propias organizaciones. En esa línea, el informe propone revisar los conflictos de interés en directorios y estructuras de propiedad, transparentar las relaciones comerciales y aplicar una política efectiva de tolerancia cero frente a las coimas y los atajos regulatorios.
La discusión también pone sobre la mesa la relación entre formalidad e ilegalidad. Las mesas coincidieron en que las economías ilegales —como la minería y la tala ilegal, el contrabando y las redes vinculadas a la extorsión— representan un problema económico y político, pues pueden financiar campañas, influir en decisiones públicas y competir en condiciones ventajosas frente a las empresas formales.
Sin embargo, el informe advierte que no se debe confundir informalidad con ilegalidad. La primera es una realidad que involucra a millones de trabajadores y responde, en parte, a un Estado que no ofrece suficientes incentivos para formalizarse. Por ello, plantea combatir las actividades ilegales sin criminalizar a quienes trabajan fuera de la formalidad, y construir condiciones para que incorporarse a la economía formal resulte atractivo.
De los diagnósticos a los compromisos
Las mesas también identificaron una brecha entre las iniciativas que ya existen en el país y la capacidad de articularlas para conseguir resultados sostenibles. En ese sentido, el informe plantea que el desafío no es producir nuevos diagnósticos, sino convertir las coincidencias en una agenda concreta, con prioridades, responsables, financiamiento, plazos y mecanismos de seguimiento.
Entre los frentes que se mencionan figuran la seguridad, la salud, el empleo, el acceso al agua y la educación. También se propone que el sector privado contribuya a fortalecer las capacidades del Estado, sin reemplazarlo, mediante herramientas como Obras por Impuestos (OxI), la capacitación de funcionarios y el acompañamiento técnico a los gobiernos regionales y locales.
Las conversaciones advirtieron sobre la distancia entre Lima y las regiones, así como sobre el desconocimiento que puede tener parte del liderazgo empresarial respecto de las condiciones en las que viven y producen otras zonas del país. Para corregirlo, se plantea fortalecer la presencia regional, escuchar a las comunidades y ampliar la representación de las pequeñas empresas en los espacios gremiales.
El documento también destaca que la defensa de la institucionalidad no puede quedar separada de la actividad empresarial. Sin reglas previsibles, seguridad y confianza, las condiciones para invertir, contratar y crecer se debilitan. Por ello, Capitalismo Consciente Perú plantea que el sector privado debe pasar de la preocupación al compromiso y asumir que su responsabilidad con el país también se expresa en aquello que decide defender, cambiar o dejar de callar.
