Los sorteos en redes sociales como Instagram, TikTok o Facebook se han convertido en una estrategia frecuente de las marcas para atraer seguidores, promocionar productos y aumentar su presencia digital. Desde dispositivos electrónicos hasta viajes y premios en efectivo, las empresas ofrecen distintos incentivos a cambio de que los usuarios sigan sus cuentas, comenten publicaciones o compartan contenido.
Sin embargo, detrás de estas promociones surgen interrogantes sobre su transparencia. ¿Quién garantiza que los ganadores realmente existen? ¿Las empresas están obligadas a demostrar cómo los eligieron? ¿Es necesaria la presencia de un notario? ¿Qué ocurre cuando una marca manipula los resultados o nunca entrega el premio anunciado?
Aunque estas promociones parecen sencillas para quienes participan, su organización plantea una serie de cuestiones legales relacionadas con las condiciones ofrecidas, la elección de los ganadores y la entrega de los premios.
El debate cobra especial relevancia cuando los resultados son cuestionados por los participantes o existen sospechas de que el procedimiento no se realizó de manera transparente.
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¿Quién fiscaliza los sorteos en redes sociales?
Bruno Mejía, líder de Competencia y Mercados de EY Law, explicó que las empresas pueden organizar sorteos promocionales en Instagram, TikTok, Facebook u otras plataformas sin solicitar autorización previa a las autoridades. Tampoco es obligatoria la intervención de un notario, salvo que la propia marca haya establecido esa condición en las bases del sorteo o en su publicidad.
Crosbby Buleje, asociado principal de Echecopar, recordó que anteriormente determinados sorteos requerían autorización de la antigua Oficina Nacional de Gobierno Interior (ONAGI). Sin embargo, ese régimen fue eliminado y actualmente el control se realiza de manera posterior.
Buleje precisó que Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) puede intervenir de oficio o a partir de una denuncia. Si una empresa incumple las condiciones ofrecidas o no entrega el premio, el caso puede ser evaluado por los órganos de protección al consumidor. En cambio, si existen anuncios engañosos, corresponde intervenir a la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal.
¿Es obligatorio demostrar cómo se eligió al ganador?
Uno de los principales cuestionamientos es cómo comprobar que el ganador fue elegido de manera transparente. Según Mejía, las empresas no están obligadas a transmitir los sorteos en vivo, publicar grabaciones ni levantar actas notariales. Sin embargo, deben estar en condiciones de acreditar que la selección se realizó conforme a las reglas anunciadas y que el premio fue efectivamente entregado.
Para ello, recomendó conservar las bases del sorteo, la relación de participantes, los registros de selección y las constancias de entrega. Esta documentación puede resultar determinante si Indecopi inicia una fiscalización o recibe una denuncia por presuntas irregularidades.
Buleje añadió que anunciar públicamente el nombre de un ganador no demuestra necesariamente que el sorteo se realizó correctamente. La empresa debe poder acreditar que esa persona participó válidamente, fue seleccionada conforme a las bases y recibió el premio ofrecido.
¿Se pueden manipular los sorteos realizados con aplicaciones digitales?
Las marcas pueden utilizar aplicaciones digitales o sistemas aleatorios para seleccionar a los ganadores sin necesidad de contar con un tercero independiente. Sin embargo, utilizar estas herramientas no garantiza, por sí solo, que el procedimiento haya sido transparente.
Buleje advirtió que una empresa podría emplear una aplicación conocida, pero haber excluido previamente de la lista a personas que cumplían los requisitos de participación. En ese supuesto, el problema no estaría necesariamente en la herramienta, sino en la información utilizada para realizar el sorteo.
Por ello, recomendó conservar las listas originales de participantes, registrar los filtros aplicados y utilizar herramientas que permitan verificar que los resultados no fueron modificados. Estas medidas pueden incluir registros digitales y mecanismos tecnológicos de trazabilidad, aunque no constituyen obligaciones técnicas generales para todas las promociones.
Mejía coincidió en que las empresas deben poder demostrar que el mecanismo utilizado corresponde al anunciado y que se respetaron las condiciones de participación. La intervención de un notario puede reforzar esa evidencia, especialmente cuando se ofrecen premios de alto valor, pero no constituye una exigencia general.
¿Las marcas deben revelar la identidad de los ganadores?
Aunque publicar el nombre o la fotografía del ganador podría parecer una forma de demostrar la transparencia del sorteo, las empresas no están obligadas, como regla general, a revelar públicamente esa información.
Mejía explicó que la Ley de Protección de Datos Personales establece límites al tratamiento y difusión de estos datos. En ese sentido, debe distinguirse entre utilizarlos para contactar al ganador y entregarle el premio, y publicarlos posteriormente con fines promocionales. Para este último supuesto, puede ser necesario contar con un consentimiento específico.
Buleje señaló que las marcas pueden anunciar los resultados mediante códigos de participación u otros identificadores que no permitan reconocer públicamente al ganador. Sin embargo, advirtió que publicar iniciales u ocultar algunos dígitos del DNI no garantiza automáticamente el anonimato si existen otros datos que permiten identificar a la persona.
Esto no significa que la empresa pueda negarse a acreditar la existencia del ganador. Si Indecopi requiere esa información durante una investigación, la marca puede tener que proporcionarla, respetando las medidas de confidencialidad correspondientes.
¿Qué multas enfrentan las marcas por manipular un sorteo?
Las consecuencias legales pueden ser importantes cuando una empresa manipula los resultados, anuncia ganadores ficticios o incumple la entrega de los premios ofrecidos.
Buleje explicó que las infracciones en materia de protección al consumidor pueden sancionarse con multas de hasta 450 UIT, mientras que los actos de competencia desleal pueden alcanzar las 700 UIT. No obstante, precisó que estos montos representan los máximos legales y que las sanciones concretas dependen de la gravedad y las circunstancias de cada caso.
Mejía señaló que presentar un ganador inexistente o anunciar un sorteo manipulado podría constituir un acto de engaño, conforme al artículo 8 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal. Asimismo, el incumplimiento de las condiciones ofrecidas podría vulnerar el deber de idoneidad establecido en el Código de Protección y Defensa del Consumidor.
Como antecedente, mencionó un caso en el que Indecopi sancionó con 55 UIT a una empresa que no entregó los premios ofrecidos en una campaña promocional. Además, se le ordenó elaborar un padrón de afectados para cumplir con la entrega de los premios o acordar compensaciones.
En cuanto a los consumidores, Buleje indicó que quienes sospechen de una manipulación pueden presentar un reclamo ante la empresa o acudir a Indecopi. Para ello, resulta importante conservar las publicaciones, las bases de participación y cualquier evidencia que permita sustentar la presunta irregularidad.
¿Qué responsabilidad tienen los influencers que promocionan sorteos?
La responsabilidad por posibles irregularidades también puede alcanzar a los influencers que promocionan sorteos organizados por marcas, aunque su participación en una campaña no implica automáticamente que deban responder por cualquier incumplimiento.
Mejía explicó que los creadores de contenido pueden enfrentar procedimientos administrativos cuando participan en publicidad comercial que infringe las normas de competencia desleal. Por ejemplo, si difunden información engañosa sobre premios inexistentes o presentan publicidad pagada como si fuera una recomendación espontánea.
Buleje precisó que debe analizarse el papel concreto del influencer: si únicamente difundió la publicidad, intervino en su elaboración o participó directamente como organizador del sorteo. Estas circunstancias son relevantes para determinar las obligaciones y responsabilidades que podrían corresponderle.
Finalmente, el especialista consideró que la legislación peruana ya ofrece herramientas para investigar estas conductas. A su juicio, el principal desafío no consiste en establecer nuevas autorizaciones, sino en fortalecer la fiscalización y mejorar los mecanismos de conservación de evidencia digital que permitan comprobar cómo se realizaron los sorteos.
