La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema evaluará si revoca la condena de 11 años, 5 meses y 15 días impuesta a Pedro Castillo por conspiración para rebelión, relacionada con el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.
El tribunal admitió a trámite el recurso de apelación que Castillo presentó el 16 de diciembre de 2025 contra la condena dictada por la Sala Penal Especial el 4 de diciembre de ese año. Mediante una resolución, la sala presidida por el magistrado Víctor Prado Saldarriaga determinó que el recurso cumple los requisitos formales del Código Procesal Penal para su admisión.
La defensa de Castillo solicitó principalmente que se revoque la condena y se lo absuelva, argumentando que la conducta imputada no reúne los elementos del delito y que no existe prueba de un pacto conspirativo.
Como alternativa, su defensa pidió anular el juicio oral por contradicciones en la motivación, cambios en los hechos imputados y presuntas vulneraciones al debido proceso, relacionadas con el juez natural y la falta de acusación constitucional.
La Corte también admitió a trámite la apelación de la presidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, con la que busca revocar su condena de 11 años, 5 meses y 15 días y obtener la absolución por conspiración para rebelión.
La defensa de Chávez, actualmente exiliada en México, sostuvo que se vulneraron la debida motivación de las resoluciones, la presunción de inocencia y los principios de lesividad y legalidad penal.
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El tribunal también declaró “bien concedidos” los recursos de apelación del exministro del Interior Willy Huerta y del exministro de Justicia y exjefe del Gabinete Ministerial, Aníbal Torres.
Asimismo, admitió la apelación del Ministerio Público contra la absolución del jefe policial Manuel Lozada. La Fiscalía solicitó que sea condenado a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión y dos años de inhabilitación por conspiración para rebelión.
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La sala pidió a la Fiscalía informar, con documentación, desde cuándo y por qué el delito de conspiración para rebelión dejó de formar parte de la investigación preparatoria. También solicitó al juzgado correspondiente precisar si emitió alguna resolución sobre ese delito durante la investigación o la etapa intermedia.
Las partes serán notificadas y podrán ofrecer pruebas en un plazo de 5 días. Después, se continuará el trámite y se programará una audiencia virtual para evaluar las apelaciones y resolver la situación legal de los involucrados.


