El presidente de Paraguay, Santiago Peña, renuncia a su cargo este jueves tras el repentino cierre nocturno de Ueno Bank por insolvencia, situación que desató un escándalo financiero y dejó sin acceso a su dinero a miles de usuarios. En un mensaje emitido mediante redes sociales, el exmandatario formaliza la dimisión e indica: “He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la Presidencia de la República. Lo hago pensando en la estabilidad de nuestro país, en la paz social y en la necesidad de preservar nuestras instituciones públicas”.
Ante el caos desatado, el político justifica su salida con este argumento: “Hoy mi prioridad es una sola, la tranquilidad de los paraguayos que confiaron sus ahorros en nuestro sistema financiero”. Tras el anuncio, la definición de este retiro queda en manos del Congreso, órgano que evaluará su aprobación o rechazo en medio de un proceso de juicio político planteado por dicha crisis bancaria.
¿Quién asume la presidencia de Paraguay tras la renuncia de Santiago Peña?
Santiago Peña, quien asumió en 2023 para un mandato hasta 2028, renunció tras perder el respaldo del Partido Colorado. La cúpula oficialista había anunciado este jueves que apoyaría su destitución en el Congreso.
Tras la dimisión, el hasta entonces vicepresidente, Pedro Alliana, queda al frente de la presidencia de Paraguay.
Santiago Peña renunció tras perder el respaldo del Partido Colorado. Foto: AFPPartido Colorado en Paraguay respaldó juicio político a Santiago Peña
Antes de la renuncia de Santiago Peña, el gobernante Partido Colorado de Paraguay respaldó su juicio político por la crisis de Ueno Bank. Horacio Cartes, líder de la agrupación y mentor del mandatario, anunció en X que apoyaba el proceso para “volver a reencauzar la institucionalidad de la República”.
El presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez, también había exigido la dimisión del jefe de Estado o su enjuiciamiento. El legislador reclamó una intervención parlamentaria para “proteger a los ahorristas”, mientras diputados opositores y disidentes oficialistas presentaron acusaciones contra el entonces gobernante y el vicepresidente, Pedro Alliana.
La controversia estalló después de que el Banco Central del Paraguay (BCP) ordenara intervenir la entidad financiera al detectar un índice de solvencia inferior al 50 % del mínimo requerido. La suspensión de operaciones afectó a una institución con 2,9 millones de clientes, que además custodiaba recursos públicos y depósitos de jubilados.
