Violencia y acoso escolar exigen abordaje integral urgente en salud mental de adolescentes

El Instituto Nacional de Salud Mental "Honorio Delgado - Hideyo Noguchi" (INSM “HD-HN”) expresó su preocupación por el impacto psicológico devastador que pueden ocasionar hechos de violencia escolar, agresión sexual y hostigamiento que afectan la salud mental de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país.

La exposición a situaciones de acoso sistemático y violencia sexual durante la etapa escolar representa una vulneración traumática que altera profundamente el desarrollo socioemocional. La adolescencia constituye un periodo crítico de maduración neurológica y conformación de la identidad, por lo que vivencias de esta naturaleza quiebran la sensación básica de seguridad, confianza interpersonal y autoestima en los menores agraviados.

Desde la perspectiva clínica, las víctimas de violencia sexual e intimidación en entornos escolares presentan un riesgo elevado de desarrollar trastorno de estrés postraumático (TEPT), episodios depresivos mayor con ideación suicida, cuadros severos de ansiedad, así como somatizaciones múltiples. Estos síntomas no solo comprometen el rendimiento académico, sino que pueden proyectar secuelas psicológicas permanentes si no son intervenidos oportuna y adecuadamente.

Asimismo, es imprescindible señalar que la violencia ejercida en grupo o bajo dinámicas de complicidad institucional perpetúa patrones de deshumanización y normalización del abuso. Este tipo de conductas colectivas refleja graves fallas en las competencias socioafectivas, empatía y autorregulación de los agresores, condicionando entornos escolares tóxicos que perpetúan el estigma y el sufrimiento prolongado de la víctima.

El INSM HDHN enfatizó que la respuesta institucional ante cualquier manifestación de agresión escolar debe situar el bienestar psíquico del menor en el centro de todas las acciones. Limitar la atención a la vía punitiva o administrativa resulta insuficiente si no se garantiza un acompañamiento psicosocial continuo, especializado e interdisciplinario para la víctima y su entorno familiar directo.

Para garantizar una recuperación efectiva, resulta prioritario activar de inmediato los protocolos de contención emocional, apoyo psicológico especializado y acompañamiento psiquiátrico cuando el caso lo requiera. La revictimización en el proceso de denuncia o dentro de las aulas debe ser totalmente evitada a través de espacios de escucha empática, confidencialidad estricta y protección integral del menor.

De igual manera, el personal directivo, docente y tutor de los centros educativos tiene la responsabilidad ética y legal de mantener vigilancia activa, responder sin dilación frente a las señales de alarma y desterrar cualquier tentativa de encubrimiento. Minimizar o postergar la atención de denuncias por violencia agrava de manera exponencial las lesiones emocionales de los estudiantes.

La prevención de la violencia en las aulas demanda un compromiso social estructural que abarque la implementación efectiva de programas de educación emocional, resolución pacífica de conflictos y tutoría preventiva desde las etapas tempranas de la escolaridad. La comunidad educativa debe consolidarse como un espacio seguro, inclusivo y protector para el desarrollo de la niñez y juventud.

Es fundamental que las familias participen activamente y contribuyan en la prevención de la violencia fomentando un ambiente armónico, pacífico, enseñando a sus hijas e hijos a reconocer los signos de alerta, de alarma y motivándolos a pedir ayuda sin miedo, sin temor.