El Gobierno de Perú prepara un “combo” laboral y tributario que será presentado al Congreso de la República durante el verano del 2027. La propuesta de reforma, señaló el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, busca reducir la informalidad en las microempresas mediante cambios que permitan disminuir los costos de acceso al empleo formal.
“Vamos a mejorar la calibración de la norma [actual ley de la microempresa] [...] Los aportes son onerosos para alguien que gana poco. No es lo mismo ganar S/ 10,000 y pagar 10% a EsSalud y 10% a tu pensión, que ganar S/ 1,200 y pagar ese mismo porcentaje. En esos niveles salariales bajos hay que recalibrar el aporte, bajarlo. Por ejemplo, en ese tramo salarial, no tienes EsSalud, te mantienes en el Seguro Integral de Salud (SIS); no aportas 10% para tu pensión, aportas 5%”, señaló en entrevista en Cuarto Poder.
Asimismo, adelantó que trabajan en una propuesta para flexibilizar el despido en otros segmentos del mercado laboral: en el grupo de aquellos que más ganan.
¿Qué tan viables son estas medidas para reducir la informalidad? ¿Una disminución de los aportes podría afectar las futuras pensiones y el financiamiento de EsSalud? ¿Qué cambios deberían contemplarse en los regímenes tributarios para incentivar el crecimiento empresarial?
Gestión consultó con distintos analistas para analizar los alcances de las propuestas, sus posibles efectos y los aspectos que debería considerar el Gobierno antes de implementarlas.
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Menores aportes: ¿un incentivo para formalizar?
La propuesta laboral parte de una dificultad que enfrentan los trabajadores de menores ingresos: incorporarse a la formalidad supone asumir contribuciones que reducen su remuneración disponible y, en algunos casos, perder beneficios de programas sociales.
Paola Herrera, economista sénior del Instituto Peruano de Economía (IPE), explicó que estos costos pueden desincentivar la formalización, por lo que considera pertinente evaluar aportes diferenciados según el nivel de ingresos del trabajador y no únicamente por el tamaño de la empresa.
Esta última distinción resulta importante porque, según la economista, otorgar beneficios exclusivamente a las microempresas podría incentivar que los negocios permanezcan pequeños para evitar mayores obligaciones.
La reducción también podría aliviar los costos de contratación. Carlos Gallardo, gerente general del IPE, sostuvo que las microempresas tienen una productividad limitada, lo que dificulta asumir las contribuciones asociadas al empleo formal. Disminuirlas permitiría reducir los incentivos para mantenerse fuera de la formalidad.
Sin embargo, el beneficio inmediato tendría una contrapartida: menores aportes también podrían significar menores pensiones futuras. Gallardo reconoció este riesgo, mientras que Jorge Toyama, socio de Vinatea & Toyama, advirtió que una reducción sin estudios de sostenibilidad financiera podría agravar las dificultades del sistema previsional.
El problema es especialmente sensible en la Oficina de Normalización Previsional (ONP). César Puntriano, socio del estudio Muñiz, recordó que los aportes equivalentes al 13% de la remuneración no alcanzan para financiar las pensiones de los jubilados, por lo que el Estado peruano debe complementar con recursos. Una reducción, señaló, exigiría evaluar cómo se cubriría esa diferencia.
EsSalud: ¿quién cubrirá los menores ingresos?
La situación de EsSalud plantea otro desafío. Actualmente, los empleadores aportan el 9% de la remuneración de sus trabajadores para financiar la cobertura de salud. Reducir esta contribución podría abaratar la contratación formal, pero también disminuir los ingresos de una institución que ya enfrenta problemas de atención.
Puntriano consideró que la medida podría ser favorable para las empresas siempre que se acompañe de mecanismos de financiamiento. Entre las alternativas mencionó asignaciones presupuestales del Gobierno y el pago de las deudas que mantienen diversas entidades públicas con EsSalud.
Toyama coincidió en que reducir los aportes sin compensar los recursos podría deteriorar la atención de los asegurados. El abogado advirtió que cualquier alivio de costos empresariales debe considerar sus consecuencias sobre la sostenibilidad del seguro social.
Desde otra perspectiva, Gallardo planteó revisar la vinculación entre las contribuciones de la planilla y el financiamiento de la salud, considerando la existencia de otros mecanismos de cobertura, como el SIS.
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Flexibilización del despido: ¿qué debería cambiar?
Otro frente de la reforma laboral es la flexibilización de las reglas del despido. Aunque Cuba reconoció que esta propuesta podría encontrar resistencia en el Congreso, los especialistas consideran que existe espacio para discutir modificaciones al sistema actual.
La legislación laboral contempla una indemnización frente al despido arbitrario y la reposición en determinados supuestos. Sin embargo, la jurisprudencia constitucional y judicial ha ampliado los casos en los que un trabajador puede solicitar su reincorporación.
Para Toyama, esta situación genera rigidez en el mercado laboral y afecta la competitividad. El abogado consideró conveniente revisar las reglas de protección frente al despido, aunque coincidió con el ministro sobre que una reforma sería políticamente difícil de aprobar.
Puntriano también identificó problemas de predictibilidad para los empleadores, pero planteó una alternativa concreta: precisar legalmente los supuestos que generan reposición y evaluar indemnizaciones diferenciadas o escalonadas, incluso superiores a las actuales, dependiendo de las circunstancias del despido o del tipo de empresa.
La finalidad, explicó, no sería permitir el despido libre, sino establecer reglas más claras que mantengan la protección del trabajador y reduzcan la incertidumbre para las empresas.
Reforma tributaria: el desafío de ampliar la base
Por el lado tributario, el ministro Elmer Cuba señaló que se buscará ampliar la base de contribuyentes y mejorar la recaudación sin modificar las tasas del IGV ni del IR, con la meta de recaudar un punto porcentual adicional del PBI durante el 2027.
“Será un punto [adicional] el próximo año y un punto más en los siguientes dos años. Es elevar la presión tributaria 2 a 3 puntos en todo el Gobierno”, aseguró. No obstante, todavía no ha detallado las medidas específicas.
Herrera consideró que existe margen para mejorar la recaudación sin incrementar las tasas impositivas. Según estimaciones anteriores del MEF citadas por la economista, el incumplimiento del IGV y del Impuesto a la Renta habría representado, en promedio, alrededor del 9% del PBI durante la última década.
Sin embargo, el problema no se limita a combatir la evasión. Para la especialista, también resulta necesario revisar los regímenes tributarios de las micro y pequeñas empresas, debido a que sus diferencias pueden generar incentivos para permanecer en categorías de menor tamaño.
Gallardo coincidió en que el sistema debería facilitar el crecimiento empresarial, evitando incrementos abruptos de obligaciones cuando un negocio pasa de un régimen a otro. De lo contrario, algunas empresas podrían optar por subdeclarar ingresos o fragmentar sus operaciones para conservar condiciones más favorables.
Ambos economistas consideran relevante que la reforma atienda estos desincentivos, aunque el MEF todavía no ha precisado si modificará los regímenes tributarios existentes.
Así, mientras la reforma laboral busca reducir los costos de ingresar a la formalidad, el desafío tributario también pasa por evitar que las propias reglas del sistema desincentiven el crecimiento de las empresas que ya operan formalmente.
