La izquierda en el Congreso de la República quiere acelerar el cobro de las deudas tributarias que los contribuyentes tienen con el Estado peruano. Así lo refleja un nuevo proyecto de ley, presentado por la bancada de Juntos Por el Perú (JP), el pasado lunes.
La proposición responde a una sesión de octubre de la Comisión de Economía de Diputados donde estuvo presente el superintendente de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), César Luna, para tocar esta materia.
Sin embargo, especialistas consultados por Gestión consideran que la iniciativa legislativa no es relevante para el objetivo planteado y, por el contrario, advierten que podría generar un vacío en un aspecto clave.
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El panorama de las deudas tributarias
El 7 de octubre Luna reportó en el Congreso que la deuda tributaria total que los contribuyentes mantienen con el Estado peruano supera los S/ 123,000 millones. Sin embargo, aclaró que la Sunat proyecta que solo podrá hacer efectivo el cobro de S/ 11,900 millones, el 9.2% del total.
El resto de los S/ 123,000 millones, no puede cobrarse están en etapa de notificada, impugnada o en curso.
“Los costos de cobrar la deuda son enormes y, respecto de deudas chicas, uno termina invirtiendo más en cobrarla que en lo que realmente cobra. Después, en seis años, corremos riesgos”, sostuvo.
Esta dificultad despertó cuestionamiento de parte de los diputados de la Comisión de Economía, que presidente el congresista José Marcelo, de Ahora Nación, partido de izquierda que también preside el mismo grupo de trabajo, pero en el Senado, con su líder Alfonso López Chau. Aparte del Buen Gobierno, los más críticos fueron, precisamente, los de JP.
“¿No se puede tomar cualquier otra acción para que se pueda cobrar a estas empresas? Estas empresas son reconocidas […]. Como técnicos, especialistas [de Sunat], creo que tienen el mecanismo para hacer efectivas estas cobranzas”, señaló Gabriel Gonzales, diputado de JP, en la sesión.
Ese monto sería equivalente al 5.7% de los ingresos recaudados por la Sunat durante 2025 y también es comparable al 5.1% del presupuesto público inicial de 2026, lo que pudo significar más recursos para atender demandas sociales, indicó ComexPer.
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La “ayuda” que quiere dar el Congreso
Así apareció la proposición legislativa 00728-2026-2031-CD, presentado por el vocero de JP Ernesto Zunini, con las firmas de todos los demás miembros de su bancada en Diputados.
La propuesta busca establecer “medidas extraordinarias” para recuperar las deudas tributarias consideradas de “alto impacto fiscal”, aunque no las define, salvo indicar que serían aquellas que por su cuantía puedan tener “riesgo de pérdida de capacidad de recuperación” y se necesiten “mecanismos reforzados de seguimiento y gestión”.
Asímismo, generaría nuevas obligaciones de transparencia y difusión para la Sunat. Zunini plantea que se cree el “Sistema de Seguimiento de Deudas Tributarias de Alto Impacto Fiscal”, dándole mayor trazabilidad al asunto, más un reporte nacional trimestral del tema para ver la evolución de la deuda tributaria total.
El partido liderado por Roberto Sánchez también plantea en su iniciativa que la Sunat cree un régimen extraordinario para recuperar acreencias tributarias existentes, sin considerar la condonación y afectación de garantías; revise y rinda cuentas respecto a estos procesos; e implemente “acciones extraordinarias según la situación jurídica” de las acreencias, aunque sin detallarlas.
Aporte difuso
A pesar de la aparente buena intención, Jorge Picón, abogado tributarista socio de Picón & Asociados, fue escéptico respecto a la utilidad de la propuesta de JP.
“Su relevancia es cero, no aporta nada: no da facultades específicas, no cambia la situación de la deuda y solo crea una categoría de alto impacto fiscal. Lo más probable es que entorpezca la labor de la Sunat. Ellos ya generan información, pero si la regulas ello implica fiscalización posterior. Tendrán que haber funcionarios que, dentro de sus tareas, se dediquen a cumplir esa ley cuando podrían destinar ese tiempo a otras cosas”, criticó.
Agregó: “Cuidado con que las deudas o controversias tributarias se conviertan en un tema político cuando esto es un tema completamente técnico. Uno de los grandes problemas es que cuando se politiza el tema, con montos en litigios, los resolutores eventualmente podrían verse increíblemente presionados para fallar.
Jorge Dávila, socio del Área Tributaria de Rubio Leguía Normand, coincidió con su colega: “La propuesta es meramente declarativa y con cero efectividad tributaria. La Sunat ya tiene instrumentos de planificación y rendición de cuentas públicas. Basta revisar la información. Tienen indicadores de cumplimiento y el TF igual. Las herramientas están, aunque sí, podrían ser más detalladas sin afectar la reserva tributaria”, refirió.
En ese panorama, Picón dijo que el Congreso tiene dos opciones: aguarda esta propuesta del MEF o convoca a las empresas para saber cómo colaborar desde antes.
“Podrían tener una agenda propia, convocar al sector privado y preguntarles qué necesitan para invertir con menos miedo en el país. En los últimos años la Sunat se ha ganado una imagen negativa que aún cuesta revertir”, recomendó.
“Yo creo que el Congreso debería concentrarse en medidas para ampliar la base tributaria, como simplificar el cumplimiento o reducir los costos de la formalización. Otro frente es aportar a fortalecer la institucionalidad de la Sunat y el TF, con más recursos, tecnología y herramientas de identificación temprana”, agregó Dávila al respecto.
