El excandidato presidencial de Juntos por el Perú (JP), Roberto Sánchez, solicitó que se archive parte de la acusación en su contra por el presunto delito de falsa declaración de aportes y reportes financieros ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe).
El pedido se vincula, específicamente, a los informes que Sánchez Palomino reportó ante la Onpe en el 2019 y que aún forman parte del expediente por el cual deberá afrontar juicio oral el próximo mes de setiembre.
Por ello, presentó un recurso de prescripción que el Poder Judicial (PJ) analizará el miércoles 25 de noviembre ante la Quinta Sala de Apelaciones.
El Ministerio Público lo acusa como presunto autor del delito de Fraude en la Administración de personas jurídicas, Falsa declaración en Procedimiento Administrativo y/o Falseamiento de la información sobre aportaciones, ingresos y gastos de organización política.
Por ello, ha solicitado una sanción de 5 años y 4 meses de pena privativa de la libertad contra Sánchez Palomino y su inhabilitación definitiva para ejercer el cargo de presidente del partido político JP.
El pedido de Roberto Sánchez, para que se archive parte de la acusación, ya había sido rechazado el pasado mes de junio por el Juzgado de Investigación Preparatoria de primera instancia cuando emitió el auto de enjuiciamiento en su contra.
Sin embargo, tras la apelación del actual asesor de la bancada de Juntos por el Perú en el Congreso Bicameral, una sala superior revisará nuevamente la solicitud del excandidato presidencial.
De acuerdo a Sánchez Palomino y su defensa legal, ya habría operado la prescripción para los hechos reportados en el Informe Financiero Anual del año 2018 ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Ese balance lo presentó el 1 de julio del 2019, en su condición de presidente del Juntos por el Perú.
Junto a ello, cabe recordar, también es acusado por la fiscalía de haber falseado información en el Informe Financiero Anual del año 2019 y en el registro de los aportes de gastos de campaña para las Elecciones Congresales del 2020.
Con ello, según la fiscalía, como presidente de Juntos por el Perú, Sánchez Palomino habría dejado de reportar el ingreso de dinero al partido -por medio de una cuenta mancomunada- por montos de S/208.000 y S/75.550, ya que en los informes reportados a la ONPE consignó “cero” como ingresos a la organización política.
La prescripción es una figura legal mediante la cual los procesados solicitan el archivo de hechos que se investigan debido a que el plazo que tiene la fiscalía para la persecución penal de los delitos, venció.
De acuerdo a los argumentos de Sánchez Palomino y su defensa legal, los hechos contenidos en el reporte financiero y la información de aportes partidarios consignados en la carta del 1 de julio del 2019, habrían vencido en el 2025 por la aplicación de los plazos de prescripción.
Sobre ello, en su momento, la fiscalía sostuvo que al momento de solicitar la prescripción -junio del 2026- todavía no habían vencido. La prescripción, dijo, operaría recién un mes después (julio de 2026).
Será el tribunal superior la instancia que determine si los hechos reportados ante la ONPE en el 2019, seguirán o no siendo parte del juicio oral que deberá afrontar Sánchez Palomino el próximo 18 de diciembre.
