La Constitución de 1993 permite al presidente nombrar a los embajadores. Esta disposición significó un importante cambio, pues la Constitución de 1979 señalaba que, si bien el presidente podía nombrarlos, esta designación requería la ratificación del Senado.
En principio, considerando que es el presidente quien dirige la política exterior, parece lógico que tenga esta función. Además, siendo el Legislativo un poder del Estado donde confluyen diversas fuerzas políticas, este tipo de nombramientos puede terminar siendo politizado, limitando la capacidad que tiene el Ejecutivo de conducir el accionar del país en el ámbito internacional. Justamente, uno de los casos emblemáticos fue el rechazo del Senado a la designación de Javier Pérez de Cuéllar como embajador del Perú en Brasil en 1981. Para alguien con la experiencia y el reconocimiento de Pérez de Cuéllar, esta decisión resultaba increíble, más aún cuando al poco tiempo fue elegido secretario general de la ONU.
Sin embargo, no existe el sistema perfecto. En varios países de América, como es el caso de México, Brasil y Argentina, la designación de los embajadores requiere la participación directa de sus respectivos parlamentos. Y es que, en tanto un embajador representa los intereses de un Estado, esta designación no debería depender solamente de la decisión del presidente. El Legislativo termina siendo un mecanismo de control sobre una decisión que puede tener impacto en los intereses del país.
En el caso peruano, el nombramiento de embajadores por parte del presidente ha sido muy cuestionado. El gobierno de Pedro Pablo Kuczynski observó el nombramiento de un grupo de embajadores pertenecientes al Servicio Diplomático, realizado al final del gobierno de Ollanta Humala, por contravenir una «práctica internacional» que desaconseja designar embajadores en el tramo final de una gestión gubernamental.
Pero esto es mucho más preocupante tratándose del nombramiento de embajadores políticos. La normativa peruana es extremadamente permisiva, lo que ha permitido que los presidentes puedan designar, en la práctica, a cualquier persona. Durante el gobierno de Pedro Castillo, el nombramiento de Richard Rojas, primero como embajador de Panamá y luego de Venezuela, fue muy cuestionado.
En la actualidad, surgen interrogantes respecto al nombramiento de una serie de embajadores políticos en diferentes países del mundo. Al margen de la cuestión formal, ¿realmente son las personas indicadas para proteger los intereses del Perú en el extranjero? Lamentablemente, algunas de las designaciones parecen más resultado de una decisión personal y arbitraria de la presidenta que de un profundo análisis acerca de lo que es mejor para el país.
