La posibilidad de transmitir en vivo la ejecución por fusilamiento de Nidal Hasan, el exmilitar condenado por la masacre de Fort Hood en el 2009, encendió la polémica en Estados Unidos sobre la pena de muerte y el uso de la violencia estatal como mensaje disuasorio. El presidente Donald Trump, que inicialmente respaldó la idea, ahora duda si autorizar la difusión pública. ¿Cómo funciona este método de ejecución, qué procedimiento se sigue y por qué su posible transmisión genera controversia?
El 5 de noviembre de 2009, el entonces mayor del Ejército de Estados Unidos Nidal Hasan mató a 13 personas e hirió a otras 32 en la base militar Fort Hood, en Texas.
Hasan fue condenado a muerte el 28 de agosto del 2013, por un tribunal militar que lo halló culpable de 13 cargos de asesinato premeditado y 32 cargos de intento de asesinato premeditad.
Durante el juicio, Hasan relacionó el ataque en Fort Hood con su oposición a las guerras que llevaba adelante Estados Unidos en países musulmanes.
Las autoridades no lograron determinar su pertenencia a una organización terrorista. Él tampoco reivindicó el ataque en Fort Hood en nombre de algún grupo específico.
Lo que sí se demostró es que Hasan mantenía comunicación vía correo electrónico con Anwar al-Awlaki, un clérigo radical cercano a Osama Bin Laden y reclutador de Al Qaeda en la Península Arábiga.
Pero no se demostró que Anwar al-Awlaki haya ordenado o dirigido el ataque.
La sentencia contra Hasan pasó por un largo proceso de apelaciones, hasta que finalmente el pasado 2 de octubre el presidente Trump aprobó que la condena fuera ejecutada bajo el método del fusilamiento.
Luego, el secretario interino del Ejército, Adam Telle, programó el fusilamiento de Hasan para el próximo 3 de diciembre a la 1 de la tarde en Fort Hood.
Sin embargo, la decisión que desató una gran controversia fue la de transmitir la ejecución en vivo. El 8 de octubre, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, anunció que el público podría presenciarla, con el argumento de que la difusión permitiría mostrar las consecuencias de cometer crímenes de esa gravedad.
Cuando al día siguiente los periodistas le preguntaron a Trump si autorizó la transmisión en vivo, respondió: “¿Lo aprobé? Absolutamente". Horas después, dijo que no participó en la decisión, pero que la entiende.
Con el paso de los días, el presidente comenzó a reconsiderar la iniciativa. El 10 de octubre Trump declaró: “Hay dos opciones: no mostrarla y mostrarla”. Agregó que exhibir la ejecución podría disuadir a otras personas de cometer delitos similares, pero anunció que próximamente él tomará la decisión definitiva.
El lunes, el portal Axios informó que Trump comentó en privado que la transmisión “podría no realizarse”, después de recibir objeciones de legisladores y asesores.
Por su parte, CNN informó que Trump comentó en privado que no sabía que Nidal Hasan estaba paralizado de la cintura para abajo, tras recibir un disparo en la espalda por parte de las fuerzas del orden durante el ataque del 2009 en Fort Hood, por lo que usa silla de ruedas.
Además, CNN indicó que el presidente también ha escuchado el argumento de que una ejecución pública por fusilamiento podría servir de propaganda para que adversarios extranjeros y terroristas intenten presentar a Hasan como un mártir.
De acuerdo con Axios, la transmisión en vivo marcaría la primera ejecución pública en Estados Unidos en 90 años.
En cuanto a la ejecución por fusilamiento, el Centro de Información sobre la Pena de Muerte documenta solo seis casos desde que se reanudó la pena capital en 1977.
El Pentágono no ha revelado los detalles del procedimiento que se seguirá para ejecutar a Hasan.
En Estados Unidos, el fusilamiento sigue un protocolo formal, pero los procedimientos varían según la jurisdicción, la legislación aplicable y las normas penitenciarias vigentes en cada estado.
En el procedimiento habitual, el condenado es trasladado a una sala habilitada para la ejecución, donde se le sujeta a una silla y se le coloca en la posición establecida por el protocolo.
Los tiradores ocupan sus puestos, separados del condenado por una distancia establecida en el protocolo. En algunos procedimientos se coloca una diana sobre el pecho del preso.
A una señal del responsable, los tiradores disparan. El objetivo del procedimiento es provocar la muerte mediante heridas de bala en órganos vitales.
Después de los disparos, personal médico comprueba el fallecimiento y lo certifica. La ejecución no se considera concluida formalmente hasta que se verifica la muerte.
¿Qué aspectos varían? Por ejemplo, en el caso del estado de Utah los tiradores son cinco agentes, mientras que en Carolina del Sur son tres.
En cuanto a la munición, en Utah el protocolo establece una bala de fogueo entre los rifles. Ello para que los integrantes del pelotón no sepan con certeza quién disparó munición real.
En Carolina del Sur, todo el pelotón utiliza munición real.
En el caso de Hasan, no se puede asumir que el procedimiento será idéntico al que se aplica en el estado de Texas, pues se trata de una ejecución militar.
En diálogo con El Comercio, el embajador y analista internacional Juan Álvarez Vita cuestionó la posibilidad de que Estados Unidos transmita en vivo la ejecución por fusilamiento de Hasan.
Sostuvo que difundir públicamente la muerte de un condenado constituiría una “regresión indigna” para un país como Estados Unidos, y podría generar un efecto contrario al que se busca con la pena capital.
“Transformar una pena en un espectáculo es fomentar el sadismo también”, advirtió el diplomático.
Para Álvarez Vita, la posibilidad de exhibir una ejecución ante el público no solo plantea cuestionamientos éticos, sino que también abre la puerta a que organizaciones extremistas utilicen las imágenes con fines propagandísticos.
Aunque reconoció que en algunos países todavía se realizan ejecuciones públicas, remarcó que se trata de una práctica minoritaria en el mundo actual. “No estamos en la Edad Media, donde eso era algo normal”, afirmó.
Consultado sobre la posibilidad de que la transmisión sea aprovechada por organizaciones extremistas para convertir a Hasan en un mártir o utilizar su muerte como propaganda, Álvarez Vita respondió afirmativamente.
“Por supuesto que sí”, dijo al advertir sobre ese riesgo. Sostuvo que la difusión de la ejecución podría terminar produciendo un efecto contrario al esperado y alimentar narrativas de grupos radicales.
La polémica también podría tener consecuencias para Trump, quien inicialmente se mostró favorable a la posibilidad de transmitir la ejecución, pero posteriormente dejó abierta la opción de no hacerlo.
Álvarez Vita consideró que autorizar la difusión pública podría acarrearle consecuencias negativas al presidente y deteriorar su imagen ante sectores que rechazan la pena de muerte y la exhibición de ejecuciones.
Sostuvo que dar marcha atrás en la iniciativa podría ser una salida políticamente favorable para Trump.
Para el embajador, la discusión va más allá del destino de Hasan: pone en cuestión los límites éticos de la pena capital y el riesgo de transformar una sanción judicial en un espectáculo.
