La viceministra de Minas, Mayra Figueroa, indicó que, de ese total, solo alrededor de 22,000 tienen su registro “vigente”, lo que significa que tienen un camino “avanzado” para lograr una formalización. Este grupo tendría plazo hasta el 2028 para consolidar su proceso, según anunciaron previamente desde el Minem.
A diferencia de otros contextos de ajustes alrededor del Reinfo, Figueroa indicó que ahora se tendrá una normativa diferente que vuelva más ágil el procedimiento de formalizarse y que se “continuará” con las exclusiones.
“No es que todos van a pasar y tener carta abierta. Si están suspendidos no pueden realizar actividad, pero vamos a continuar con los trámites. Pero igual habrá exclusión porque todavía tenemos mineros que lo usan incorrectamente”, mencionó en el marco de la edición 2026 de la Feria Internacional de Infraestructura & Construcción (Infracon).
“Va a haber seguramente una reducción importante porque tenemos que hacer un filtro y efectivamente tenemos que revisar también, por ejemplo, los instrumentos de gestión ambiental”, agregó.
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Plantas de procesamiento “bajo la lupa”
Este jueves 15 de octubre, el Minem presentará un proyecto normativo que regule la pequeña y artesanal minería. En esa línea, también abordará el proceso de formalización.
En todo este contexto de avance de la minería ilegal, uno de los puntos que ha sido poco abordado son los mecanismos alrededor de las plantas de procesamiento, donde los metales cobran su valor.
Consultada al respecto, Figueroa indicó que el texto del proyecto legislativo “abarca toda la cadena del desarrollo de la actividad minera incluyendo las plantas de procesamiento”.
“También considera justamente para luchar contra la minería ilegal un sistema de trazabilidad interoperable que haga que todas las entidades podamos saber de dónde sale el recurso mineral, cómo se traslada y hasta que llega a una planta o a la comercialización”, comentó.
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