La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) alertó sobre el incremento de las amenazas contra periodistas en el Perú, incluidas las de muerte, y cuestionó acciones del nuevo Congreso que, según señaló, afectaron el ejercicio de la labor periodística.
En un informe presentado durante su 82 Asamblea General, que concluyó este domingo en Bogotá, la organización indicó que las intimidaciones contra la prensa no son nuevas en el país, pero advirtió que se han vuelto más frecuentes en los últimos años.
La SIP mencionó el asesinato de la comunicadora Susy Aponte Polo, ocurrido el 19 de septiembre en la ciudad de Caraz, en un caso de presunto sicariato. Según el organismo, este crimen volvió a poner en evidencia los riesgos que enfrentan quienes difunden información sobre asuntos sensibles.
“En varios episodios, incluido el de Aponte, los propios periodistas habían advertido previamente que sus vidas estaban en riesgo, sin que, según las denuncias conocidas, recibieran una respuesta estatal efectiva”, señaló.
Cuestionan restricciones a la prensa Congreso
El informe sostuvo que el nuevo Congreso, cuya legislatura comenzó a fines de julio, volvió a ubicarse entre las instituciones más cuestionadas por acciones que afectan o buscan limitar el trabajo periodístico.
Entre los hechos mencionados, la SIP reportó que periodistas de diversos medios fueron impedidos de ingresar a la Cámara de Senadores para cubrir la elección de la mesa directiva.
También recordó que, en agosto, el diputado Aldo Bravo propuso modificar el Código Penal para establecer como agravante la apología del delito realizada mediante medios de comunicación, plataformas digitales, manifestaciones u otros actos de difusión. La iniciativa fue retirada posteriormente tras recibir críticas.
En contraste, la organización indicó que durante el semestre analizado no se registraron agresiones graves contra la prensa provenientes del Poder Ejecutivo ni del Ministerio Público.
Más de 60 periodistas afectados por agresiones
La SIP informó que más de 60 periodistas peruanos sufrieron distintos tipos de agresiones durante el primer trimestre del año, en la etapa preliminar de la primera vuelta de las elecciones de abril.
De acuerdo con el reporte, el 69% de los casos fue atribuido a candidatos y el 64% estuvo relacionado con discursos estigmatizantes. También se registraron amenazas y agresiones físicas.
Durante la cobertura electoral del 12 y 13 de abril, ocho periodistas resultaron afectados. Entre ellos estuvo Ysrael Rivera, reportero de Radio Uno, en Tacna, quien fue detenido por un policía mientras cubría el retiro de material propagandístico de partidos políticos en zonas cercanas a centros de votación.
Ataques, amenazas y procesos judiciales
El documento también consignó el ataque con explosivos contra la vivienda del periodista Julio Aquise, ocurrido el 6 de junio en Arequipa. Aquise había presentado ante la Fiscalía presuntas pruebas de actos de corrupción cometidos por policías.
Asimismo, la SIP mencionó querellas por presunta difamación contra los periodistas César Hildebrandt y Paola Ugaz, así como mensajes con amenazas de muerte recibidos por Kenny Yucra, periodista y fundador del medio digital La Lupa.
En Iquitos, otros cinco periodistas afrontaron una querella presentada por una fiscal después de difundir información sobre dos vehículos que esta adquirió en un período inferior a cinco meses. La publicación se basó en información de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).
Por último, el informe incluyó la decisión del Tribunal Constitucional (TC), adoptada en junio, que ordenó al diario El Comercio aplicar el derecho al olvido y eliminar tres artículos publicados en 2014 que vinculaban a una antigua asesora del Ministerio de Agricultura con una organización criminal.
